jueves,18 agosto 2022
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Y fomentar los e-pagos para reducir la economía sumergida

Los inspectores fiscales piden legalizar las drogas blandas

EP
Los inspectores de Hacienda del Estado (IHE) han propuesto diversas medidas para reducir la economía sumergida, entre ellas iniciar un debate público sobre la legalización de algunas actividades como la prostitución y el tráfico de drogas blandas para luchar mejor contra los efectos adversos que puedan generar y para obtener recursos que permitan compensar a la sociedad sus efectos negativos. Con el mismo fin proponen fomentar los pagos electrónicos y tarjetas de débito y crédito.

Así consta en el informe que ha elaborado la organización titulado ´Reforma fiscal española y agujeros negros del fraude. Propuestas y recomendaciones´, donde realizan un profundo análisis del sistema tributario y proponen más de 200 iniciativas de cara a la reforma que prepara el Gobierno.

La propuesta ha sido presentada este miércoles en rueda de prensa por el presidente de IHE, Ransés Pérez Boga, que ha asegurado que los inspectores están muy preocupados por el devenir del sistema tributario, ya que no es capaz de recaudar lo necesario para sostener el nivel de gasto público en España.

Según Pérez Boga, el sistema es una "mesa sólida" de cuatro patas: las figuras tributarias, las normas para aplicar los impuestos, la necesaria eficacia de la administración y el reparto de competencias. A su parecer, la reforma del Gobierno tendrá que analizar y mejorar estas cuatro patas del sistema.

En el informe, los inspectores realizan muchas propuestas entre las que se encuentra la idea de abrir el debate sobre la prostitución y las drogas blandas. Igualmente, proponen eliminar los billetes de 500 euros y publicar la lista de morosos formado por todos los deudores en periodo ejecutivo sin deuda aplazada, regulando su límite cuantitativo, los datos a incluir y sus efectos en los diversos ámbitos administrativos.

Fomentar los e-pagos 

El IHE argumentó que a partir de octubre estas actividades serán incluidas en el PIB por exigencia de Bruselas. "En caso de despenalizar estas conductas, gravaríamos unas actividades que suponen una potente industria que hasta ahora no tributa ni contribuye al PIB", señala el informe, que calcula que Hacienda podría recaudar hasta 6.000 millones si se legaliza la prostitución. Por otra parte, supondría una manera de luchar más eficazmente contra la corrupción y las mafias asociadas a estas actividades.

Ya dentro del ámbito de la economía sumergida legal, los inspectores de Hacienda proponen la proliferación de medios electrónicos por parte de consumidores y vendedores, de manera que se impulsen los pagos con tarjeta y mediante medios electrónicos de pago, que permiten la trazabilidad de las operaciones, ampliar las restricciones de los pagos en efectivo, eliminar los billetes de alta denominación (200 y 500 euros) y potenciar el intercambio de información con los órganos de la Seguridad Social. Asimismo, se propone no permitir deducir determinados gastos que no se realicen mediante efectivo. También que se regule expresamente en la ley de blanqueo, al delito fiscal como un delito subyacente al delito de blanqueo".

El informe de los inspectores ha sido publicado hoy en su website y dentro de las páginas 70-72   incluye en concreto tres propuestas en favor de esos pagos electrónicos:

  • Potenciar en todos los órdenes (tributarios, salariales, contractuales, etc.) las transacciones por medios electrónicos, a la vez que se restringen aún más los pagos en efectivo. (Página 70) 
  • Ampliar las restricciones a los pagos en efectivo, por ejemplo, declarando no deducibles, fiscalmente hablando, los pagos realizados con tales medios. (Página 71) 
  • Sería deseable que, en el ámbito monetario europeo se eliminasen los billetes de alta denominación, es decir, los billetes de 200 y 500 euros. (Página 72) 

La organización profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) es la única asociación de inspectores de hacienda existente actualmente, y agrupa al 80% del colectivo de inspectores. El artículo 5 de sus estatutos contempla como una de sus funciones “colaborar con la Administración a efectos de determinar las más adecuadas condiciones para la prestación de sus servicios y en la elaboración de las disposiciones que les afecten, a través de su participación en las tareas de los órganos correspondientes”.

Hace varios meses, en reunión mantenida con el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, le entregó un documento con las líneas básicas de las modificaciones para hacer un sistema tributario más sólido. Entonces el ministro les trasladó su deseo de una propuesta más definida y desarrollada, con las modificaciones oportunas, así como una valoración de la entonces en gestación de la “comisión Lagares”.

Tras ser presentado el informe de la comisión lagares, desde instancias gubernativas se ha matizado que la reforma fiscal no seguirá una parte importante de las recomendaciones de dicho informe, "por lo que hemos considerado que nuestro documento no debe centrarse en las conclusiones de la citada comisión…Ciertamente IHE coincide plenamente con el Gobierno, con la Comisión europea y con la generalidad de la doctrina económica y financiera con tal necesidad de reforma fiscal integral", dice el informe de medidas de lucha contra el fraude fiscal y de propuestas de unmodelo de sistema tributario español para salir de la crisis y construir un Estado Social, Democrático y de Derecho.

Principales lineas propuestas

Empieza diciendo que, para sostener este gasto público que supone más de 400.000 millones de euros, se necesita un sólido sistema tributario, sustentado por cuatro pilares:

  • Un adecuado diseño de las figuras tributarias que compondrán nuestro Sistema Fiscal (Pilar 1).
  • Diseñar una Administración Tributaria (llámese ésta AEAT o cualquier otra denominación institucional y operativa) que gestione eficaz y eficientemente tal sistema, además de minorar los niveles de fraude fiscal y economía sumergida ahora existentes (pilar 2).
  • La revisión del modelo organizativo encargado de la aplicación práctica del Sistema Fiscal y, en general, de toda la configuración (legal, organizativa, metodológica, etc…) vinculada a lo que, nuestra propia norma básica del Ordenamiento Financiero, Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante, LGT), denomina “aplicación de los tributos” en su artículo 83.1. (Pilar 3)
  • El modelo de reparto de competencias entre los tres niveles administrativos con competencias propias en materia fiscal tanto a nivel normativo, como a nivel gestor y de reparto del rendimiento obtenido por la recaudación tributaria. (pilar 4)

Con estas cuatro patas, el informe se configura realmente como una propuesta de reforma fiscal casi completa, basada en los los tres principios fundamentales de suficiencia, justicia y servir para crear una marco estabilidad y de crecimiento económico. Para ello se plantea un examen radical de las principales figuras del sistema tributaria, el IRPF, IS e IVA, así como modificaciones en los impuestos cedidos a las CCAA, encaminadas a darle más fuerza recaudatoria a dichos impuestos, sin subir cuotas ni tipos. Asimismo en el informe se proponen medidas incentivadoras de la actividad económica. Para ello, analiza más de 200 medidas.

En uno de sus puntos dice que el defraudador a veces suele disfrutar de ayudas públicas asociadas a su baja declaración de IRPF, en detrimento de otros menos favorecidos, pero cuyas declaraciones reflejan todos sus ingresos. "El hecho de cobrar una parte de la nómina en negro, nos perjudicará en caso de despido, porque la indemnización será más baja de lo que corresponde; en los repartos de herencias o en los divorcios, lo que se ha ocultado a Hacienda, se oculta a coherederos y ex cónyuges; el dinero pagado en negro al constructor, es dinero que nos se puede desgravar como adquisición en vivienda".

Por ello ya se proponen 8 medidas, tendentes a hacer más rigurosas las normas de concesión de ayudas y subsidios públicos, aumentar las sanciones en caso de descubrirse fraudes, así como el de integrar todas la información económica de cada individuo en una base de datos única que pudiera ser usada por los organismos públicos que conceden  ayudas. 

En el capítulo del gasto público se formulan 14 propuestas. Las primeras propuestas se dirigen en potenciar y dotar de más recursos al supremo órgano fiscalizador del gasto: el Tribunal de cuentas. También es necesario que la recientemente creada autoridad fiscal sea independiente, para lo cual debe dotarse de funcionarios no afiliados a ningún partido y de alta calidad técnica, como los pertenecientes al cuerpo de interventores y de Inspectores de hacienda.

Propone igualmente que la Agencia Española de Evaluación de políticas públicas (AEVAL) sea potenciada y se plantee medidas anticorrupción de las personas encargadas de decidir el gasto, con un mayor rigor a los partidos políticos y altos cargos del estado para que no puedan desempeñar sus cargos si están siendo juzgados por delitos económicos. También propone modificar la ley de partidos, y prohibir su financiación pública. Otra medida es negar el indulto a los condenados por delitos económicos.

Finalmente en cuanto a los gastos fiscales, normas que establecen beneficios fiscales, se pide que se establezca una cuantificación de impacto y se elaboren memorias anteriores y posteriores a la implantación del beneficio, que evalúen su aplicación con criterios coste-beneficio, a los efectos de determinar su subsistencia. A tal fin se propone la elaboración junto a los  PGE, de un presupuesto unificado de beneficios fiscales a nivel de todas las administraciones Públicas españolas, incluso desde una perspectiva europea. Todos los beneficios fiscales, al menos, deben ser evaluados cada 5 años. 

Respecto a la economía sumergida en general, proponen 13 medidas, empezando por hacer estudios pormenorizados del volumen de dinero que se mueve en estos sectores, así como iniciar un debate público como el citado de la prostitución y el tráfico de drogas blandas.

A continuación , en el capítulo 5 proponen 33 medidas de lucha contra el fraude fiscal, y la elusión de las empresas transnacionales. En este ámbito destacan los esfuerzos internacionales como el convenio FATCA o la lucha contra las BEPs, que son ejemplos del camino a seguir en la lucha contra el fraude internacional, y la constatación que el fraude internacional, solo tiene solución por la vía de la coordinación entre países. 

Se pide la modificación del régimen de precios de transferencia, la revisión del concepto de establecimiento permanente para evitar la fuga de rentas en beneficio del país de residencia de la matriz, la incorporación de normas antielusión en los CDI para evitar supuestos de doble no imposición. Solicitamos multiplicar las inspecciones multilaterales. También solicitna que se aplique como estándar de transparencia internacional el intercambio automático de informnación fiscal, y se generalice en todos los convenios de doble imposición suscritos por España.

Resalta que en este ámbito es necesario acabar con los paraísos fiscales, para lo cual se propone por ejemplo obligar a los bancos a identificar a clientes en paraísos, el intercambio estándar de información entre países, no reconocer personalidad jurídica a empresas que operan desde paraísos fiscales, posibilidad de pago a confidentes y actuaciones de incognito para reprimir este tipo de fraudes. A lo sinspectores les parece apropiado el desarrollo de la directiva del ahorro de la UE, pero consideran que se debe desarrollar. La última reforma, de hace pocas semanas, va en la dirección correcta pero es insuficiente. 

Otras 26 medidas van contra la evasión fiscal, como concienciar socialmente contra el fraude tributario con campañas de publicidad para difundir los efectos del fraude, así como introducir estos contenidos en los planes de estudio de la educación primaria y secundaria. Proponen Campañas y Planes Especiales de Regularización Tributaria que incidan sobre vicios fiscales a imagen y semejanza de las campañas de la DGT así como la deducibilidad de ciertos gastos domésticos en el IRPF, la limitación de deducciones por bienes suntuarios y la deducibilidad en el trabajo doméstico, como medidas incentivadoras de determinadas actividades, y de lucha contra la economía sumergida.

Solicitan en infracciones y sanciones tributarias que estas sean más disuasorias, y eliminen el privilegio de la no ejecutoriedad de las sanciones muy graves. En este campo se solicita que los supuestos de sanción sean claros. Finalmente se pide sancionar en aquellos casos en que se aplique el llamado conflicto en aplicación de la norma, para desincentivar este tipo de actuaciones llamadas de planificación fiscal agresiva.

Otras 23 medidas en materia de estrategia, organización y funcionamiento de la Agencia Tributaria aportan la idea de crear la administración en red. Parten del principio de que la administración más eficiente es la administracies la administración única, de manera que sea un único ente el que gestione la totalidad del sistema tributario, aunque frente a la realidad administrativa y política plantean como solución a corto plazo la integración de todas las administraciones fiscales en un único sistema informático o red, con una cierta unidad de mercado garantizada.

 

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