"La libertad de expresión, recogida en el artículo 20 de la Constitución, es la clave de bóveda de nuestra sociedad democrática. Es una libertad que legitima varios derechos fundamentales, entre ellos la libertad de prensa y el ejercicio libre del periodismo sin censura previa alguna, además de garantizar el derecho de información de los ciudadanos. Consecuentemente, todo intento de restringir, coartar o limitar el artículo 20 es un ataque directo al corazón de nuestra democracia y pone en riesgo la fortaleza misma de nuestro régimen de libertades.
Por desgracia, hemos vivido en el último año varios de estos intentos, derivados algunos de la nefasta “ley mordaza” y las querellas de partidos y líderes políticos contra periodistas, y alentados otros por decisiones judiciales desproporcionadas e injustificadas, sin olvidar la elevada existencia de presiones que tratan de limitar nuestra independencia. El ataque más grave procedió, ya en el cierre del año, con la incautación del material y equipos de trabajo de los periodistas de Europa Press y Diario de Mallorca, Blanca Pou y Francisco Mestre, respectivamente, por orden del juez Miguel Florit, en el marco de las investigaciones del caso Cursach. La posterior retirada de la orden judicial y la devolución del material y equipos a los periodistas no palió el grave daño causado a uno de los derechos y deberes
fundamentales de los informadores.
Si 2018 comenzó con la pésima noticia del cierre de Tiempo e Interviú, el año en curso no empezó mejor con la decisión del grupo Mediaset, que preside Paolo Vasile, de cerrar los informativos de Cuatro para ceder espacio al entretenimiento, un golpe seco a la pluralidad en unos tiempos en que es más necesaria que nunca.
Llamamiento contra la pérdida de prestigio y credibilidad
La FAPE, según sigue la declaración, se solidariza con los compañeros de los servicios informativos de Cuatro y espera que Paolo Vasile cumpla la palabra que dio al Comité de Empresa de que los trabajadores afectados serán reubicados en otros puestos similares. En el afán de ganar audiencia a toda costa, crece en nuestra profesión el amarillismo, el sensacionalismo y el hacer un espectáculo de la información, con la consiguiente pérdida de prestigio y credibilidad. Ante esta situación, la FAPE, en la festividad del patrón de los periodistas, hace el siguiente llamamiento:
-A toda la sociedad, para que asuma que la defensa de la libertad de expresión no es un asunto que concierne solo a los periodistas. Debería de ser un compromiso de todos los ciudadanos para que su derecho a la información veraz se vea garantizado al máximo, con especial visión crítica hacia las llamadas “fake news” que se distribuyen de forma masiva por redes sociales. Dada la importancia de la educación en la estrategia para abordar la desinformación, la FAPE ha propuesto a los grupos parlamentarios la inclusión en la ESO de materias vinculadas a la alfabetización mediática.
–A los grupos parlamentarios, para que deroguen las normas de la “ley mordaza” que atentan contra el ejercicio libre del periodismo. También les instamos a que sigan el ejemplo del Parlamento Europeo y modifiquen la ley vigente a fin de que las becas sean obligatoriamente remuneradas. Igualmente, pedimos la modificación del decreto que excluyó a los profesionales de la información del derecho a dar clases de lengua y literatura con el peregrino e injustificado argumento de que el periodismo había pasado a ser considerada una carrera de Ciencias Sociales y Jurídicas en lugar de Humanidades.
–A los editores, para que mejoren las condiciones laborales de los periodistas y fotorreporteros, tanto de plantilla como de colaboradores y autónomos, acaben con la discriminación salarial y de promoción profesional de la mujer, respeten y remuneren los derechos de autor y dejen de utilizar becarios para ocupar puestos de trabajo estructurales.
-A los jueces y fiscales, para que recuerden que el secreto profesional de los periodistas es un derecho fundamental de la Constitución y que la jurisprudencia, en los casos de filtraciones, exime de este delito a los periodistas y lo atribuye en su caso a los funcionarios que hayan facilitado la información.
–A las facultades de Periodismo y Comunicación Audiovisual, con el fin de que adapten sus materias a las necesidades reales del mercado laboral, amplíen las plazas de profesores asociados y cumplan los convenios de prácticas, negándose a firmar los que no fijen una retribución a los becarios y tutorizando las mismas, como contempla la legislación.
–A las administraciones y empresas públicas para que sean ejemplares en su política de personal y contraten única y exclusivamente a periodistas titulados para las tareas de comunicación, en las condiciones requeridas para cualquier otro profesional de la Administración con titulación universitaria.
–A los periodistas, para que promuevan el periodismo de calidad, basado en la difusión de información veraz, verificada, contextualizada, comprobada con las fuentes y respetuosa de los códigos éticos y deontológicos, sobre todo de aquellas normas que establecen que debemos respetar los derechos de las personas a su propia intimidad e imagen, a la presunción de inocencia y al de rectificación de una
información que el afectado considere inexacta y cuya divulgación puede causarle un perjuicio.
La FAPE es la primera asociación profesional de periodistas de España con 49 asociaciones federadas y 19 vinculadas que en conjunto representan a más de 19.000 asociados. Adscrita a la Federación Internacional de Periodistas (FIP).
