La duda extendida en los medios y que el Ejecutivo no despeja por el momento es si tras esta serie de anuncios hacia el giro político se trata simplemente de preparar las elecciones, bien sean las autonómicas, locales y europeas de junio de 2019, o unas generales anticipadas que convendrían a Ciudadanos, debido a su menor implantación territorial. Los movimientos hacia un pacto de financiación autonómica sugieren incluso la posibilidad de que el PP pactará con PSOE y Podemos, dejando la oposición a Ciudadanos, que en Andalucía apoya al gobierno socialista. Así, PP-A se ha sumado al acuerdo de financiación autonómica del PSOE-A, Podemos e IU, que sólo rechaza Cs.
Hacienda y los sindicatos se habian fijado hace varias semanas el 1 de marzo como fecha límite para alcanzar un acuerdo sobre sueldos, empleo público y condiciones laborales de los funcionarios, si bien CCOO consideraba que la negociación sobre las condiciones laborales y la retribución de los empleados públicos se puede estirar mientras continúe la referida a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, incluida la equiparación de los salarios estatales de las fuerzas de seguridad con las autonómicas. Pero sin esperar a ese plazo Montoro anunció también cesiones a los pensionistas ahora movilizados, así como en la financiación a ayuntamientos y Comunidades Autónomas.
Lo hacía horas después de que Ciudadanos, hasta ahora soporte del pacto de Gobierno, dejó de bloquear en la Mesa del Congreso varias proposiciones de ley de la oposición, hasta nueve, tras decidir poner fin a la prórroga del plazo de enmiendas con el que mantenía, junto al PP, paralizados estos textos hasta ahora. Sucedía cuandoel el temor a un desplome electoral sigue creciendo en el PP, según destacan en sus informaciones de apertura de este mierćoles EL PAÍS y LA RAZÓN. Ante esta situación, numerosos líderes territoriales del partido reclaman al Gobierno que tome medidas urgentes para remontar en los sondeos. Al respecto, LA RAZÓN dice que "los barones piden a Montoro abrir el grifo para frenar a Cs". Tanto EL PAÍS como LA RAZÓN apuntan que los líderes regionales piden al Gobierno reformas sobre pensiones y la equiparación salarial de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Asimismo, EL MUNDO también refleja que cargos del PP han transmitido al Gobierno "su preocupación" ante el malestar de los jubilados. Este diario habla de "batalla electoral" por las pensiones, y resalta que "PSOE y Podemos luchan por capitalizar el descontento". Para EL ECONOMISTA, "la izquierda abre campaña con propuestas irreales en pensiones". En concreto, el diario dice que "la oposición pide al Gobierno subir el gasto en pensiones en 1.800 millones". En el terreno puramente electoral, EL PAÍS señala que el PP prepara "una revolución" en los liderazgos del partido en las 52 capitales de provincia de España. Según este diario, "Rajoy renovará a la mitad de los candidatos en las capitales", y tendrá "nuevos cabezas de cartel en las principales urbes"
¿Pinza de ciudadanos con la izquierda para acorralar a Rajoy?
Entre las iniciativas parlamentarias de la oposición desbloqueada por Ciudadanos destacan la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, cuyo plazo de ampliación de enmiendas al articulado ha vencido.También se ha acordado la finalización del plazo de enmiendas a la totalidad de la reforma del Código Penal para derogar la prisión permanente revisable, la reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana, así como otras dos iniciativas legislativas sobre el colectivo LGTBI. Por el contrario, se ha mantenido la prórroga a la proposición de ley de créditos inmobiliarios, de la ley de Biodiversidad y de la ley de Secretos Oficiales, entre otras.
Los diarios enmarcan el cambio de actitud de Ciudadanos en el desencuentro que mantiene últimamente con el PP. Así, EL PAÍS dice que "Rivera certifica su alejamiento de los populares". EL MUNDO destaca que "Cs rompe la entente con el PP y pone en jaque sus leyes clave". En esta línea, LA VANGUARDIA resalta que "Ciudadanos se distancia del PP y levanta una parte del boicot legislativo". Asimismo, EL PERIÓDICO señala que "Cs se aleja del PP". Para LA RAZÓN, "Rivera hace 'pinza' con la izquierda para acorralar a Rajoy". Por su parte, ABC pone el énfasis en que "Rivera abre la puerta a derogar la Ley de Seguridad Ciudadana".
El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, arremetió contra Ciudadanos por facilitar la tramitación de la proposición de ley para la derogación de la ley mordaza. Consideró "delirante y contradictorio" que Ciudadanos esté pidiendo por un lado la equiparación salarial de policías y guardias civiles y por otro permita la derogación de una ley "que trata de proteger a esos mismos agentes". Hernando lamentó que Ciudadanos "se haya unido a los grupos de izquierda y se haya sumado a esta misma fiesta".
Por su parte, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, negó que haya un "cambio de actitud" o de "criterio" de su partido para activar la tramitación parlamentaria de determinadas iniciativas. Villegas explicó que su partido deja de pedir nuevos plazos de enmiendas cuando está seguro de que la tramitación puede seguir adelante y tiene listas sus enmiendas, como ha sido el caso de la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, en la que ha presentado más de cien enmiendas.
El líder del PSOE, Pedro Sánchez, se felicitó por la decisión de Ciudadanos, que calificó de "buena noticia". Sin embargo, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, criticó a la formación de Rivera por desbloquear sólo algunas proposiciones de ley. A su juicio, Ciudadanos debería "disculparse" por llevar año y medio "bloqueando toda actividad legislativa".
Mientras, el grupo parlamentario del PP presentó una enmienda a la totalidad a la proposición de ley de reforma del Código Penal para que, en lugar de derogarse la prisión permanente revisable, como plantea el texto original, se amplíen los supuestos en los que se aplica. El texto del PP, registrado minutos antes de que termine el plazo de presentación de enmiendas, recoge el planteamiento que el Ejecutivo ha incluido en un anteproyecto de ley.
Cesiones a los pensionistas y alcaldes
El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, después de que su colega Báñez mostrar a disposición del gobierno subir las pensiones, confirmó aque el Gobierno estudia incluir en los Presupuestos de 2018 una ayuda fiscal para los jubilados de "edad muy avanzada" que palíe los "costes inherentes" asociados a unos mayores gastos por dependencia.
300 alcaldes y representantes municipales se han reunido esta mañana en la sede de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) en Madrid para exigir al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que cumpla el compromiso asumido este mismo lunes de permitir a los ayuntamientos poder destinar a políticas sociales los ahorros acumulados en los últimos años (superávit). Los alcaldes esperan que el ministro cumpla su compromiso de aprobar antes de 20 días un decreto ley que les pemita poder destinar los ahorros del 2017 (unos 5.000 millones) a infraestructuras educativas, culturales, deportivas y sociales, así como gastos en seguridad y protección civil. También esperan que Hacienda les permita ampliar el plazo de ejecución de estas obras más allá del 2018, en concreto hasta abril del 2019, cuando está previsto que se convoquen las elecciones municipales que deberán celebrarse en junio del año próximo.
"Ha habido una coincidencia unánime a la hora de valorar de forma positiva el compromiso asumido por el Gobierno", ha dicho el presidente de la FEMP, Abel Caballero,
Empleo y salarios públicos, a punto de anunciarse acuerdo
Semanas atrás, el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las principales organizaciones sindicales representantes de los funcionarios (CCOO, UGT y CSIF) cerraron prácticamente un acuerdo en materia de empleo y salarios, que supone reforzar el suscrito en marzo del año pasado, con lo que se universalizará el proceso de estabilización y permitirá rebajar la temporalidad en el ámbito de las administraciones públicas al 8% en el periodo 2018-2020, así como la creación de nuevo empleo público.Así lo señaló la secretaria de Políticas Públicas de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC-CCOO), Miriam Pinillos, tras el último encuentro que han mantenido las organizaciones sindicales con la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado.
Según Pinillos, este acuerdo en materia de empleo va a permitir empezar a recuperar el empleo perdido, no solo en los servicios prioritarios, sino en el conjunto de las administraciones y sectores públicos, con la creación de nuevo empleo público. El acuerdo previsiblemente supondrá aumentar las tasas de reposición en los sectores prioritarios y no prioritarios — consensuadas en un 100% y en un 75%, respectivamente, hasta septiembre, cuando las negociaciones sufrieron un parón por la situación en Cataluña–, hasta poder superar el 100% en sectores prioritarios, y en algunos de ellos incluso llegar al 115%, como en el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Durante la reunión, las organizaciones sindicales también negociaron el resto de condiciones de trabajo puestas encima de la mesa y se emplazaron para continuar hablando de la recuperación de la negociación colectiva y de los salarios de los empleados públicos. Para CCOO, "es fundamental recuperar la negociación colectiva para cada uno de los ámbitos competenciales, tanto en la administración local como en las comunidades autónomas".
Más concretamente, en la reunión se trataron cuestiones sobre empleo público, como la universalización del proceso de estabilización acordado en marzo, que contemplaba reducir al 8% la temporalidad en tres años, ofertando entre 270.000 y 300.000 plazas para convertir interinos en indefinidos.
Entonces dijeron que sería el lunes 26 de febrero cuando Hacienda y sindicatos tratarán la cuestión salarial, cuya propuesta por parte de la Administración es de una subida de entre un mínimo del 5,25% y un máximo del 8% para los tres próximos años. En detalle, el incremento que ofreció Hacienda contempla una subida fija del 1,5% para 2018, del 1,75% para 2019 y del 2% para 2020, a la que se sumaría otra parte variable ligada a la evolución de la economía española.
Esta parte variable podría aportar, si se cumple la previsión de crecimiento del Gobierno, un alza adicional del 0,25% en 2018, del 0,5% en 2019 y otro 0,5% en 2020. En el caso de que se superase en cuatro décimas la previsión del PIB, la subida adicional sería del 0,5% en 2018 y otro 0,75% en 2019 y en 2020. En la práctica, el salario de los funcionarios podría subir un máximo del 2% este año, un 2,5% en 2019 y un 2,75% en 2019.
Hacienda y los sindicatos se han fijado el 1 de marzo como fecha límite para alcanzar un acuerdo sobre sueldos, empleo público y condiciones laborales de los funcionarios, si bien CCOO considera que la negociación sobre las condiciones laborales y la retribución de los empleados públicos se puede estirar mientras continúe la referida a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018.
