La ministra de Educación, Isabel Celaá, anunció este miércoles en el Congreso una amplia reforma de la Lomce, sin esperar a un Pacto Educativo. Entre otros cambios, el Gobierno quiere eliminar el artículo 109.2 sobre demanda escolar para que la escuela pública no sea «subsidiaria de la concertada». Precisó que «la concertada puede estar, y puede dejar de estar, pero la que tiene que estar es la educación pública».En los centros concertados estudia el 25% del alumnado español.
El Gobierno intenta así restar a la escuela concertada el peso que le reconoció la Lomce, modificando el artículo 109.2 de la Ley Wert, que fija las plazas en función de la llamada "demanda social". Este término permite a los colegios financiados con fondos públicos sacar más plazas si así lo demandan las familias. Su propuesta es eliminar la "demanda social" del nuevo redactado.
Celaá ha afirmado que la "demanda social" (por la que el PP ha luchado durante años) es "un eufemismo que ha servido para propiciar en algunos casos que la escuela pública sea subsidiaria de la concertada". "La red pública tendrá preminencia, mientras que la concertada será complementaria de las necesidades de escolarización", ha avisado.
El Gobierno sostiene que la Lomce ha permitido que algunas comunidades autónomas (Madrid, la Comunidad Valenciana) hayan cedido terrenos públicos para centros concertados y se ha producido un "abuso que no se puede volver a repetir". "Nunca nos ha gustado esa demanda social como principio para aplicar a los conciertos", ha reconocido la portavoz de Educación del PSOE en el Congreso, Mari Luz Martínez Seijo, "ni que exista el cobro de cuotas que, aunque se llamen voluntarias, son un motivo de segregación para el alumnado".
Sandra Moneo, portavoz de Educación del PP, mostró su "preocupación" por este cambio, recordando a la ministra "el papel de responsabilidad que tienen los padres en la educación de sus hijos y la existencia de la demanda de las familias en el marco de la oferta educativa", así como el principio de "libertad de enseñanza" que recoge el artículo 27 de la Constitución.
Celaá le ha respondido que "también en la escuela pública hay libertad de elección". "La libertad de elección la queremos para todos, pero a veces hay barreras económicas, en forma de comedor y transporte, que no todo el mundo puede superar. Parece que a veces cuando hablamos de libertad es la libertad de centro para elegir al alumno más que la libertad del alumno para elegir el centro".
La ministra ha asegurado que "la inmensa mayoría de la red concertada cumple sus fines" y ha recalcado que "no todos los centros concertados son iguales" y que "hay algunos que cumplen con una extraordinaria función social", aunque "no todos tienen esa visión social tan marcada".
También ha destacado la "situación de excepcionalidad de algunas escuelas" en las que niños y niñas estudian por separado. Ha prometido abrir con estos centros de educación diferenciada por sexos "un tiempo de diálogo", una postura más suave que la que ha mantenido el PSOE, que hasta ahora apostaba por retirar la financiación pública a estos colegios, que Podemos le ha reprochado.
Celaá ha comparecido en la Comisión de Educación del Congreso para desgranar las líneas maestras de su proyecto educativo. Los cambios son de calado. Por ejemplo, la Religión dejará de contar para la nota media y para pedir becas y acceder a la universidad. Será de oferta obligatoria y de demanda voluntaria. Será evaluable y estará dentro del horario escolar. El Gobierno de Sánchez ya no va a denunciar los acuerdos Iglesia-Estado, como prometía y Unidos Podemos se lo ha afeado."Hoy por hoy tenemos que cumplir los tratados internacionales y los acuerdos religiosos", se ha defendido la ministra.
En cualquier caso, desaparece la asignatura alternativa de Religión. No habrá materia para los que no escojan Religión y no queda muy claro que es lo que harán estos chicos, porque la opción de Valores Éticos y Cívicos va por otro lado: se convertirá en obligatoria y tendrá un papel más relevante en el currículo.
Y una cosa muy importante: el Gobierno va a apostar por vincular la autonomía escolar a los resultados adquiridos y va a recuperar las evaluaciones de diagnóstico que había en la LOE. No tendrán efectos académicos pero servirán a las administraciones para "hacer seguimiento y ayudar a los centros a definir sus planes de mejora". Los colegios que mejor lo hagan (teniendo en cuenta el contexto socioeconómico en el que se encuentran) podrán solicitar más medios. Estas evaluaciones se harán en 4º de Primaria y 2º de la ESO y se consensuarán en el marco de la Conferencia Sectorial de Educación.
Vuelta a la LOE
La comparecencia de Celaá ha dejado claras dos cosas. Por un lado, que van a desmontar la parte de la Lomce que aún quedaba en pie. Lo quieren hacer con carácter de "urgencia", pero intentarán alcanzar acuerdos concretos con el resto de las fuerzas parlamentarias. Por otro lado, se ha puesto de manifiesto que en muchas cosas van a volver a la LOE. Sobre todo en las cuestiones que menos tienen que ver con lo estrictamente educativo, sino que afectan a las libertades individuales (como los conciertos o la Religión). Celaá también ha proclamado que el "aprender a aprender ha de ser el eje transversal, desde Infantil hasta el Bachillerato". Este mensaje es muy LOGSE y vincula al Gobierno con el viejo socialismo.
Y esa vuelta a las esencias implica también atraer hacia sí a la comunidad educativa, algo que no supo hacer bien la Administración del PP. Celaá no ha dicho ni palabra del MIR educativo (que se ve con desconfianza entre el profesorado) y, a cambio, ha dado más poderes a docentes, padres y alumnos anunciando una modificación en los artículos 122, 127 y 135 de la Lomce para que se recupere su capacidad de decisión en los consejos escolares.
Otro guiño a los docentes es la derogación del decreto de recortes de 2012, que reducirá de 20 a 18 las horas lectivas semanales que tienen que cumplir los profesores de Secundaria.
También van a borrar de la etapa del PP los itinerarios que separaban a los alumnos a partir de los 13 años en función de sus preferencias de futuro (se derogará el articulado de la Lomce que contemplaba estas vías); cambiarán a partir de septiembre el sistema de becas que impulsó José Ignacio Wert, y modificarán la FP Básica que introdujo la ley del PP.
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