jueves,18 agosto 2022
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Aunque la del 2015 sea una subida simbólica

Los funcionarios piden dejar de congelar los sueldos

Redacción
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) exige al Gobierno que la Ley de Presupuestos Generales del Estado no incorpore la congelación salarial en las administraciones públicas, ya que supondría que ninguna entidad podría negociar por su cuenta incrementos en las retribuciones. La mayoría de los trabajadores públicos que sufren los recortes y medidas de austeridad son profesores y del sector sanitario.

El presidente de CSI-F, Miguel Borra, ha indicado que si los presupuestos del próximo año establecen una congelación salarial, las entidades autonómicas y locales no podrán negociar por su cuenta, mejoras de la retribución de sus empleados.

Por esta razón, insta al Ejecutivo a establecer, como mínimo, una subida aunque sea simbólica, "del 0,00000001%", para abrir la puerta a que las administraciones que lo deseen puedan aprobar incrementos adicionales.

Por otro lado, asegura estar "bastante preocupado" al no contar con una convocatoria oficial para la reunión de la mesa general de negociación de las administraciones públicas.

No obstante, afirmó que su organización seguirá defendiendo que los próximos presupuestos del Estado recojan un incremento salarial para los empleados públicos y una mejora en la oferta pública de empleo.

Sobre este último aspecto, el sindicato pretende promover una "redefinición" de los servicios públicos esenciales, y la eliminación de la palabra "hasta" de las normas que regulan la tasa de reposición de empleados públicos que "el último año era del 10%"

.

Es decir, la redacción actual establece que "de cada 10 médicos que se jubilen" la administración puede cubrir "como máximo a uno", pero también "puede cubrir cero". Sin embargo, eliminando el término ´hasta´, se obligaría a las administraciones a cumplir con esa tasa de reposición.

>>Lea también El Gobierno estudia elevar un 10% las plazas de funcionario en 2015

En este sentido, el sindicato de funcionarios destacó que muchos de los servicios públicos esenciales tradicionales "están bajo mínimos" y que, si bien el sindicato "no desea más trabajadores públicos de los necesarios", tampoco desea "menos", como ocurre en la actualidad.

Además, la central sindical advierte que para 2020 más del 30% de los actuales empleados públicos de la Administración General del Estado se habrá jubilado.

El sindicato también mostró su preocupación por las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que el pasado viernes encomendó la devolución de la paga extra suprimida en 2012 a lo que diga en Tribunal Constitucional.

En este sentido, CSI-F insiste en la devolución de esta paga, aunque entiende que la cifra de 5.200 millones de euros a la que asciende en su totalidad puede suponer un problema para el Estado y las autonomías. Por ello, el sindicato está dispuesto a "temporalizar" las devoluciones pero si el Ejecutivo se compromete a firmar un acuerdo que lo garantice.

Además, sí que reclama la "devolución inmediata" de los 44 días de paga extraordinaria que se descontó a los empleados públicos en 2012 con efecto retroactivo (la suma asciende a 1.000 millones) y que los tribunales ya han respaldado en sentencias individuales. En este sentido, exigió al Gobierno que la devolución de estos 44 días se incluyan en los presupuestos del próximo año.

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