El director de la Oficina Antifraude de Cataluña (Oac), Miguel Ángel Gimeno, ha presentado en rueda de prensa este martes los resultados del Barómetro y ha explicado que este indicador les ha alarmado porque los jóvenes se mueven en niveles de "demasiada tolerancia" ante conductas corruptas y ha admitido que puede ser por una crisis de valores.egún la encuesta, de carácter bianual, los jóvenes de esta edad consideran muy o bastante aceptable que un político dé apoyo a un proyecto para beneficiar un grupo económico que ha apoyado a su partido (un 9,4% frente al 3,7% del conjunto); que un funcionario use un bien público para fines privados (8,5% frente a 3,3% del conjunto), y que un trabajador sanitario ayude a un familiar a saltarse la lista de espera (16,9% frente al 11% total).
Asimismo, un 44,3% ve aceptable (frente al 26,6% del conjunto de encuestados) que un funcionario realice actividades electorales durante su tiempo de trabajo, y que un médico de la sanidad pública haga un viaje pagado por un laboratorio farmacéutico (44,3% frente al 30,2% general).
También ven con mejores ojos empadronar a un hijo en casa de los abuelos para lograr la escuela deseada (46,2% frente al 28,2% de la media), colarse en el Metro (18% frente al 7,7%), copiar en un examen (19,9% frente al 8,8%) y contratar a un pariente o amigo para ocupar un puesto público (13,2% frente al 7,4%).
Gimeno ha opinado que el motivo puede deberse a que la juventud "está precarizada", la sociedad no les hace partícipes, que en muchos puestos de trabajo son explotados y se agarran al 'sálvese quien pueda', al individualismo.Ha indicado que estas cifras les han sorprendido y que son un toque de atención ya que muestran "un fracaso social tremendo" en los valores de esta franja de edad, por lo que prevén estudiarlo más a fondo en futuros análisis.
El director de la Oac ha argumentado que si se tienen en cuenta los niveles de paro juvenil y la precariedad laboral de los jóvenes, no se les puede pedir que se comporten "de modo calvinista" cuando ellos están siendo en muchos casos víctimas de una injusticia en sus puestos laborales.
El 81,3% de los catalanes considera que la corrupción es un problema muy grave o bastante grave, 1,3 puntos menos que en el Barómetro de 2016, y el 71,9% cree que en Cataluña hay mucha o bastante corrupción, 2,3 puntos menos.
Cuando se pregunta si en los últimos dos años han visto personalmente en alguna institución pública que un trabajador abusara de su posición en beneficio privado, solo un 4,2% ha presenciado un soborno, y un 22,5% ha visto conductas de nepotismo.
Asimismo, ha aumentado hasta el 54,2% la percepción de la ciudadanía de la poca o nula honestidad de los políticos (49,6% en el barómetro de 2016), ha destacado Gimeno.
El 51,9% cree que los partidos se financian ilegalmente y un 81% piensa que esto influye mucho o bastante en las decisiones posteriores del gobierno, y el 90% opina que el patrimonio y la actividad económica de los cargos públicos debería estar controlado por un organismo independiente.
Los catalanes consideran que la corrupción está muy o bastante extendida en los servicios públicos, entre los que destacan: Obras Públicas (83,5%), Urbanismo (78,3%) y Justicia (65,3%), que han empeorado su percepción desde el Barómetro de 2016.
Sin embargo, mejora la percepción sobre la transparencia de las instituciones, ya que mientras en 2016 las veían poco transparentes el 58,5% de la ciudadanía, ahora la cifra se sitúa en el 54,8%.
El barómetro 'La corrupción en Cataluña 2018: percepciones y actitudes ciudadanas' de la Oficina Antifraude se basa en encuestas realizadas a 850 ciudadanos mayores de edad, en un trabajo de campo realizado entre el 5 y el 31 de octubre.
