La profesora de Yale Susane Rose-Ackerman desgrana en su libro La corrupción y los gobiernos que los sobrecostes en las obras públicas son la espina dorsal de la corrupción política y empresarial. De su experiencia en el Banco Mundial explica que era muy frecuente encontrar el eufemismo "costes excesivos no justificados" para esconder estas trampas. Y apunta: "Estos incrementos del gasto son en primer lugar un ejemplo de mala gestión, por la que nunca se ofrecen responsabilidades y presumiblemente encierran un desvío de fondos que es proporcional al incremento del gasto y a la ampliación y duración de las obras".
A la teoría de Rose-Ackerman, según escribe también Sergi Pitarch en el citado digital, le ponía cara esta semana Vicente Monsonís, expresidente de la Asociación de Empresarios de Construcción de Castellón. Monsonís relató con todo lujo de detalles el pago de mordidas al PP en las modificaciones de los contratos de obras públicas desde la época de Eduardo Zaplana. De hecho, los sobrecostes servían para abonar el 3% de comisión, aunque en ocasiones y si la obra se desmadraba mucho, la porción -de pizza, como la bautiza el constructor- podría alcanzar hasta el 30%. Lo duro de esta práctica, añadía, es que si no entrabas en el juego quedabas fuera del pastel de las adjudicaciones públicas.
Los sobrecostes como foco de corrupción también se han visto durante las jornadas de confesiones en el juicio del caso Gürtel y se siguen investigando en el caso Taula, ambas causas abiertas por la relación entre la financiación ilegal del PP y los contratistas de la Generalitat Valenciana. Jueces, fiscales y policías buscan contratos que en el proceso de licitación se adjudicaron con bajas temerarias para apartar a la competencia pero que en la ejecución sufrieron sobrecostes muy superiores a las bajas iniciales gracias a los modificados de obra. La corrupción hecha normaPese a las confesiones, los indicios y las declaraciones más que evidentes, el Gobierno de Mariano Rajoy esconde a la luz pública los sobrecostes que han sufrido las grandes obras pagadas por el Gobierno de España. Tanta es la opacidad y el oscurantismo que en este momento el Ejecutivo pleitea en la Audiencia Nacional contra el Consejo de Transparencia, ya que se niega a revelar los incrementos injustificados en los megacontratos públicos como las obras del AVE, las construcciones de puertos o la inversión en carreteras.
La denuncia del Consejo de Transparencia -nombrado por el propio Gobierno- nace de una petición de información de eldiario.es. Este medio de comunicación pidió la lista de modificaciones de contratos de obra del Ministerio de Fomento para conocer en qué proyectos se multiplicaron los costes sobre el precio de adjudicación. El Consejo de Transparencia dio la razón a este medio y asegura que la ley obliga a publicar los sobrecostes en adjudicaciones de obra pública. El Gobierno se negó a acatar la resolución, lo que ha acabado en un conflicto entre ambas instituciones en un contencioso-administrativo.
Ni la alarma social generada por los casos de corrupción ni las evidencias de que estas redes corruptas nacieron y bebieron de los sobrecostes en las obras públicas para pagar mordidas han servido para incrementar la transparencia y la fiscalización de las mismas. Ni que sea para que la administración de la cosa pública gane en credibilidad.
Y es que tanto en los años de bonanza como en los de crisis económica los incrementos del gasto fuera del presupuesto han sido una máxima en las obras en España. Solo entre 2008 y 2013, el Ministerio de Fomento pagó más de 10.000 millones en sobrecostes. Y en muchos casos las empresas que han incurrido en estas penalizaciones para el erario público se repiten y, en algunos, aparecen vinculadas a casos de corrupción.
Un ejemplo paradigmático es el Palau de les Arts (la ópera de Valencia) que costó cuatro veces más de su presupuesto inicial, al pasar de los 96 millones iniciales a los cerca de 480 millones finales. La UTE que realizó las obras en 2006 estaba formada por Lubasa, Cyes y Rover Alcisa. La primera empresa es propiedad de Gabriel Batalla, uno de los empresarios que ha confesado financiar al PP en 2007 y 2008. La segunda está siendo investigada en los casos Gürtel y Taula y la tercera fue acusada por Ricardo Costa como donante del PP en la campaña de las elecciones generales de 2008.
La obra del trazado del AVE entre Madrid y Barcelona (621 kilómetros) salió a concurso por 7.550 millones de euros en 2002. Se adjudicó a la baja por 6.822 millones y terminó costando 8.996 millones de euros. Un sobrecoste del 31%, según un informe del Tribunal de Cuentas. Un caso claro de que las bajas del precio de licitación acaban convirtiéndose en sobrecostes.
La futura estación del AVE de la Sagrera (Barcelona) fue licitada por el Ministerio de Fomento en 2009. Ocho años después, las obras están sin terminar y enredadas en una trama corrupta de presuntos sobornos y facturas infladas entre empresarios y exresponsables de Adif. Un informe del Tribunal de Cuentas ha cifrado el fraude en 133 millones por sobrecostes, plazos sin cumplir y pagos por trabajos no realizados.
No es el único caso de proyectos que multiplicaron su coste final después de haber sido adjudicada la obra: los túneles de la M-30, el AVE a Alicante, la variante del puerto de Pajares o la T4 de Barajas fueron adjudicados por un precio mucho menor que su coste final. En el caso de la M-30, el Gobierno de Alberto Ruiz Gallardón aceptó encarecer la obra en 1.600 millones de euros en una reunión de 25 minutos, según publicó eldiario.es.
