A su juicio, esta debería suponer como mínimo el 70% del gasto total autonómico, destinando el 35% para sanidad, el 25% para educación y el 10% para servicios sociales y protección social. Estas pautas las incluyen entre las “5 líneas rojas que se deben exigir a los nuevos gobiernos de las comunidades autónomas en materia de servicios sociales”, en un documento dirigido a las fuerzas políticas que configurarán los nuevos Gobiernos. La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que días antes de las elecciones presentó su Informe Sobre el Estado Social de la Nación denunciando el aumento de la pobreza, exigió la semana pasada a los partidos políticos ante las últimas estadísticas oficiales al respecto y ante el previo informe comparativo de la OCDE que atiendan los "altos índices de riesgo de pobreza y de desigualdad". Según el INE, la tasa de riesgo de pobreza supera el 22% para la población en general, y el 30% para los menores de 16 años, la desigualdad ha aumentado según el Coeficiente de Gini, el riesgo de exclusión afecta ya al 29% de la población, y el 16% de los hogares manifiesta llegar a fin de mes con dificultad. Su nuevo manifiesto dice textualmente
“A lo largo de la campaña electoral hemos escuchado a todos/as los/as candidatos insistir en que lo que verdaderamente importa son las personas. Si esto es así, quienes tengan la posibilidad de definir los programas de los nuevos Gobiernos tienen que trasladar a hechos esta declaración de intenciones. Y ello supone dedicar una especial atención a los servicios sociales, ya que la pasada legislatura ha significado en muchas Comunidad Autónomas un gravísimo deterioro de estos servicios, que atienden a las personas y familias más afectadas por las políticas de ajuste que se han llevado a cabo con la excusa de la crisis.
Estos son los compromisos mínimos en materia de servicios sociales que se debe exigir a cualquier Gobierno, si lo que verdaderamente importa son las personas:
1º.- Recuperar la inversión en servicios sociales que se ha recortado en la pasada legislatura y avanzar hasta unos mínimos imprescindibles. Entre el (8% y el 10%).
Cuando tantas personas y familias están padeciendo dificultades para satisfacer sus necesidades más básicas, resulta inadmisible que la mayor parte de las Comunidades hayan recortado su inversión en servicios sociales en la pasada legislatura. En el conjunto del Estado, y sólo entre 2011 y 2013, este recorte fue del 13,3% en Comunidades Autónomas y Entidades Locales, pasando de un gasto de 354,02 € por habitante en 2011 a 306,91 € en 2013, es decir, 47,11 € menos. Este recorte no se ha producido con la misma intensidad en unas y otras Comunidades y además partían de diferentes umbrales de protección. Por eso se adjunta su detalle Comunidad a Comunidad, para que en cada una de ellas se concrete el incremento que se debe exigir en el presupuesto dedicado a servicios sociales de forma inmediata.
En términos generales, consideran que la necesidad de financiación de los servicios esenciales gestionados por las Comunidades Autónomas para una protección social mínimamente digna debería suponer como mínimo el 70% del gasto total (destinando el 35% para sanidad, el 25% para educación y el 10% para servicios sociales y protección social). De existir tensiones presupuestarias (deuda) deberían afectar a cualquier política de gasto menos a las tres citadas. Actualmente las CCAA destinan el 17,3% a su deuda pública y el incremento de este concepto se dio a costa de los servicios esenciales.
A corto plazo, aquella Comunidad cuya inversión en servicios sociales esté en 2015 por debajo del 8% del conjunto del presupuesto autonómico, deberá establecer un compromiso para que los presupuestos de 2016 cubran esta cifra (recuperando el gasto 2009) y se incrementen hacia el final de la legislatura hasta el 10% del presupuesto total. Se adjunta una tabla con la situación de cada Comunidad en relación a este parámetro de gasto con y el consiguiente incremento presupuestario que debería asumir para lograr este objetivo con la base de los datos contenidos en el informe de presupuestos 2015 publicado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
En el conjunto del Estado, la financiación incrementada en 2016 (2.800 millones en 2016) debería emplearse a partes iguales en doblar la cuantía destinada a rentas mínimas y en nuevos servicios de atención a la dependencia (con unos retornos globales estimados de 840 millones de € y una generación directa de 42.000 empleos).
2º.- Garantizar la tasa de reposición en el Sistema de Atención a la Dependencia. Otro efecto perverso de las políticas de ajuste en muchas Comunidades en la pasada legislatura, ha sido el deterioro –o la práctica demolición en algunos casos- del Sistema de Atención a la Dependencia. El exponente más claro es que ni siquiera se garantiza la tasa de reposición, es decir, que cada vez son menos las personas que reciben prestaciones o servicios por su situación de dependencia.
Por ello debe exigirse a los nuevos gobernantes el compromiso de garantizar al menos esta tasa de reposición, alcanzando un porcentaje de beneficiarios del Sistema sobre el total de su población, similar al que marcó el nivel más alto en su serie histórica. Y en el caso de aquellas Comunidades con un porcentaje de atención inferior a la media estatal, el compromiso de acercarse a ella a lo largo de la legislatura.
Esto debe complementarse en todo caso con el cumplimiento del compromiso de atender a todas las personas con derecho en el primer trimestre de 2016 considerando que en este mes se incorporarán todos los grados.
3 º.-Garantizar y reforzar la red básica de servicios sociales de las entidades locales. La red básica de servicios sociales de las entidades locales constituye la estructura imprescindible para atender las necesidades de más de 8,5 millones de personas en la actualidad. Víctimas de sucesivos recortes, su situación es en muchos lugares de absoluta precariedad, por la falta de apoyos a las entidades locales por parte de la Administración General del Estado y de algunas Comunidades.
Además, muchos de los servicios que se gestionan en esta red local, están amenazados por la incertidumbre que genera la Reforma Local. Es el caso de servicios tan importantes como la Ayuda a Domicilio, las residencias de mayores o programas de atención a la infancia.
Por eso es preciso desarrollar normativa autonómica y pactos entre las Comunidades Autónomas y las entidades locales en cada territorio, para superar estas incertidumbres y garantizar los recursos necesarios para el desarrollo de servicios que trabajan en la prevención e intervención en situaciones de quiebra familiar y en conflictos de convivencia, y otros, como la Ayuda a Domicilio, que no sólo ofrecen calidad de vida para muchas personas mayores o con discapacidad, sino también un importante número de puestos de trabajo (casi 40 por cada millón de euros invertido).
4º.- Consolidar las Rentas Básicas de Inserción, tanto en extensión como en cuantía. Las Rentas Mínimas de Inserción constituyen para cientos de miles de personas y familias la última garantía para atender sus necesidades más básicas y para evitar caer en la exclusión social. Sin embargo, a pesar del desarrollo que han tenido en los últimos años en la mayor parte de las Comunidades Autónomas, todavía son insuficientes tanto en el número de personas que las reciben como en sus cuantías.
Además, en muchas Comunidades se acumulan retrasos insoportables de varios meses para la concesión o el cobro de estas Rentas, y se ponen obstáculos burocráticos injustificados que impiden o retrasan que algunas personas y familias puedan recibirlas.
Todas las Comunidades deberían planificar un incremento de la cobertura y las cuantías de sus Rentas Mínimas de Inserción, hasta alcanzar al menos la media estatal quienes se sitúan por debajo de la misma, y acortar los plazos de tramitación y de pago, así como simplificar los trámites exigibles. Se adjunta el detalle de cobertura y gasto de cada Comunidad, en relación con la media estatal, para que se pueda valorar el objetivo a alcanzar en cada una de ellas.
En todo caso deberían asumir la exigencia a la Administración General del Estado de una norma de ámbito estatal que proporcione una garantía de ingresos mínimos a todas las personas y familias sin ingresos suficientes, negociando las condiciones para su gestión y, en su caso, para su mejora, a nivel autonómico.
5º.- Garantizar la vivienda en el contexto de referencia de las personas. Los problemas de pérdida de vivienda han de ser tratados de manera individualizada y con el concurso de los servicios sociales. Los que deriven de procedimientos de ejecución hipotecaria han de ser objeto de mediación PÚBLICA entre las personas y las entidades financieras intentando evitar la pérdida de propiedad y, si no fuera posible, evitando la pérdida de la posesión (lanzamiento) mediante el alquiler social en el mismo inmueble por tiempo no inferior a tres años.
Lo problemas de riesgo de desahucio por alquiler a arrendadores particulares (hoy en día más frecuentes que los lanzamientos hipotecarios) solo pueden tratarse en primera instancia mediante enervaciones de la deuda (mensualidades pendientes) y abono del alquiler o parte del mismo por parte de las administraciones por un tiempo limitado (1-2 años) hasta que se recupere activamente la economía familiar.
Se ha de evitar SIEMPRE el desalojo forzoso sin alternativa habitacional y los DESPLAZAMIENTOS INTERNOS de las familias (familias pluri-desahuciadas), especialmente cuando hay menores u otras personas dependientes implicadas.
A la REESTRUCTURACIÓN DE LAS DEUDAS se deben incorporar APOYOS PARA LA REESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO VITAL de las personas y familias.
Y dos recomendaciones:
Además hay que exigir a los nuevos Gobiernos que utilicen el nombre de “SERVICIOS SOCIALES” para identificar a las Consejerías responsables de su gestión, evitando eufemismos que no son identificativos de este Sistema y que sólo aportan confusión, tales como “acción social”, “bienestar social” o “igualdad”.
Y que garanticen la transparencia y la información, instando además al Ministerio para que ejerza sus responsabilidades en esta materia a nivel estatal, de manera que los ciudadanos/as podamos valorar el desarrollo de los diversos servicios sociales en cada una de las Comunidades”, concluye el manifiesto.
