Según destaca La Razón, el presupuesto destindo para esta labor es escaso, ya que solo cuenta con 220.967 euros para unos fondos públicos de 426,4 millones de euros.
Explica que estos datos "denotan un escaso porcentaje de impacto de la eficacia de dichas acciones formativas en la consecución de uno de los objetivos, como es la promoción profesional de los trabajadores". Desgraciadamente, no hay datos para comparar con otros ejercicios ya que no existían informes tan explícitos.
En los rendimientos financieros de los 300 planes de formación aprobados, el Tribunal de Cuenta afirma que en 71 de ellos, algo menos de la cuarta parte, no superaron la cifra de 100 euros. En 24 de ellos, es decir, en el 8%, el importe declarado como rendimiento financiero fue de 1 céntimo. A pesar de esta situación, ni la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo ni el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) exigieron a los representantes legales de las entidades beneficarias certificación relativa a los motivos que impidieron su obtención.
En total, se repartieron 40,1 millones de euros en formación para un total de 43.707 trabajadores de las entidades beneficiarias, asociadas, vinculadas o de las propias empresas privadas impartidoras de la formación. En ningún caso dichas entidades participaron en la cofinanciación del curso, como habría sido preceptivo, según denuncia el informe del Tribunal de Cuentas.
En concreto, un total de 1.039 alumnos participaron en estas acciones formativas por cuenta de las subvenciones públicas concedidas por el Estado siendo trabajadores directos de las propias entidades beneficiarias, con un coste de 747.697 euros. Otros 21.439 alumnos eran trabajadores de los organismos asociados a los agentes sociales, considerados personal de las propias entidades beneficiarias. El coste estimado en este caso asciende a 3.844.891 euros. En relación con las entidades vinculadas a los agentes sociales, el Tribunal de Cuentas constata la participación de 9.131 alumnos, con un coste de 2.389.281 euros y de otros, al menos, 12.098 trabajadores de las empresas privadas impartidoras de la formación, subcontratadas por las beneficiarias, con un coste estimado de 1.970.089 euros.
