A fin de que esta 'Ley Celaá se apruebe este miércoles 23 de diciembre en el Pleno del Senado, los grupos que la apoyan (todos menos PP, Vox y Ciudadanos) no desean presentar ni aceptar enmiendas en la cámara alta, cuya Comisión de Educación rechazó el viernes las 649 enmiendas, a fin de no modificar ni una coma y evitar ue vuelva al Congreso. Las nuevas manifestacones contra la LOMLOE que deroga a LOMCE y aprobó ya el Congreso son promovidas por la Plataforma Más Plurales, que denuncia 10 formas de coartar la libertad y está integrada por 22 asociaciones de padres y madres de alumnos, sindicatos, empresas y otros colectivos del sector de la educación concertada. La manifestación más numerosa de las registradas este domingo fue la de Madrid, donde a partir de las 11.00 horas y en casi todo el Paseo de la Castellana miles de vehículos recorrieron desde la plaza de Cuzco a la de Cibeles, con asistencia entre otras representaciones del presidente del PP, Pablo Casado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.
Esa plataforma, que al mediodía de este lunes sumaba 1.934.147 firmas en contra de la nueva Ley, lleva desde noviembre recogiendo firmas y organizando manifestaciones para expresar su malestar con la que será la octava ley de Educación de la democracia española. Antes de este domingo, hubo otras cinco manifestaciones este mes de noviembre y diciembre frente al Congreso y el Senado, así como la del 22 de noviembre en vehículos. Según masplurales.es, la nueva ley de Educación ha sido tramitada «sin el menor consenso con la comunidad educativa ni la sociedad civil», además de suponer un «ataque» a la educación concertada y la educación especial.
Denuncian entre las citadas 10 formas de coartar la libertad que la 'Ley Celaá' contempla no ceder suelo público para escuelas concertadas, la prohibición de que los concertados segreguen por sexo y la eliminación del criterio de «demanda social» de los concertados al priorizar el aumento de plazas públicas. Para Más Plurales, la supresión de la «demanda social» de los centros privados sostenidos con fondos públicos «deja vía libre para que la Administración suprima aulas en los centros concertados y las abra únicamente en centros públicos», lo que para ellos supone un «ataque a la libertad» porque entienden que se vulnera el derecho de las familias de elegir centro para sus hijos.
Además, la Plataforma ha expresado su preocupación por lo relativo a la asignatura de Religión, que seguirá siendo de oferta obligatoria y de carácter voluntario para los alumnos, pero que como novedad no contará para la nota media, al no tener una asignatura alternativa. La Plataforma considera que este cambio «relega la Religión al estatus de asignatura de segunda, que ocupará un lugar decorativo y secundario en el currículum escolar».
Sus protestas también se han centrado en torno a cómo quedaría la educación especial con la LOMLOE, la cual dice que en el plazo de 10 años los centros ordinarios deberán contar «con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad», lo que la Plataforma interpreta como el cierre de estos centros. Integran esta plataforma CONCAPA, COFAPA, CECE, ENLIBERTAD, Escuelas Católicas,FEUSO, FSIE, FEDMA, Fundació Escola Cristiana de Catalunnya, LibresPara Elegir.org, ReliEsMás, VenyVeras, yolibre.org, CONCEE, AESEC, FamiLiaE, escuelaexcelente, EnducacionEnLibertad, +conlaLibertad, LibresparaEducaranuestros hijos, ANCEE y mispadresdeciden.
PP, Vox y Ciudadanos también han iniciado su propia campaña de desprestigio de la 'Ley Celaá', por lo que en las últimas semanas ha mostrado su apoyo a esta Plataforma.De momento, las tres formaciones ya han anunciado que recurrirán la Ley ante el Tribunal Constitucional, úno de los órganos cuya renovación bloquean dichos partidos, al igual que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Defensor del Pueblo y el consejo de la radiotelevisión pública RTVE
Por suparte, la ministra Celaá criticó que la derecha del Congreso y el Senado "no habla de educación", sino de "si la concertada sí o no, si la religión más o menos", cuando lo cierto es que la LOMLOE está teniendo mucho apoyo y es una ley necesaria y urgente porque "viene a deshacerse de todos aquellos abusos y desequilibrios, que se habían amontonado en nuestro sistema educativo. Eran obstáculos para que las personas pudieran seguir progresando".
Anticipo de la sentencional del Constitucional sobre becas universitarias
La resolución íntegra de los intérpretes de la Constitución española se notificará en los próximos días, aunque fue anunciada este jueves. En un adelanto de la parte dispositiva de su sentencia, el Constitucional señala qiue las universidad privadas tienen derecho como las públicas a la concesión de becas y ayuds al estudio. La UCV cuestionó por discriminatoria las normas de la Generalitat valenciana en el sentido de no reconocer a los alumnos de universidades privadas el mismo derecho a recibir becas que los de campus públicos.
La universidad recurrente cuestionó que la comunidad valenciana pudiera limitar las becas para que solo accedieran a ellas los alumnos de universidades privadas cuyas titulaciones no existieran en las públicas. El Constitucional ha sentenciado por mayoría que esas normas vulneran el derecho a la igualdad (art. 14 CE), en relación con su derecho fundamental a la creación de centros docentes (apartado 6 del art. 27 CE), por lo que declara la nulidad de las citadas normas de la Comunidad valenciana.
Alegaba en su recurso de amparo la UCV que dicha regulación autonómica le originaba un perjuicio injustificado, ya que el sistema de becas tiene efectos sobre la financiación del propio centro. Su reclamación había sido desatendida por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia.
Los votos favorables al amparo han procedido del sector conservador, mientras han anunciado votos particulares de discrepancia los tres magistrados progresistas: María Luisa Balaguer, Cándido Conde Pumpido y Juan Antonio Xio, quienes cuestionan la legitimación de la Universidad Católica de Valencia para recurrir en amparo por un derecho que es de los alumnos y no de la universidad. También cuestionan que exista un derecho constitucional a una equiparación absoluta en el acceso a las becas concedidas por la Generalitat con fondos públicos entre los alumnos de las universidades privadas y los de las públicas, porque el régimen económico es diferente en ambos tipos de universidades, tanto en cuanto a sus precios como en cuanto a su financiación.
La Universidad Católica de València ya manifestó al iniciarse esta controversia con la Generalitat valenciana que ejercercía “todas las acciones legales necesarias para restablecer este derecho fundamental, primero confiando en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y, en su caso, ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”. Ahora ya no necesitará recurrir contra el Estado Español ante el Tribunal de Estrasburgo, pues segñun delaró un portavoz del campus “no se debe olvidar que es la universidad la que interpone el recurso, pero es para defender a los directamente afectados, que son los alumnos”.
