El Consejo General de Economistas de España, a través de su Comité del Sector Público y del Registro de Economistas Auditores (REA) –órgano especializado del Consejo General de Economistas en materia de auditoría–, realizó este miércoles virtualmente la séptima edición de sus Jornadas de Auditoría del Sector Público, en la que se ha dado cita un número importante de profesionales del sector, y en la que los economistas auditores han puesto en valor el papel que tendrán en relación con las ayudas provenientes del Plan Europeo de Recuperación Next Generation EU, por la importancia que tendrá en el futuro próximo la colaboración público-privada entre los órganos públicos de control y las auditoras privadas independientes para generar un clima de mayor confianza y transparencia en la vehiculación de estos fondos en nuestro país en consonancia con los objetivos de la UE. En la jornada, los economistas auditores han puesto de manifiesto la voluntad de cooperación de los despachos de auditoría con la IGAE en relación a sus actuaciones derivadas del diseño y ejercicio de control de los fondos que se exijan por la normativa europea, de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En el encuentro, que ha sido inaugurado por la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, han participado, entre otros, el director de la Oficina Nacional de Auditoría (ONA) de la IGAE, Jorge Castejón, el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, el presidente del REA, Carlos Puig de Travy, el presidente del Comité del Sector Público del citado Consejo, Emilio Álvarez, y la auditora nacional jefe de equipo de la ONA, María Isabel de la Mota.
Durante su intervención, el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, ha recordado que “no hay que olvidar que, según todas las previsiones, la recuperación económica dentro de la UE será desigual e incompleta respecto de los niveles que se tenían en 2019. Por eso, los fondos de recuperación vienen acompañados de un plan exigente sobre su implementación por parte de los Estados miembros para preservar los intereses financieros de la UE en su conjunto”. Así mismo, según ha manifestado el presidente de los economistas, “hemos de interiorizar que la Comisión hará controles ex ante y ex post sobre la otorgación de estos fondos para evitar deficiencias e irregularidades en este proceso, que, de producirse, podrían incluso implicar la paralización de la dotación”. “La cooperación de las auditoras privadas independientes con los organismos públicos de auditoría solo puede ser beneficiosa, por un lado, porque puede ser de utilidad para que haya una mayor agilidad y fluidez en la asignación de los fondos de recuperación, y, por otro, porque podría ayudar a reforzar nuestra confianza de cara exterior”, ha concluido Pich.
Por su parte, el presidente del Comité del Sector Público del Consejo General de Economistas. Emilio Álvarez, ha declarado que “el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ha generado un gran debate social con mucho ruido, resultando difícil, a veces, opinar desde un punto de vista técnico y con una visión de largo plazo. El Plan del Gobierno `España Puede´ es un plan que parte de un buen diagnóstico y que tiene una gran ambición, cuyos objetivos principales son estimular la economía post covid y modernizar el tejido productivo, siendo sus ejes principales la digitalización y la transformación medioambiental”. Para el presidente del Comité del Sector Público “las claves de su deseado éxito residen en la capacidad de las diferentes administraciones de gestionarlo y para ello es necesario una buena colaboración entre las diferentes administraciones, si bien, también, hay que destacar el efecto arrastre que va a generar, ya que, según estimaciones gubernamentales, por cada euro invertido se generarán cuatro euros para la economía”. Álvarez concluyó poniendo el acento en la importancia de que las reformas sirvan para modernizar nuestras pymes –el 90% de nuestras empresas– en aspectos tan fundamentales como “que exista una buena gobernanza en las mismas”.
En este mismo sentido se ha manifestado el presidente del REA, Carlos Puig de Travy, para quien “el plan `España Puede´ prioriza proyectos maduros y sectores clásicos para lograr un efecto arrastre en el resto de la economía y crear empleo”. Según Puig de Travy, “aunque no está pensado para ayudar a los sectores más castigados por el coronavirus, se trata de un plan que tiene que ayudar a superar el shock de la Covid-19 siendo muy importante ejecutarlo bien para lo que hay que dar una buena información (comunicación y transparencia), así como reasignar recursos de unos sectores a otros con más futuro (transición)”. En opinión del presidente del REA, “el diagnóstico del Gobierno es correcto. Hay que mejorar el mercado laboral y actuar ante el envejecimiento de la población (pensiones), abordar una reforma tributaria, conseguir eficacia del gasto y aumentar el tamaño de las empresas”. “Es prioritario asesorar a las entidades solicitantes de las ayudas en la evaluación estratégica para alinear sus proyectos de inversión y transformación con las diez políticas palanca del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España. Pero no debemos olvidar que, además, será muy importante hacer un seguimiento de los diferentes proyectos para asegurar que cumplen con los objetivos previstos”, concluyó Puig de Travy.
El control y auditoría de las ayudas y recursos del plan de recuperación español fueron explicados así por la ministra de Hacienda María Jesús Montero en una reciente reunión virtual con la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE):
Preguntada por los 7.000 millones en ayudas directas del Gobierno español frente a la crisis de la Covid a empresas y autónomos sin residebcia en paraisos fiscales y otras condiciones que deberán gestionar las comunidades autónomas dentro del paquete de 11.0000, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado martes 13 de marzo, María Jesús Montero anunció que “ya se han firmado convenios con Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Comunidad Valenciana y Asturias”, y confió en que se firmen también con las restantes. Las comunidades recibirán los recursos “en los próximos días o semanas, pero eso no es óbice para que vayan realizando sus convocatorias”.
En respuesta a otras preguntas (recogidas a partir del minuto 39,40 del anterior vídeo), la ministra explicó el sistema de información, seguimiento, control y trazabilidad de auditoría del Plan de Recuperación, necesario para que Bruselas libre el primer anticipo de 9.000 euros. Dijo que lo prepara la Intervención General del Estado y será el soporte ofrecido a Bruselas para justificar en cualquier momento la ejecución de ayudas en las condiciones que empezaron a negociar el pasado fin de semana las vicepresidentas primera y tercera del Gobierno. Este según dijo espera que al Estado le lleguen 27.000 millones de euros en 2021 y los siguientes previstos en 2022 y 2023, hasta completar los casi 70.000 millones que se esperan de la Unión Europea. El texto íntegro de ese Plan presentado en detalle el pasado 13 de abril para guiar la ejecución de 72.000 millones de euros de fondos europeos hasta 2023 y movilizar en los próximos tres años el 50% de los 140.000 millones en recursos con los que cuenta España gracias al instrumento Next Generation EU ya dedica una veintena de sus 227 páginas a dichos controles, introducidos principalmente tras la alarma surgida el pasado mes de noviembre entre expertos en cumplimiento legal al levantarse el rigor en el reparto de ayudas europeas. De ahi que en las 227 páginas del texto íntegro del Plan de Recuperación se dediquen hasta 15 referencias a evitar los posibles conflictos de intereses y/o fraude, corrupción y doble financiación vinculados a tales conflictos. Las páginas 2001 a 213 detallan las medidas de control y auditoría, para las cuales se prevé el recurso a las grandes firmas de auditoría sin mencionarlas directamente:
En caso de que fuera necesaria la colaboración de firmas privadas de auditoría para efectuar ciertos trabajos, la IGAE (Intervención General de la Administración del Estado) o sus correspondientes órganos de control serán los órganos encargados de realizar su contratación y establecerán cláusulas en los pliegos de contratación para prevenir posibles incompatibilidades respecto a los organismos objeto de control, así como cualquier conflicto de intereses que pueda surgir durante la ejecución de los contratos, dice por ejemplo la página 206 de dicho Plan en uno de sus puntos de mayor relevancia, pues las firmas Deloitte, KPMG, PwC y Ernst & Young (EY) controlan más del 90% del negocio de la auditoría en España, el 2º país más concentrado de Europa, donde ahora las ayudas europeas y la mayor apertura legal ofrecen oportunidades . De ahí que recientemente los profesionales de la auditoría hayan urgido coauditar ante ese oligopolio Big-4 de la auditoría y también de gran parte de la consultoría en empresas y administraciones, después de que esos mismos economistas se mostraran más preocupados por la concentración de la auditoría en grandes firmas, si bien auditores y contables de "pymes" de toda Europa acusan presiones pero un 68 % dice rechazarlas..
