En el encuentro conjunto con CEOE y Cepyme y con CCOO y UGT, Montoro pretende conocer cuál es la disposición de los agentes sociales respecto a estas medidas.
El ministro de Hacienda se ha mostrado dispuesto a analizar como referencia el sistema fiscal navarro y vasco, donde ya tributa la indemnización por despido improcedente.
La reforma fiscal preparada por el Gobierno recoge que las indemnizaciones por despido tributarán a partir de los 2.000 euros por año trabajado al limitar la exención que tenían sobre el IPRF y establecer un mínimo equivalente a un salario de 20.000 euros anuales. Hacienda calcula que el 80 % de las indemnizaciones por despido que fueron abonadas en 2012 seguirían exentas del pago de impuestos con este criterio. Antes de la medida, los trabajadores sólo tenían que tributar la cantidad cobrada por despido improcedente cuando superaban el máximo legal de 45 o 33 días por año trabajado.
Montoro considera que, de esta forma, se introduce “equidad” en el tratamiento fiscal de este tipo de pagos.
En cualquier caso, tras conocerse esta medida y sus repercusiones el ministro admitió que el límite de los 2.000 euros podía ser incrementado y señaló que era una propuesta que debía ser estudiada con patronal y sindicatos.
Hasta ahora todas las indemnizaciones por despido estaban exentas en su totalidad, independientemente del salario anual recibido.
Por otra parte, CINDO DIAS y EL ECONOMISTA informan este lunes que la fiscalidad de los pagos en especie aportarán casi 1.000 millones a la recaudación fiscal esperada por el Gobierno antes de que se apruebe la anunciada reforma. Queda sólo medio mes para que las empresas actualicen sus nóminas y coticen por ellos en virtud de las modificaciones introducidas al efecto por decreto-ley a finales del 2013.
