Los dos incidentes se han coincidido con la noticia de que el Gobierno de Cristina Cifuentes ha decidido desgravar hasta el 15% la escolarización en centros privados o concertados de 0 a 3 años, una medida que, según denuncian los sindicatos, “refuerza” las ya promovidas por el PP en la Comunidad de Madrid para seguir beneficiando a la escuela privada.
Tras la incidencia del error de voto, el portavoz del PP, Enrique Ossorio, reclamó una revisión de lo ocurrido y la Mesa de la Asamblea ha comprobado hasta en siete ocasiones junto a los servicios técnicos que ese botón funciona y que, por tanto, era un error de Cifuentes. Por ello, el Consejo de Gobierno se ha reunido en sesión extraordinaria para retirar su proyecto y, con ello, hacer caer la enmienda morada. El portavoz Ángel Garrido ha detallado que les acompaña "toda la jurisprudencia" parlamentaria, que permite ese freno de emergencia para no "desvirtuar" su contenido.El Ejecutivo pretende volver a llevar a la Cámara la Lemes original tan pronto como sea posible, una vez consultados sus servicios jurídicos y así dar cumplimento a la "voluntad popular".
La oposición ha criticado esta maniobra, que anticipa un nuevo conflicto político. Para José Manuel Franco, secretario general de los socialistas, es una "chapuza" y un "gravísimo atentado contra el poder Legislativo".En esta línea, el diputado de Podemos Eduardo Fernández Rubiño cree que la votación de la enmienda es ya "un acuerdo firme". "Lo que ha salido aprobado es nuestra enmienda a la totalidad con texto alternativo y por tanto el proyecto de ley del Gobierno ya no puede ser retirado", ha defendido en declaraciones recogidas por Europa Press. A su juicio, su texto es el que debe continuar la tramitación parlamentaria.
Debido a la baja por paternidad del portavoz de Cs, Ignacio Aguado, los bloques de centroderecha y de centroizquierda sufren un permanente empate en escaños en la Cámara. Esta situación obliga a repetir dos veces cada votación hasta que, siguiendo el reglamento, decae la iniciativa enemendada, Antes de la de Podemos, el Parlamento había rechazado la enmienda a la totalidad de los socialistas tras tres votaciones.
Por otra parte, Cristina Cifuentes y exmiembros de la cúpula del PP de Madrid están en peligro próximo de imputación, tras la tercera declaración de Francisco Granados ante el juez del ‘caso Púnica’, Manuel García Castellón, en la tarde de este jueves, a un año de las elecciones municipales y autonómicas de 2019. Granados ha implicado a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, junto a Ignacio González y a la expresidente Esperanza Aguirre, en la financiación ilegal del PP de Madrid.
Este jueves, el juez García Castellón le ha preguntado, sin rodeos, si había financiación ilegal en su partido y Granados ha llevado facturas falsas para demostrarlo.“No se tomaba ninguna decisión de ningún tipo en la Comunidad de Madrid sin que pasara por Esperanza Aguirre o Ignacio González”, ha añadido el exconsejero. Asimismo, ha insistido en que como en 2007 y 2008, Cifuentes y González mantenían una “tórrida” relación amorosa, hacían y deshacían cómo y cuando querían, ningún puesto se daba sin que lo decidieran ellos y se encargaban de financiar ilegalmente la campaña de Aguirre.
Granados el pasado lunes tenía que haber declarado en el Juzgado de Instrucción número 3 por la querella de injurias y calumnias que le puso Cifuentes, pero no acudió.Un día después, compareció en la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP en el Congreso, aunque no dijo nada. Y este jueves, le ha tocado declarar por tercera vez ante el juez García Castellón por el ‘caso Púnica’, donde ha señalado que la Agencia de Informática y Telecomunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM), el Canal de Isabel II, el Consorcio de Turismo, el Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) y la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la CAM (Fundescam) pagaban todo, pues desviaban dinero, sobre todo, a las campañas electorales de Esperanza Aguirre.
Según algunos medios, Granados tiene un pacto con las fiscales: colaboración informativa a cambio de que se agilice su caso y dejen en paz a los suyos.
Cifuentes decía que cuando hay una imputación por corrupción debe producirse la dimisión. En cualquier caso, Ciudadanos pedirá “la dimisión de Cifuentes si resulta imputada por la financiación irregular del PP de Madrid”.
