El Ejecutivo de Mariano Rajoy no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, y desde un punto de vista lógico, se podría afirmar que la finalidad de esta medida es no ´desperdiciar´ el dinero en aquellas personas que no aportan riqueza a España. Dicho de otra forma, evitar que quienes consumen fuera del país, pagan los impuestos indirectos de otros y enriquecen a otros, no puedan ser atendidos en un hospital a cuenta de España.
Esto significa que te encuentras en Europa, fuera de España, y durante más de 3 meses, ya sean consecutivos o no, la Tarjeta Sanitaria Europea queda totalmente invalidada. Así, el paciente español tendrá que acudir al médico bajo la normativa del país en el que se encuentre. Hasta ahora, si necesitabas un médico, el procedimiento más común era acudir a un hospital o médico de confianza con la ´Tarjeta Azul´ y pagar los honorarios del profesional. Luego, una vez en España, presentabas las facturas y el Gobierno comenzaba una larga y ardua lista de tareas burocráticas para devolverte el dinero de los costes.
Desde el pasado 26 de diciembre, cuando se produjo la publicación de la norma en el BOE, este procedimiento ha cambiado para algunos. Sin embargo, ¿cómo puede controlar el Gobierno el tiempo que pasamos fuera del país? En principio, no tienen ninguna medida concreta, aunque existen ciertos indicadores de que es así. Por ejemplo, los españoles tiene la ´obligación´ de inscribirse en el consulado o embajada del país en el que están viviendo. Sin embargo, muy poca gente lo hace, aunque es un medida muy recomendable en caso de catástrofe o incluso por la pérdida de documentación oficial. Otra forma, es la renovación voluntaria de la Tarjeta Sanitaria Europea, aunque esto es solo un indicador y no una prueba irrefutable.
Desde un punto de vista austero, tiene su lógica. Sin embargo, nos olvidamos de un matiz muy importante: somos seres humanos. Además, nuestra Constitución nos garantiza el acceso a la Sanidad. Así, en el punto 1 del artículo 43 de la misma reza que "Se reconoce el derecho a la protección de la salud". Pero además, en su apartado dos vincula a los poderes públicos en la protección y observancia de la misma: "Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto".
No obstante, la nueva ley aprobada por un Gobierno de Rajoy deja afuera a los españoles parados que viven fuera. Este hecho podría tener consecuencias muy perjudiciales para la sociedad española, ya que crearía una generación ´de ninguna parte´, desarraigada del país donde nacieron porque este les ha dado la espalda. Lo más crítico de esta situación, es que la mayoría de las personas que se van lo hacen por la imposibilidad de encontrar trabajo aquí. Y no por falta de formación y preparación, sino por la precaria situación que vive España consecuencia de una nefasta gestión de la economía, la cual está a cargo de los políticos. Además, la mayoría de estas personas que se van suelen ser jóvenes, ya que si grupo social presenta una tasa de desempleo de más del 50%.
Este argumento está reforzado por el último estudio del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, (el cual Ibercampus publica hoy) en el que indica que el 61% de los jóvenes ven como la mejor opción ir al extranjero a buscar trabajo.
Pese a no haber ninguna respuesta oficial de sindicatos o no asociaciones, si existe una petición en la plataforma Change.org, la cual Ibercampus ya anunció, en la que piden al Gobierno que recule en su decisión. A fecha de hoy, ya hay más de 253.000 firmas. Y subiendo.
Por el momento, la única forma que tiene los emigrantes de volver a tener sanidad pública es volviendo a España y encontrar un trabajo. Pero, ¿cómo lo van a conseguir si se fueron porque aquí no lo encontraban?
