La división entre actividades, como la de conceder préstamos a familias o negocios u ofrecer depósitos, y las de inversión era la clave del informe que la propia Comisión encargó en 2011 al gobernador del Banco Central de Finlandia, Erkki Liikanen. “El principio básico de la nueva regulación es que las entidades que tengan depósitos solo se puedan involucrar en las actividades de inversión mientras el supervisor no decida que deben operar en otra entidad”, asegura el borrador según El País.
La nueva norma, además, afectará a un número reducido de entidades: aquellas que se consideren sistémicas o las que tengan durante tres años consecutivos unos activos superiores a 30.000 millones de euros y una cartera de negociación de más de 70.000 millones.
“Las dos medidas se han redactado de tal forma que se arriesgan a no tener ningún efecto más allá del de añadir burocracia. Parece un gesto político puramente simbólico que permita a Bruselas decir que ha seguido las sugerencias del informe Liikanen, pero sin dañar a los grandes grupos bancarios franceses o alemanes”, resume el eurodiputado verde Sven Giegold. “La Comisión ha decidido no ir más allá para no estrechar aún más la liquidez de los mercados de financiación, que en Europa dependen mucho de los bancos”, responden fuentes europeas, que consideran el borrador que está a punto de presentarse como una opción “intermedia” entre las normas de EE UU o Reino Unido, más duras, y las recientemente aprobadas en Alemania y Francia.
Según información de Reuters, Francia y Alemania se habrían aliado para rechazar el proyecto de Barnier con el objetivo de no amenazar el poderío de los campeones nacional como Deutsche Bank o BNP Paribas. Esta iniciativa contaría con el apoyo de Italia. “[La nueva regulación] podría paralizar muchas actividades, que dejarían de recibir la financiación de los bancos europeos y se trasladarían a terceros países. Se pondrían en peligro proyectos en un momento crucial de la recuperación económica”, asegura el documento citado por la agencia.
“El borrador de la Comisión no es aceptable. Incluso si la Autoridad Bancaria Europea aporta criterios objetivos para separar las actividades de las entidades, es muy improbable que se apliquen debido al poder arbitrario de los supervisores para decidir si una actividad tiene riesgo sistémico. ¿Qué supervisor se atreverá a ser estricto si sabe que otro supervisor es más indulgente?”, añade Giegold.
Si durante lo peor de la crisis financiera los líderes europeos hablaban de una “refundación del capitalismo”, la muy modesta mejora económica de los últimos tiempos ha propiciado que los Gobiernos vean con menor interés las reformas para rebajar el poder destructor de los grandes consorcios financieros. No es solo la propuesta que hará la Comisión, también se han rebajado las exigencias que establecía Basilea III.
Pero no a todos convencen este cambio de perspectiva. Un informe preparado por Los Verdes europeos estima que la no separación entre banca de inversión y comercial ha propiciado que las entidades disfruten de unos subsidios implícitos que cuantifican en la cantidad desorbitada de 234.000 millones de euros. El informe calcula los beneficios que obtienen los grandes grupos financieros por la suposición de que, dado su tamaño e importancia, el Gobierno no les dejaría quebrar en una situación de crisis.
“Hay dos opciones. Si uno piensa que el sistema financiero es demasiado importante para estar en manos privadas, habría que nacionalizarlo. Esa no es lo opción por la que optamos, lo comprendo. Pero entonces, si asumimos que el sector financiero se rige por las normas de mercado, no hay ninguna explicación para tolerar que los bancos tengan estas ventajas. ¿Por qué los contribuyentes deben subsidiar los beneficios y las condiciones de crédito de las entidades privadas?”, se pregunta el eurodiputado verde Philippe Lamberts.
El texto de Barnier recuerda la importancia del sector bancario en la UE: en términos absolutos moviliza 42,9 billones de euros; mientras que en términos relativos absorbe un 350% del PIB de la Unión.
Fuente:El País
