El Gobierno de Madrid ha anunciado que destinará casi 259 millones para transformación digital y excelencia, compensando a las universidades públicas de la región las cantidades que debía transferirles en cuanto a becas de matrícula y bonificaciones. Los de Complutense y Autónoma serán los campus más beneficiados por el acuerdo que anunció al respecto el Consejo de Gobierno de Madrid el día anterior a Nochebuena para invertir exactamente 258,9 millones de euros en las 6 universidades públicas de la región. El objetivo es que los destinen, principalmente, a transformación digital y ecológica e infraestructuras científico-tecnológicas.Pero los alumnos de estas universidades que han vuelto a la presencialidad (UNED y UIMP no aparecen por ser de competencia estatal) aún no saben nada del reparto de dichas ayudas ni de la forma y calendario con el que cada universidad reducirá sus precios públicos.
Esta falta de información de los estudiantes, pese a estar relacionadas las ayudas de Madrid con sus becas de matrícula y bonificaciones, se mantiene al reanudarse y completarse la actividad presencial en los campus de las seis universidades públicas, al igual que e las otras nueve comunidades que deberán bajar sus tasas de matrículas universitarias, según ha constatado Ibercampus.es en las representaciones consultadas. Ello obedece a que el reinicio de curso para comenzar el segundo cuatrimestre lectivo está
casi limitado en toda España a la realización de exámenes, sobre los cuales emitió un comunicado Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Madrileñas (CRUMA) el pasado jueves 14 de enero sobre la realización de exámenes presenciales. Alcalá y la Carlos III regresaron para realizar dichos exámenes el pasado lunes, mientras que la Rey Juan Carlos y la Complutense reabrieron este jueves y la Politécnica y la UAM lo harán el lunes próximo.
Con la inversión de 258,9 millones que va a efectuar el Gobierno madrileño intenta compensar las cantidades que tenían pendientes las universidades públicas de la región en cuanto a becas de matrícula y bonificaciones, así como exenciones en el pago de los precios públicos universitarios.Según añadía el acuerdo anunciado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso varios días antes de Navidad, mediante los acuerdos que se firmarán en los próximos días entre ambas partes, tanto la Comunidad de Madrid como las universidades públicas se comprometen a realizar determinadas actuaciones. Por un lado, la Comunidad de Madrid compensará en un único pago a realizar en el 2020 estas cantidades, mientras que las universidades públicas tendrán que destinar estos fondos en los próximos cuatro años.
La misma información oficial de Madrid decía que la distribución del pago por universidades se hará abonando 136,7 millones de euros para la Universidad Complutense de Madrid, 18,6 millones a la Universidad Autónoma de Madrid, 47,4 millones de dirigidos la Universidad Politécnica de Madrid, 18,4 millones para la Universidad Carlos III, 30,9 millones destinados la Universidad Rey Juan Carlos y 6,7 millones de euros para la Universidad de Alcalá. Irán dirigidos a proyectos relacionados con la transformación digital, la transformación ecológica y la infraestructura científico-tecnológica para el fortalecimiento y mejora del equipamiento científico-tecnológico, su renovación, gestión y mantenimiento.
La principal manifestación de exenciones y reducciones en materia de precios públicos universitarios la constituyen las becas de matrícula y las bonificaciones y exenciones en el pago de los precios públicos universitarios.Madrid es una de las diez comunidades autónomas que tendrá que bajar durante los próximos tres años sus tasas universitarias hasta reducirlas a los nieves existentes hace diez años, en 2011, según la "Propuesta de modelo de precios públicos de matrícula de los estudios oficiales de Grado para el curso 2020-2021", presentada por el ministro Castells a las comunidades autónomas y aprobada en Conferencia General de Política Universitaria el pasado mes de mayo.
Junto a Madrid, deberán de bajar sus tasas universitarias en ese plazo de tres años Aragón, Islas Baleares, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Navarra, País Vasco y La Rioja, además de las ciudades de Ceuta y Melilla. Cataluña tendría que reducir un 43% el precio del grado y la Comunidad de Madrid un 20%. Comunidad Valenciana, un 12%; Navarra, un 7,1%; País Vasco, un 4,7%; Aragón y Extremadura, un 4,1 y el resto en cuantías más moderadas. No tendrían que bajar sus precios actuales Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia, aunque todas ellas salvo Canarias estuvieron entre las que más subieron las tasas en los años 2012, 2013 y 2014, encarecimiento que luego algunas compensaron y que ahora intenta revertir el Gobierno estatal para cumplir el punto 2.1.14.- Nueva política de las becas y tasas universitarias del Programa Programa de coalición progresista PSOE-Unidas Podemos, cuyo último párrafo dice textualmente en la página 11: Promoveremos, en el marco de la Conferencia Sectorial, la reducción de las tasas universitarias a los niveles previos a la crisis".
Las universidades públicas tienen reconocida autonomía económica y financiera; y la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades les reconoce el derecho a consignar en sus presupuestos las compensaciones correspondientes a los importes derivados de las exenciones y reducciones que legalmente se dispongan en materia de precios públicos.
Seguimiento de las acciones
Las universidades deberán presentar, antes del 1 de diciembre de cada año de vigencia de los acuerdos, una memoria descriptiva de las actuaciones llevadas a cabo en el año en desarrollo de las líneas de actuación a las que se comprometen con la referencia a su correspondiente importe. Para el seguimiento de cada uno de los acuerdos se constituirán comisiones mixtas integradas por tres representantes de cada una de las partes firmantes.
Las comisiones se reunirán, como mínimo, una vez al año para analizar la documentación aportada por la respectiva universidad y para adoptar las decisiones necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en cada acuerdo.
Asimismo, propondrán a los órganos competentes de la Comunidad de Madrid y de cada universidad firmante las medidas que considere necesarias en relación a las cuestiones que se susciten durante la vigencia de los acuerdos.
