El encuentro también ha servido para «reforzar los lazos de colaboración entre las agencias y las oficinas anticorrupción del Estado», además de dar continuidad al primer encuentro celebrado en Barcelona en junio, auspiciado por la oficina antifraude de Cataluña, en el que se acordó crear una «red estable con reuniones periódicas».
Ya en el primer encuentro, organizado entonces por el nuevo director de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), Miguel Ángel Gimeno, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, participaron también el director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana, Joan Llinares; el director de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Islas Baleares, Jaime Far; el consejero del Consejo de Cuentas de Galicia, Constantino Carreir; el director de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Granados, y la directora de servicios de Control de Gestión de la Oficina para la Transparencia y las Buenas Prácticas del Ayuntamiento de Barcelona, Maria del Mar Giménez-Salinas
El profesor de la Universidad de Pittsburg Pablo Fernández-Vázquez impartió la ponencia Cuotas de género y corrupción. También se presentó el proyecto Aletheia, para la trazabilidad del gasto en la contratación pública, diseñado con ayuda del ingeniero informático y colaborador de las agencias tributarias española, francesa y europeas Hervé Falciani, quien ha fundado en España la Asociación Tactical Whistleblower (denuncia táctica) y recientemente defendió en una tribuna de prensa la necesidad de crear una entidad dedicada a la inteligencia económica con sede en España y que proteja al denunciante.
Esta Asociación encabezada por Falciani ha presentado en los últimos meses escritos de sugerencias a proyectos reguladores europeos y españoles sobre la protección de los denunciantes, así como otros al Instituto de Ciberseguridad español (INCIBE), a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), al Banco de España y al Parlamento y el Senado sobre otros proyectos contra el fraude.
Asimismo, promueve actualmente una federación de comunidades digitales (Taboow.org) para democratizar las finanzas basadas en el cumplimiento legal y en el rating y scoring colaborativos sin conflictos de interés, a partir de una infraestrutura de registo de datos con tecnologías blockchain ya diseñada por Tactical y abierta a la colaboración de profesionales en la valoración de empresas. La iniciativa llega después de que a principios de año se produjera una fuga de analistas en el 40% de las empresas cotizadas españolas (cerca de unas 500), precisamente a raíz del control de los conflictos de interés introducido por la directiva europea Mifid2. Las empresas cotizadas en la Bolsa española más afectadas por la fuga de analistas eran Abengoa, Grifols, Ezentis, Axiare, Abertis, Barón de Ley, Corporación Financiera Alba, Duro Felguera, ACS, Bolsas y Mercados (BME), OTIS, Deoleo, Catalana Occidente (cabeza del grupo mundial de seguros de crédito Atradius (Crédito y Caución) que dice ser líder mundial y español y tiene sede en Holanda), Lar Espana Real Estate y Tubos Reunidos.
Por otra parte, según el profesor Pablo Fernández-Vázquez, quien ha escrito en eldiario.es sobre cuotas de género y corrupción, los niveles de corrupción en municipios españoles son, desde un punto de vista comparado, bastante notables. Acuerdos ilegales con promotores urbanísticos, comisiones ilegales en la construcción de rotondas faraónicas, favoritismo en la contratación, personal inflado. El recetario de la corrupción municipal en España es tan extenso que rivalizaría con la mismísima Simone Ortega. Frente a la estrategia de rendición de cuentas y crear mecanismos de castigo, defiende que para que la rendición de cuentas funcione son necesarios otros mecanismos de transparencia, y que una vez que la información sobre corrupción es conocida haya mecanismos de castigo disuasorio, sin sesgos políticos. "La segunda estrategia presupone que no todos los políticos son iguales y, por tanto, busca generar mecanismos de selección de la élite política que haga emerger cuadros políticos más honestos y menos propensos a beneficiarse ilegalmente de lo público". Su objetivo es analizar si la proporción de mujeres en puestos de representación política tiene un impacto en los niveles de corrupción.
Tras estudiar las consecuencias que ha tenido la implantación de cuotas de género en municipios españoles desde el año 2007, su investigación indica que hay diferencias significativas entre municipios que llevan dos periodos con cuotas de género y los que las acaban de aplicar. No existe variación sistemática ni en el número de casos de corrupción (panel de la izquierda) ni en términos de burbuja inmobiliaria (panel de la derecha). "Por lo tanto, podemos concluir que los efectos positivos sobre la corrupción de la introducción de las cuotas de género no desaparecen a medio plazo. Este patrón empírico serían pues más coherente con el argumento de los roles de género. A falta de un estudio en un espacio de tiempo más prolongado, estos resultados sugieren que la incorporación de mujeres a puestos de representación política disminuye de manera duradera los niveles de corrupción local".
