"No podemos tener la tercera electricidad más cara de Europa, porque es contrario a la competitividad de las empresas españolas y eso es malo para la creación de empleo y de trabajo en nuestro país", dijo en rueda de prensa el presidente del Gobierno Mariano Rajoy, tras la publicación por Ibercampus de los informes del Banco Mundial que apuntan a la electricidad como mayor barrera que el crédito para la actividad empresarial.
"Hay que corregir el sistema", declaró, y explicó que el real decreto es un mecanismo transitorio para fijar el precio de la luz mientras el Ministerio de Industria trabaja en la reforma del mercado eléctrico "para introducir más competencia en su funcionamiento". "Resolver los problemas del sector eléctrico no era y no sigue siendo fácil", señaló Rajoy. "Ya hemos resuelto la parte regulada, ahora quedan reformas estructurales", indicó.
El real decreto ley establece un incremento del 1,4% en la parte no regulada de la Tarifa de Último Recurso (TUR), la modalidad a la que se acogen la mayor parte de los hogares españoles y que a partir del próximo mes se denominará "precio voluntario al pequeño consumidor". La parte fijada por la Administración se incrementa un 0,9%. Esto supone un incremento medio del 2,3%, que variará en función de la potencia y del tipo de residencia (vivienda habitual, segunda residencia, descuentos aplicables, etc) y se sitúa a mitad de camino de las dos opciones aconsejadas en el informe de la Comisión Nacional de la Competencia y los Mercados.
La patronal eléctrica Unesa tildó la decisión del Gobierno de "precio político" y "artificial", que a juicio de las compañías marca un "paso atrás" en la liberalización del mercado, además de ir en contra de las normativas europeas. En su opinión, la decisión es "precipitada, improvisada y sin establecer ningún cauce de diálogo con las empresas del sector". En un comunicado, la Asociación Española de la Industria Eléctrica mostró su deseo de que se defina cuanto antes un mecanismo definitivo de fijación del precio de la luz y que la solución aprobada esté "ceñida" al primer trimestre de 2014.
