No obstante, las políticas activas de empleo son objeto de frecuentes demoras, pues las de 2014 se presentaron cuatro meseses después de empezar el año y el Gobierno presentó el reparto de fondos del 2013 casi al terminar el ejercicio. Por ello, aunque las diversas patas de su reforma llevan meses anunciandose, se ignora siquiera si será abordada e
La reforma de los controles ahora anunciada pretende atajar el goteo de casos de corrupción y fraude en la gestión de los fondos de formación, y es anticipada hoy por EL PERIODICO, al informar de que el borrador de Decreto dice que las «administraciones que participan en la gestión de fondos procedentes del FSE deben ser responsables de las consecuencias que originan sus actos". La norma será una de las tres patas de la reforma de las políticas activas de empleo, y deja claro que las transferencias para esas políticas son subvenciones. Por lo tanto, estarán sujetas a controles estrictos: en un plazo máximo de tres meses se deberá garantizar que «los fondos se pagan a las personas o entidades que realizan la acción o colaboran en la prestación del servicio».
El Ejecutivo añade un apartado final en el texto, después de definir los principios básicos de las medidas destinadas a los parados, titulado Determinación y repercusión de responsabilidades por incumplimientos en el ámbito del Fondo Social Europeo. Tradicionalmente, los responsables del uso de los fondos comunitarios frente a la Comisión Europea han sido los Gobiernos de cada Estado. Por ello, fraudes como los detectados en los años 90 en Catalunya en la doncellería gobernada por Unió Democràtica de Catalunya han repercutido en los fondos destinados a toda España. Este punto deja claro que las irregularidades en la justificación del dinero gastado activará un procedimiento para «determinar y repercutir las responsabilidades del derecho de la Unión Europea, a los efectos de establecer y cuantificar el importe derivado de la sanción o corrección financiera al que deban hacer frente el Ministerio de Empleo, el Servicio Público de Empleo Estatal y las comunidades autónomas».
Penalizaciones y casos de fraudes
Las penalizaciones que sufrirán las autonomías tendrán diferentes procedimientos y una gradación en función de la gravedad y naturaleza de los hechos. En el caso de que las comunidades no acrediten que han cofinanciado los programas del Fondo Social Europeo con el 50% del importe recibido, la cantidad restante será restada de las transferencias en políticas activas de dos años. En el supuesto de que de la actuación de las autonomías se derive la imposibilidad para el ministerio o el Servicio Público de Empleo de recibir importes procedentes del Fondo Social Europeo, el Decreto establece que «se podrá limitar el abono de cantidades a favor de la comunidad autónoma que haya dado origen a esta situación, aplicando en todo caso el principio de proporcionalidad
De momento, los 9.000 millones que recibirá España hasta el 2020 del FSE tienen la mancha de un goteo de casos de corrupción juzgados o en investigación, además de chocar con resultados pobres y la alargada sombra de la sospecha. El desfile de imputados en fraudes, tanto con dinero comunitario como de las cotizaciones sociales para formación continua, por los juzgados y las prisiones no ayuda a mejorar la imagen de España ante los hombres de negro de Bruselas, según EL PERIODICO. El último en estallar ha sido el que afecta a la patronal madrileña CEIM, que preside Arturo Fernández. La Policía detuvo a más de una decena de personas en una investigación sobre cursos presuntamente no realizados. Un modus operandi similar al que ha llevado a prisión al empresario Fidel Pallerols y al exdirigente de UDC Vicenç Gavaldà por el desvío de subvenciones públicas paraformación ocupacional entre 1994 y 1999, de las que una parte fue a parar al partido.
Próximo consejo autonómico
En el próximo consejo autonómico del jueves, el Gobierno tendrá que alcanzar un acuerdo con las CC.AA para que la anunciada rebaja del IRPF incluida en la reforma fiscal genere el efecto previsto, pues el jueves se anunciaba que la rebaja del IRPF avanzada por el ministro de Hacienda costará unos 6.000 millones de euros brutos y el domingo se elevaba el coste total a 9.000 millones de euros, lo que podría perjudicar el sistema de financiación de las comunidades.
Una de las propuestas del Gobierno para compensar a las comunidades autónomas de la correspondiente merma sería subir impuestos medioambientales por importe de unos 2.000 millones de euros en los dos próximos años, según figura en el programa de estabilidad 2014-2017 remitido a Bruselas. Además, Hacienda vinculará la reforma del sistema de financiación a la fiscal. Montoro quiere aprovechar para reordenar la maraña de tributos propios de las comunidades. El año pasado tenían hasta 70 impuestos diferentes. Para homogeneizar todo tendrá que alcanzar un acuerdo con las comunidades. Otro de los puntos a negociar será el impuesto sobre sucesiones y donaciones, puesto que existe mucha disparidad en el tratamiento que las comunidades dan a esta figura tributaria. Algo parecido ocurre con el impuesto sobre Patrimonio, que desaparece el próximo año pero algunas comunidades reclaman que se mantenga para contar con más recursos.
Por otra parte, se ha sabido que la deuda pública conjunta de las comunidades autónomas aumentó en 2013 hasta los 206.773 millones de euros, representativos del 20,2% del PIB español, según las estadísticas del Banco de España. Ese es, precisamente, el tope de pasivo que les había asignado el Ministerio de Hacienda, pero para 2016. Es decir, tres años antes de lo previsto por el ministro, Cristóbal Montoro, los Gobiernos regionales presentan ya el endeudamiento total que el Consejo de Ministros del pasado 30 de agosto estableció para el período 2014-2016. Cataluña repite con la mayor cifra de deuda y Valencia es la más hipotecada en relación a su PIB. Baleares, Castilla-La Mancha y Murcia, son otras de las cinco comunidades que incumplen sus metas individuales de deuda para dentro de dos años.
