La transparencia ahorraría 20.000 millones anuales en contratos públicos, pero no llega a España

Fuentes del consejo editorial de Ibercampus.es aseguran que las administraciones públicas disponen de estadisticas detalladas de esos más de 100.000 millones de euros anuales que dedican a todo tipo de contratos públicos, pero a pesar de las normas de transparencia esa información detallada y regular de los contratos por grupos de empresa es ocultada por el Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos, contribuyendo así a la información difundida por este medio de que España lidere las prácticas de corrupción en Europa según la propia UE.

Los españoles ignoran así qué grupos de empresas son las más beneficiadas regularmente por las concesiones de todo tipo de contratos por parte de las diversas administraciones. Frente a cerca de un billón de euros a que han ascendido esos contratos durante los últimos diez años, la información mostrada públicamente es muy parcial y fragmentaria, pues corresponde a las licitaciones del período 2008 – 2018 de las administraciones que tienen publicado su perfil de contratante en la Plataforma de Contratación del Sector Público: y ese total mostrado fragmentariamente apenas llega a los 22.186 millones de euros (un 2% del total), por lo que no aparecen por ejemplo los grandes bancos como el Santander y el BBVA que gestionan tesorerías e ingresos y pagos públicos, ni los grandes laboratorios farmacéuticos.

Otras limitaciones de la información difundida es que se limita a obras públicas, cuando sectores como sanidad y educación aparecen en posiciones más destacadas del gasto público. E incluso el ranking  de principales empresas aparece por sociedades y no por grupos, descando (ver recuadro final) empresas como Indra, Gas Natural, Iberdrola, Corsan-Corvian. Endesa, Vías y Construcciones, Acciona, Axpo, FCC, Telefonica, Constructora San José, Dragados, IBM, CLECE, EDP. Pero esa información tan parcial se refiere a un montante de diez años (22.000 millones de 2008 a 2018) equivalente a lo que la transparencia y consiguiente falta de corrupción ahorraría anualmente en contratos públicos.

El estudio de la Unión Europea indica que España lidera las prácticas de falta de transparencia y corrupción de todos los países miembros de la Unión. Se trata de una investigación realizada a partir de unos 520.000 noticias sobre contratación pública en 210.000 convocatorias valoradas en un total de 420.000 millones de euros. Acabar con la corrupción elevaría un 16% el PIB per cápita español,  según una investigación financiada por el mismo BBVA que pagaba a Villarejo para destruir pruebas y seguir a políticos, empresarios y periodistas, sin que el escándalo  parezca haber tenido consecuencias inmediatas  entre los responsables. En este sentido, las  7 agencias anticorrupción constatan la falta de un plan nacional y de protección de denuncias,  en una reciente reunión organizada por la agencia valenciana de prevención del fraude la corrupción (ABA)

Ahora, sin embargo, la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha evaluado la incidencia que tendría una contratación pública eficiente en España. La Comisión estima que los procedimientos abiertos y transparentes producen un ahorro de casi un 10% de media en los importes de las adjudicaciones (E/CNMC/004/18).

El informe destaca que la contratación pública representa entre el 10% y el 20% del PIB español, por lo que tiene una innegable relevancia en la economía. Por esta razón, la mejora de los procedimientos de contratación contribuye activamente a sostener las cuentas públicas y permite que se ofrezcan más servicios públicos y de mejor calidad.

Diferentes organismos nacionales e internacionales han constatado el margen de mejora que existe en el sistema español de contratación pública. Entre otros, la competencia en las licitaciones, que rebaja el coste de aprovisionamiento de la Administración y reduce el riesgo de corrupción. Esta incentiva a los participantes a ajustar los precios, aumentar la calidad ofrecida de bienes y servicios y a presentar mayor variedad de ofertas. 

El 42% de los concursos son negociados sin publicidad, en teoría un procedimiento excepcional y restringido

 Por todo ello, segun Competencia es importante que las contrataciones públicas estén bien diseñadas, sean abiertas, transparentes y faciliten la competencia entre los licitadores.

Estudio de la contratación estatal

No obstante, el análisis de la CNMC tambien tiene grandes limitaciones, pues se centra en la contratación estatal (solo 22,8% del total según el gráfico superior) debido a que existen pocos datos de calidad autonómicos y locales. Así, se observa que en un porcentaje elevado de licitaciones a las que concurre un número limitado de participantes.

En concreto, en casi un 34% de los contratos estatales solo participa una empresa y en un 65% de los contratos hay 3 o menos participantes. Estas cifras convierten a España en uno de los países europeos con menor participación de empresas en las licitaciones públicas. Otro hecho destacado es que en los contratos de importe reducido generalmente se utilizan los procedimientos menos competitivos.

Gráfico 8. Importe medio de los contratos por nivel administrativo. 2012-2016

Fuente: información proporcionada por el Registro de Contratos del Sector Público. Datos provisionales a fecha 19/12/2018 según la información proporcionada por las Administraciones Públicas.

Ahorro del 10% en los contratos

El estudio realiza un análisis econométrico que constata que la Administración paga de media casi un 10% menos en los contratos en los que utiliza un procedimiento abierto (frente a los procedimientos restringidos, negociados y diálogos competitivos).

Cada empresa adicional que participa en una licitación reduce el precio de adjudicación en un 2% de media. A efectos meramente ilustrativos, con los datos disponibles (que suponen una reducida fracción de solo el 2% del PIB, lejos de las estimaciones del 10-20%), las estimaciones más conservadoras muestran que si hubiera sido posible la utilización del procedimiento abierto en todas las licitaciones, las Administraciones públicas se habrían ahorrado un mínimo de 1.700 millones de euros en el periodo 2012-2016.

Gráfico 5. Distribución del importe total de la contratación pública en España por tipo de procedimiento de contratación (en valor). 2012-2016

Nota: a partir de la información enviada por los organismos públicos al Registro no se puede distinguir entre negociados con publicidad y sin publicidad. La categoría “Otros” incluye aquellos contratos en los que el comunicante elige esta opción o no identifica ningún procedimiento de adjudicación.

Fuente: información proporcionada por el Registro de Contratos del Sector Público. Datos provisionales a fecha 19/12/2018 según la información proporcionada por las Administraciones Públicas.

Recomendaciones

A partir de estos resultados, la CNMC formula cuatro recomendaciones a las Administraciones públicas:

• Mayor implicación en el objetivo de integrar las diferentes bases de datos de contratos del Sector Público.
• Más esfuerzos para mejorar el rigor de la información publicada en las distintas plataformas de contratación.
• Asumir como propio el objetivo de lograr una contratación pública más eficiente y competitiva en España, de acuerdo con las mejores prácticas recomendadas por la CNMC.
• Elegir los procedimientos de contratación más adecuados a las circunstancias concretas de los contratos, justificando y documentando las razones por las que optan por los procedimientos menos competitivos.  

Finalmente, el informe de la CNMC se centra solo en el impacto del tipo de procedimiento elegido en la contratación. La competencia en los aprovisionamientos depende de muchos más factores que no se abordan, como la opción de contratar (frente a adjudicar a un medio propio), la buena planificación, el buen diseño de los contratos (duración, diseño de lotes, requisitos de solvencia y criterios de adjudicación), de que no exista colusión entre licitadores o de que no haya corrupción.

La CNMC ha elaborado una Guía sobre Contratación Pública y Competencia para ayudar a los órganos de contratación y ha redoblado los esfuerzos en la lucha contra el fraude en la contratación pública.

Además, pone a disposición de los órganos de contratación recursos que son accesibles a través del siguiente enlace  web.

La CNMC, en virtud de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 5 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, tiene entre sus funciones la promoción de una competencia efectiva en los mercados mediante, entre otros, la realización de estudios y trabajos de investigación en materia de competencia, así como informes generales sobre sectores económicos, en su caso, con propuestas de liberalización, desregulación o modificación normativa.