Los sindicatos consideran esta reforma es absolutamente necesaria y coherente con el hecho de que los menores que llevan viviendo en España un cierto tiempo y que han sido protegidos, cuidados y educados por instituciones españolas “puedan tener una adecuada continuidad documental e inserción laboral”.
Tal y como informó Ibercampus, el Gobierno admite con su reforma que la carga burocrática del marco normativo actual hace que muchos menores no acompañados se vean abocados, en el momento de cumplir su mayoría de edad, a una situación de irregularidad sobrevenida tal y como vienen poniendo de manifiesto instituciones públicas y privadas, entre ellas el Defensor del Pueblo-
En este sentido, Comisiones Obreras reprocha la “actitud muy contraproducente” del Ministerio del Interior que ha obstaculizado continuamente esta reforma bajo “vacuos pretextos basados en excusas no justificadas” y poco racionales que redundan en discursos “manidos y obsoletos”.
“Se ha perdido mucho tiempo por esa actitud y, en todo caso, CCOO queremos valorar la sensibilidad de la Dirección General de Migraciones –dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones– y su perseverancia al respecto”.
Por su parte, UGT también ha censurado el retraso injustificado del reglamento, no solo en su tramitación, sino en las razones que se dieron para no aprobarlo antes del mes de agosto de este año
Asimismo, ha recalcado que “estamos hablando de niños, niñas y jóvenes” y ha asegurado que las “expresiones de rechazo, las mentiras, y el odio vertido sin pudor por determinados grupos y partidos políticos” sobre estos menores de edad “son inconcebibles en una democracia”.