ADICAE acredita el carácter abusivo de las cláusulas que establecen una comisión por reclamación de posiciones deudoras, así como las relativas a intereses de demora desproporcionados, que en algún caso llegan al 25%, y a la capitalización de estos intereses (es decir, aplicar intereses sobre los intereses). Dice dice que "se ha vulnerado la normativa de protección de los consumidores y usuarios al incorporar en los contratos hipotecarios cláusulas colaterales que han sido impuestas en bloque al contratante como ´condiciones generales de la contratación´, suprimiendo la capacidad de negociación real de los mismos y produciendo, por tanto, un desequilibrio a los usuarios que las aceptan o se ven obligados a renunciar al préstamos hipotecario".
ADICAE ataca "disposiciones que exoneran o limitan la responsabilidad u obligación de los bancos y cajas, que imponen a los usuarios gastos económicos, como comisiones, o que implican la renuncia expresa de sus derechos inherentes como consumidores", y lamenta la incorporación de ´condiciones abusivas que incurren en prácticas contrarias a la buena fe, a la normativa de transparencia y al justo equilibrio de los derechos y obligaciones de las partes originando un beneficio únicamente para la entidad bancaria´".
Se refiere al "uso de términos ambiguos en la definición de las comisiones, la imposición de la renuncia al derecho del usuario de ser informado, la inclusión de comisiones que remiten a textos distintos al del préstamos hipotecario, el cobro de cantidades por servicios no prestados y/o la imposición de contratación de productos y servicios que no suponen una rentabilidad para el usuario y que dejan a los consumidores en una posición de debilidad".
Los condicionados que imponen al consumidor gastos que corresponden al banco ha sido otro de los aspectos denunciados junto con las cláusulas que, directamente, "imponen al hipotecado la contratación de productos que no ha solicitado".
Por último han sido denunciadas también ante la Junta "la renuncia a derechos que se impone a los consumidores al otorgar al banco la capacidad de ceder el préstamo a un tercero sin tan siquiera informar al hipotecado, y la facultad que la entidad se atribuye para compensar cualquier impago con depósitos u otros títulos que el usuario tenga en la entidad, incluso vendiendo los productos de ahorro del hipotecado sin su consentimiento".
