Unos 40 millones es lo que suman las facturas sin pagar que acumulan las universidades públicas. Los recortes presupuestarios —de 150 millones en tres años— y los impagos de la Generalitat —unos 250 millones— han vaciado las cajas de muchos campus, y esto no les permite estar al corriente de pago (deberían pagar a 30 días). Las universidades ven ahora una luz gracias al tercer plan de proveedores del Gobierno, con el que conseguirán el dinero para pagar.
La que amontona más pagos pendientes es la Pompeu Fabra, por un valor de cerca de 10 millones. Su elevada deuda choca con el superávit que obtuvo el campus en 2012 y supone una cifra elevada teniendo en cuenta su tamaño —13.500 estudiantes y 126 millones de presupuesto. Otros campus de casi el triple de tamaño, el de la Universidad de Barcelona (UB), arrastra también un endeudamiento de unos 10 millones, aunque la UB es la única que no ha facilitado la cifra concreta. La Autónoma y la Politécnica deben ocho millones a sus proveedores; la Lleida y la de Girona, 0,6 millones cada una, mientras la Rovira i Virgili dice estar al día de pago y es la única que no acudirá al plan de proveedores.
El Gobierno puso en marcha hace un par de meses el tercero de estos planes que, por primera vez, abre la puerta a las universidades. En cuanto se dio a conocer el programa, estas no se lo pensaron dos veces. “La ventaja de este plan es que ganaremos en liquidez y nos permitirá ponernos al corriente de pago”, apunta Santiago Guerrero, gerente de la Autónoma. Además tampoco pagarán los intereses del plan de proveedores (que tiene forma de crédito). Los asumirá la Generalitat a cuenta de lo que adeuda a los campus.
Pero si la Pompeu es la más morosa, la más lenta a pagar es la Politécnica. Hasta cinco meses tarda a abonar sus facturas, según admite el mismo rectorado. La Autónoma —que destina cuatro millones de euros al mes a sus proveedores— admite que está pagando a 90 días, igual que Girona. El resto de universidades también reconoce que sobrepasan los 30 días de plazo que marca la ley.
Las universidades son deudoras y acreedoras al mismo tiempo. La Generalitat les debe unos 250 millones de euros. Los campus de toda España habían pedido al Gobierno que esta deuda también pudiera entrar en el plan de proveedores para poder dar treva a la asfixia económica que viven, pero no lo han conseguido. En cambio, en el plan sí se han podido incluir los impagos de la Generalitat en materia de conciertos a entidades sociales, a las escuelas y los hospitales.
Fuente: EL PAÍS
