Reunidos de urgencia en Sao Paulo, los ministros de Brasil, Argentina, Paraguay y y Uruguay, los cuatro fundadores de Mercosur mediante el Tratado de Asunción firmado el 26 de marzo de 1991, decidieron con una declaración conjunta aplicar la llamada "cláusula democrática" para sancionar al régimen de Caracas, que en diciembre pasado ya había sufrido una "suspensión jurídica" por decisión de los tres primeros países, tomada a partir de la reunión de sus presidentes durante los Juegos Olímpicos de Río.
"Es una llamada para un inicio inmediato de un proceso de transición política y la restauración del orden democrático en Venezuela", señala el comunicado difundido por Mercosur, que apunta directamente contra las acciones del Gobierno que preside Nicolás Maduro, quien mientras tanto declaraba que a Venezuela no le sacaron las 10 del Mercosur y arremetía contra los países que tomaron la decisión. El Tratado de Asunción, al igual que los constitutivos de la Unión Europea, requieren que sus miembros tengan instituciones democráticas, por lo que Paraguay fue suspendido el 28 de junio de 2012 en la injerencia de las decisiones del Mercosur hasta que fueran efectuadas las elecciones democráticas programadas para abril del 2013. De hecho, el 30 de julio de 2012, con Paraguay suspendido, medida que duró hasta el 13 de julio de 2013, los restantes tres países aprobaron el ingreso de Venezuela al bloque, que se concretó al el 12 de agosto de ese mismo año.
Además de los seis países miembros si se incluye a Bolivia con candidato en proceso de adhesión, otros países que son parte de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) pueden participar de las reuniones del MERCOSUR para tratar temas de interés común, como integración política, económica, social, etc., en carácter de invitados. Eso significa que tienen derecho a voz pero sin voto. Son los llamados Estados Asociados, y están compuestos por Chile, Colombia, Ecuador, Perú, y más recientemente, Guyana y Surinam.
La suspensión de Venezuela llega después de que Estados Unidos, que controla según McKynsey el 66% de la información latinoamericana, impuso este lunes sanciones económicas directas al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, criticado este martes en la prensa española por aplastar la democracia.
La Asamblea Constituyente de Venezuela decidió también este sábado, en su primera reunión oficial, destituir a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, así como inhabilitarla para el ejercicio de cualquier cargo público. Los diputados de la Constituyente nombraron al Defensor del Pueblo, Tarek Williams Saab, sustituto provisional de una fiscal que se había convertido en una de las voces más críticas contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y había ordenado investigar el fraude cometido en las elecciones celebradas hace una semana. El propio Maduro acusó el pasado viernes a la Fiscalía de ser cómplice de la "insurgencia armada" que sufre el país.
Tras conocer su destitución, la ya ex fiscal general declaró que el Gobierno de Maduro busca "perpetuar el desfalco a la nación". "En Venezuela está en pleno desarrollo un golpe contra la Constitución promovido por el Tribunal Supremo de Justicia y el Ejecutivo Nacional", indicó Ortega en un comunicado. Horas antes de su destitución, la sede de la Fiscalía General, en el centro de Caracas, había amanecido rodeada por tropas de la Guardia Nacional. Los efectivos militares arrestaron a los escoltas y personal de seguridad de la Fiscalía, e impidieron a la fiscal general la entrada en el edificio..
Henrique Capriles: "Queremos sustituir a Zapatero por Cardoso y Lagos"
En una entrevista publicada en ABC, el líder opositor Henrique Capriles señala que la solución a la crisis venezolana podría encontrarse en una mesa negociadora a nivel de gobiernos y no en una intervención militar. "Las crisis no pueden resolverse con golpes de Estado", subraya. Preguntado por la labor de mediación del ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, Capriles pone en duda los resultados obtenidos. "No tengo nada personal contra Zapatero y se lo he dicho, pero el balance de sus gestiones es que hay más presos políticos y no hay elecciones a gobernadores y alcaldes… Cualquier político venezolano le supera. Decía que Maduro le escuchaba, pero se han burlado de él, le han vacilado", señala."
Tambien en una entrevista concedida a ABC, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, señala que la destitución de la fiscal general de Venezuela "es una muestra más de la deriva que pretende acabar con cualquier voz crítica". El responsable de la diplomacia española reitera que nuestro país no reconoce la Asamblea Constituyente porque "no representa la voluntad de la mayoría de los venezolanos y no es el camino hacia la restauración de la democracia". Según explica, España trata de liderar una actitud común en la Unión Europea para "incrementar la presión hacia el régimen" venezolano, aunque descarta las sanciones económicas porque, en su opinión, contribuirían a hacer más dura la realidad de los ciudadanos. "Nosotros creemos que la deriva de Maduro y de los que le apoyan es muy preocupante y hay que ponerle freno", concluye."No condiciono un acuerdo Londres-UE a recuperar a la vez Gibraltar", dice también Dastis.
