En apenas seis días, el Gobierno ha visto a Bruselas recortarle las previsiones de crecimiento más que ningún otro país europeo o a sindicatos y patronal obligarle –salvo sorpresa de último minuto– a legislar en solitario una nueva fórmula de sostenibilidad de las pensiones mientras rechazaban en bloque la propuesta de ERTEs diseñada por Nadia Calviño y José Luis Escrivá.
Y a este último, por cierto, protagonizar otro rocambolesco episodio a cuenta de la ‘ampliación’ del periodo de cálculo de las pensiones comprometida con la Comisión Europea, pero nunca bien explicada en España.
Mientras, los ciudadanos comparan lo que han subido sus nóminas con lo que han subido los precios, sobre todo los de la electricidad, pese a la promesa del Ejecutivo de rebajar la factura.
Aunque la mayoría de organismos de estudio oficiales y privados aseguran que este repunte de la inflación será temporal y se moderará antes de final de año, la variación acumulada hasta octubre del IPC llega al 5%.
A lo que se suma el temor cada vez mayor a un ‘apagón’ no energético, sino de suministros de productos, sobre todo tecnológicos. en los hogares de cara a la Navidad.
Fundado o no este temor –los datos de ofertas de las plataformas de ofertas de empleo no lo avalan– el impacto de los precios medidas clave de esa agenda social, como la Ley de Vivienda, se han visto difuminados cuando precisamente estos gastos, los más vinculados al hogar en invierno, son los que más han subido.
A corto plazo, la inflación complica la subida de las pensiones prometida para 2022, por no hablar de la compensación por la desviación de la inflación del presente año. La nueva fórmula no es la previa al derogado ÍRP aprobado por el PP –que oscilaba entre el 0.25% y el IPC más 0,5% según el estado de las cuentas de la Seguridad Social –.
Si antes se calculaba con la inflación a noviembre, ahora es con la media del año. Aunque técnicamente se impide la pérdida de poder adquisitivo, ese desajuste con la inflación mensual puede tener un efecto negativo en la opinión pública de los pensionistas, sobre todo cuando reciban la ‘paguilla’ compensatoria en enero.
A esta cuestión se suma el ruido acerca de la ampliación del periodo de cómputo de la pensión también ha puesto sobre la mesa la duda de hasta qué punto el Mecanismo de Equidad Intergeneracional propuesto por Escrivá es el verdadero sustituto del derogado Factor de Sostenibilidad del Gobierno del PP.
El Gobierno ha presentado su reforma en 2 fases: la primera la derogación del Factor de Sostenibilidad y el IRP, ya tramitándose como Ley en las Cortes, y una segunda pata con el diseño del nuevo Mecanismo, que se introducirá como enmienda en ese trámite.
¿Una ‘tercera pata’ de la reforma de pensiones?
El Ejecutivo afirma que la fórmula se centra en los ingresos sobre los gastos, lo que pasa por una subida de cotizaciones. Pero los borradores conocidos parecen más centrados en rellenar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social a medio plazo, que en la sostenibilidad integral del sistema.
En este sentido, una modificación de los periodos de cálculo a partir de 2022 tendría un impacto directo en el gasto. Las cuestión es que el Gobierno asegura que no se trata de prolongar la senda de elevación lineal como la que ha llevado de los 15 a 25 años en 2022, sino de hacer «elegibles» los mejores años.
El diseño de esta nueva fórmula, de la que no se sabe nada, y que estará especialmente vigilada por Bruselas, sobre todo tras el descalabro de las previsiones, dirá hasta qué punto esta es la verdadera ”tercera pata” de la reforma de pensiones.
En el aire el compromiso del SMI
La inflación y su efecto en las empresas también afecta, por supuesto, a las previsiones de subida del SMI en 2022, que deberían subir alrededor de un 3,2% para cumplir la senda de que alcance el 60% del salario medio en 2023, que ya detallamos en Ibercampus.
En este sentido, a la negociación en el diálogo social –recordemos que la subida retroactiva de septiembre se aprobó sin apoyo de la patronal– se sumarán los recelos dentro de propio Gobierno, que prendieron con ocasión de aquel incremento del 1,6%.
El choque entre PSOE y Unidas Podemos a cuenta de la reforma laboral no ha hecho más que reforzarlos. Máxime cuando la entrada de la vicepresidencia económica en la mesa de negociación ha sido, cuando menos, accidentada, con una propuesta introducida a última hora que ignoraba todo el trabajo previo sobre el rediseño de los ERTEs y que ha sido cuestionada y criticada con una rotundidad sin precedentes por empresarios y sindicatos.
