Para ADICAE se trata de un avance clave e imprescindible para afrontar los retos presentes y futuros de los consumidores.
ADICAE, organización de consumidores que ha destacado por apostar de forma sistemática por la acción colectiva como única vía de solución a conflictos y fraudes masivos, instará al Gobierno y al Parlamento españoles a una rápida y eficaz transposición que permita superar las actuales barreras existentes en España.
A los 20 días de la publicación de la Directiva en el DOUE la norma estará en vigor, y si bien el plazo para transponerla al ordenamiento español se extiende hasta los 24 meses, ADICAE destaca la urgencia de su traducción inmediata a la legislación española ante los enormes abusos masivos aún sin resolución en España y ante los que cientos de miles de consumidores siguen sin solución efectiva.
ADICAE destaca la urgencia ahora de traducir inmediatamente esta Directiva a la legislación española, ante los enormes abusos masivos aún sin resolución en España, donde cientos de miles de consumidores siguen sin solución
Más derechos para los consumidores y protección para los comerciantes
Con el modelo europeo de acción colectiva, sólo las entidades habilitadas (como las organizaciones de consumidores), y no los bufetes de abogados, podrán representar a grupos de consumidores y presentar demandas ante los tribunales.
Para poder interponer acciones transfronterizas ante los tribunales, las entidades habilitadas tendrán que cumplir los mismos criterios en toda la Unión Europea. Deberán ser capaces de demostrar una cierta estabilidad, que llevan a cabo una actividad pública y que carecen de ánimo de lucro. En el caso de las acciones nacionales, las entidades tendrán que cumplir los criterios establecidos en la legislación nacional.
La normativa también introduce medidas de protección contra las acciones legales abusivas mediante el principio de «quien pierde, paga», por el que las costas procesales de la parte vencedora recaen en la parte perdedora.
Para evitar el uso indebido de las acciones de representación, deberán evitarse las indemnizaciones punitivas. Las entidades habilitadas también tendrán que establecer procedimientos para evitar los conflictos de intereses y la influencia externa, en particular si están financiadas por un tercero.
Podrán entablarse acciones colectivas contra comerciantes que presuntamente hayan infringido la legislación de la Unión sobre la protección de datos, los viajes y el turismo, los servicios financieros, la energía y las telecomunicaciones, entre otros ámbitos.
Por último, la Directiva también contempla las infracciones que hayan cesado antes de que se interponga o concluya la acción de representación, ya que podría seguir siendo necesario prohibir la práctica para evitar su repetición.
Declaración del ponente
El ponente Geoffroy Didier (PPE, Francia) señaló: «Hemos encontrado el equilibrio entre la protección de los consumidores y la seguridad jurídica que necesitan las empresas. En un momento en que la UE está siendo puesta a prueba, hemos demostrado que podemos ofrecer resultados y adaptarnos a la nueva realidad, protegiendo a los ciudadanos y ofreciéndoles derechos concretos en respuesta a la globalización y sus excesos».
Próximos pasos
La Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. A continuación, los Estados miembros dispondrán de veinticuatro meses para transponerla a sus legislaciones nacionales y de otros seis meses para aplicarla. Las nuevas normas se aplicarán a las acciones de representación interpuestas a partir de la fecha de aplicación de la norma.
Antecedentes
La Directiva relativa a las acciones de representación, presentada en abril de 2018 por la Comisión Europea, fue acordada por los negociadores del PE y los ministros de la UE en junio de 2020. El proyecto de ley, que forma parte del nuevo acuerdo para los consumidores, responde a varios escándalos recientes relacionados con violaciones de los derechos de los consumidores por parte de empresas multinacionales. En algunos Estados miembros, los consumidores ya pueden iniciar acciones colectivas ante los tribunales, pero a partir de ahora será posible en todos los países de la Unión.
ADICAE, asociación defensora en solitario de las acciones colectivas, continúa con paso firme en su lucha contra los fraudes masivos y sistemáticos que sufren los consumidores, los cuales solo pueden ser resueltos eficazmente a través de una actuación judicial colectiva.
Esta histórica reivindicación de la acción colectiva se ha plasmado, por parte de ADICAE, en múltiples estudios (ESTUDIO 1 y ESTUDIO 2) sobre los fundamentos de los conflictos masivos, y se hace visible en las innumerables acciones colectivas iniciadas por la asociación: academias de inglés (2002), macrodemanda por cláusulas suelo (2010), participaciones preferentes, swaps de Caixa Galicia y otras, productos estructurados vinculados a Lehman Brothers comercializados por la banca en España, Vodafone, gastos hipotecarios (107 demandas colectivas), o tarjetas revolving (demanda frente a Wizink).
Para la Asociación la acción colectiva ante abusos generalizados no solo permite ahorrar tiempo y costes a los afectados y a la propia justicia española, evidentemente saturada, sino sobre todo visualizar ante toda la sociedad la dimensión que adquieren los fraudes de las empresas y entidades financieras, así como la fuerza que pueden tener los consumidores agrupados y organizados bajo una causa legítima y común.
