Ignacio Muro y Bruno Estrada fueron los encargados de presentar la plataforma que dió sus primeros pasos al suscribir el llamamiento ‘Una nueva senda para Europa’ impulsada por los sindicatos europeos y, sobre todo, elaborando un MANIFIESTO FUNDACIONAL que ahora está recabando apoyo público entre diversos colectivos de Comunidades Autónomas.
La Plataforma está compuesta por personas que aportan sus conocimientos y experiencia de forma individual pero buscará articular el apoyo institucional en todas sus vertientes. La presencia en el acto del Ayuntamiento de Madrid, representado por Bernardino Sanz, que expuso el apoyo incuestionable del consistorio a las iniciativas de economía social a las que reclamaba, al tiempo, eficiencia y rasgos competitivos, o la colaboración de la Fundación 1 de Mayo y la organización de Economistas Sin Fronteras, ambas patrocinadoras de un dossier específico elaborado por la Plataforma, lo demuestran, según informa la Plataforma.
Esta empieza ahora a trabajar un borrador de proyecto de ley sobre participación de los trabajadores en las empresas que continuará su recorrido en un diálogo con los agentes económicos y que deberá prologarse durante 2019 y 2020. Con ello pretenden aportar su grano de arena al desarrollo de la Constitución Española que, a los 40 años de su firma, sigue sin cumplir el mandato expresado en el artículo 129.2 que señala como “obligación de los poderes públicos promover las diversas formas de participación en la empresa… y el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.”
El acto de presentación continuó con un debate, coordinado por Mónica Andrade, directora adjunta de la revista digital CTXT / Contexto, que permitió un repaso a diversas experiencias reales de España y Europa al tiempo que se constataba la lejanía de los centros de pensamiento y la Universidad sobre esas iniciativas.
Felix Vicente explicó su experiencia como representante de la sección de CCOO en Cartera Social SA, una sociedad instrumental por medio de la cual los trabajadores son el principal grupo de control de CAF, con un 26% de participación. La iniciativa se mantiene después de 25 años de experiencia y ha permitido que CAF haya superado cualquier intento de asalto hostil desde grupos extranjeros y deslocalizaciones de su actividad. CAF mantiene su proyecto industrial con sede en Beasaín, más de 8.000 trabajadores en todo el mundo y sigue construyendo su identidad desde posiciones estratégicas consensuadas entre dirección y trabajadores orientadas al diseño y fabricación de equipamiento ferroviario de alto valor.
Joseba Amondarain, director de Promoción Empresarial en la Diputación Foral de Guipúzcoa, expuso la singularidad de los programas impulsados por su institución que buscan arraigar en el territorio la dinámica industrial, evitando pérdida de tejido productivo y potenciando la innovación de las empresas, principalmente PYMES. En ese contexto, expuso iniciativas que facilitan la participación de los trabajadores en las empresas, en particular aquella que facilita la transmisión de la propiedad a favor de la plantilla cuando el empresario se jubila, garantizando la continuación de la actividad y evitando deslocalizaciones. Un ejemplo que otorga un nuevo rol a las iniciativas públicas en un momento de grandes dificultades por las incógnitas que las diversas transiciones en curso (cambio digital, cambio climático, envejecimiento) someten a los agentes sociales.
Sara Lafuente, investigadora de ETUI, European Trade Unión Institute, nos expuso los pros y contras de las diferentes experiencias europeas basadas en mecanismos de codecisión en las empresas, en particular la cogestion alemana, y también los impulsos hacia la participación financiera de los trabajadores. Destacó en este sentido la reciente iniciativa belga, quizás la que más lejos está llegando en una regulación proactiva en esa dirección.
Amparo Merino, desde su experiencia como profesora de la Universidad Pontificia de Comillas, /ICADE expuso cómo la corriente imperante en la academia sigue siendo la consideración neoliberal y jerárquica de la empresa. Y cómo se ha perfeccionado un esquema en el que cada individuo, en tanto que emprendedor, debe interiorizar su rol vital gestionando su trayectoria como si de una empresa se tratara, en la que el fracaso o el éxito solo es función de cómo gestiona sus conocimientos y habilidades, descontextualizandolo de cualquier responsabilidad social.
La diversidad de las experiencias señaladas permitió un debate con la participación de los asistentes muy rico en matices.
Dossier EsF: “Reivindicando la Democracia en la empresa” aquí.
Se acoge en este número de Dossieres EsF el resultado de una iniciativa del colectivo Plataforma por la Democracia Económica que ha contado con la colaboración de la Fundación 1.º de Mayo (que lo ha recogido también, con alguna variante, en una publicación propia) y de Economistas sin Fronteras. Se sintetizan muy brevemente en esta presentación las razones que han impulsado la creación del colectivo —que pueden verse más detalladamente en el Manifiesto que figura en el Anexo— y el contenido básico de los diferentes artículos que se incluyen. El ejercicio ininterrumpido de la democracia en nuestro país en los últimos cuarenta años, desde la aprobación de la Constitución en 1978, ha significado un paso importante en la modernización de España. Sin embargo, el impulso democrático de la transición se ha encallado en un aspecto muy relevante para la mejora del bienestar de la mayoría de la población: la democratización de las empresas. Hay que recordar que el artículo 129.2 de nuestra Constitución dice que «Los poderes públicos (…) establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción».
Las enormes dificultades para generar valor y empleo sostenible por parte del tejido empresarial español, para incrementar su productividad, tienen una clara relación con las prácticas de dirección de las empresas en nuestro país. En la mayor parte de los países europeos desarrollados, desde hace décadas se ha venido produciendo una evolución desde viejos modelos autoritarios de gestión de recursos humanos hacia otros más participativos y transparentes, basados en una nueva cultura del diálogo, la negociación y la participación de los trabajadores, y de otros agentes, al tiempo que se ha reforzado la legitimidad y eficacia de la intervención sindical en las empresas.
La participación financiera de los trabajadores en las empresas, incluido en su capital, se ha venido fomentando desde hace dos décadas en el marco del Derecho europeo, ya que puede beneficiar enormemente a las empresas en clave de competitividad, así como contribuir a que las relaciones laborales sean menos conflictivas.
La democratización de la empresa mejora la calidad de su gestión en tres niveles:
■ Impulsa una ampliación de la relación entre valor y coste de sus productos. De esta forma, la empresa puede hacer frente a los mayores salarios que se derivan de la mayor productividad generada por el talento y compromiso que los trabajadores incorporan a la empresa
■ Unas relaciones de mayor confianza entre empresarios y trabajadores fomentan el aprendizaje colectivo en las empresas, socializando las habilidades y capacidades individuales, de forma que se crea un clima social propicio para la transmisión del conocimiento.
■ La capacidad para alcanzar consensos internos en los conflictos de intereses que surgen entre accionistas, directivos, trabajadores, proveedores y clientes es la clave para obtener mejoras de la productividad, muy especialmente, en empresas que no fabrican productos homogéneos y estandarizados.
Sin embargo, en nuestro país, al calor de las últimas reformas laborales, hemos tomado la dirección contraria. En palabras de María Emilia Casas, catedrática de Derecho del Trabajo y expresidenta del Tribunal Constitucional, ha habido un claro intento de «reinstalar en nuestro sistema jurídico la concepción de la empresa como un territorio de exclusiva gestión de los empresarios, rescatando del baúl de la memoria (…) la figura del empresario como el Señor de su casa, figura ésta ligada a concepciones autoritarias de los sistemas de relaciones laborales».
Por todo ello, un grupo amplio de personas (cooperativistas, sindicalistas, académicos, profesores, investigadores, políticos, gestores empresariales, economistas, antropólogos, filósofos, juristas, sociólogos, politólogos…) consideramos que es necesario que no olviden la doble necesidad de aspirar a la fragmentación total del poder y al reparto equitativo de la riqueza generada. Objetivos, destaca también, que encaran considerables dificultades, agravadas en nuestro tiempo por una situación en la que se produce «una clara degradación de requisitos elementales para un funcionamiento equitativo de la economía y para aplicar soluciones democráticas a los grandes riesgos existenciales».
Para ello se ha constituido la Plataforma por la Democracia Económica, con el objetivo de impulsar estos debates en la agenda política y social en la sociedad española, así como de promover los cambios legislativos que permitan que la democracia no se detenga ante la puerta de las empresas. Los textos que aquí se exponen son la expresión de reflexiones y propuestas iniciales de miembros del colectivo sobre la democratizacion económica, particularmente centrados en el ámbito de la empresa. Se inician con tres artículos de carácter introductorio.
En el primero Ignacio Muro apunta algunas de las razones por las que vuelve a plantearse el debate sobre la democracia económica, y más específicamente, en la empresa, tras décadas de olvido impuesto por la hegemonía neoliberal. En un marco decisivamente transformado por la globalización y por la limitación del margen de maniobra que impone a la política, se revaloriza la centralidad de la reflexión sobre la esencia del proceso de generación y distribución del valor económico y social y sobre las batallas micro referidas a lo productivo y, por tanto, al mundo de la empresa. Es decir, la reflexión sobre la necesidad de encontrar «formas diferentes de abordar la gestión del sistema productivo y del poder económico». Un debate, por tanto, que se hace en la actualidad imprescindible para superar en un sentido progresista buena parte de las contradicciones y barreras a las que se enfrenta en nuestro tiempo la izquierda. El debate, en definitiva, sobre la necesidad y la posibilidad de avanzar hacia la democracia económica.
En el segundo artículo, Félix García examina, al hilo de un recorrido histórico en el marco de las relaciones entre capitalismo y democracia, el contenido y las implicaciones del concepto de democracia económica, como horizonte superador de algunas de las limitaciones de la simple democracia política: como elemento esencial de una constante vigilancia necesaria para fragmentar y disolver las relaciones de poder que siempre se generan en las relaciones entre los seres humanos, posibilitando avanzar hacia un empoderamiento individual y comunitario que limite toda forma de opresión en la actividad económica. El autor examina la secuencia de los intentos de transformación de las relaciones sociales de producción con ese horizonte, destacando la proliferación actual de propuestas diversas, que considera valiosas
Bruno Estrada sostiene en el tercero que la democracia ha sido el mejor instrumento que ha encontrado el ser humano a lo largo de su historia para incrementar la cooperación social, que es el vector colectivo que determina a la larga el éxito evolutivo de las sociedades humanas. En esta perspectiva, la creación de sociedades más libres y menos desiguales en el siglo xxi —sociedades de «libertad de alta sociabilidad»—exige no sólo una profundización en el Estado de Bienestar y en la lucha contra las desigualdades, sino también avanzar en la democratización de la economía. Algo que requiere, ineludiblemente, hacerlo en el seno de la empresa, impulsando la participación de los trabajadores en los órganos de dirección y gobierno, con el concurso esencial de los sindicatos.
Tras este primer bloque, se recoge un segundo conjunto de artículos que analizan de forma más concreta diferentes aspectos y dimensiones de la democracia en el interior de la empresa.
En primer lugar, José Ángel Moreno recuerda la estrecha conexión del modelo dominante de gran empresa cotizada con la revolución neoliberal y la larga y sofisticada serie de argumentos teóricos que la economía académica ortodoxa ha planteado para justificar la optimalidad de ese modelo, presidido por la teórica soberanía accionarial. Frente a ello, destaca cómo se viene consolidando una corriente crítica cada vez más consistente que está desvelando las debilidades y contradicciones de esas argumentaciones, construyendo en su lugar una justificación económica de las mayores eficiencia y justicia de una concepción alternativa de la empresa, basada en una participación significativa en su sistema de gobierno no sólo de los accionistas y directivos, sino también de los trabajadores y de todos los restantes agentes que contribuyen a la creación de valor en la empresa y que padecen más sustancialmente las externalidades negativas de su actividad. Una concepción, por tanto, claramente orientada hacia la democratización empresarial.
A continuación, Sandra Salsón, Fernando Sabín y Marcos de Castro pasan revista a la empresa cooperativa: su génesis, evolución, requisitos, problemas y potencialidades. Un análisis que pone de relieve su inequívoca dimensión democrática y su voluntad decidida de constituirse como entidad económica alternativa a la empresa capitalista: es decir, como empresa que no tiene como finalidad prioritaria el beneficio y que pone en el centro de su actividad a las personas que en ella participan. Tras ello, destacan la revitalización de la inspiración cooperativista en los ultimos años —y particularmente desde el estallido de la última gran crisis— en las múltiples iniciativas que conforman la llamada economía social y solidaria, destacando sus características básicas y su vocación de construcción de redes y de transformación social.
Por su parte, Mario del Rosal y Sara Lafuente dedican su artículo al examen de dos experiencias prácticas de democratización empresarial desarrolladas a escala nacional en dos países europeos a impulso de gobiernos socialdemócratas: Suecia y Alemania. Ambas de evidente interés, aunque sometidas a poderosas limitaciones, que el artículo destaca. En el primer caso —abolido en la actualidad—, se trata de los fondos de inversión colectiva propiedad de los trabajadores y gestionados por los sindicatos, constituidos por la obligación legal de que las empresas de mayor dimensión distribuyeran nuevas acciones a sus trabajadores con cargo a un determinado porcentaje de los beneficios, de forma que los asalariados pudieran ir acumulando una participación creciente en la propiedad —y por tanto en los sistemas de decisión— de las empresas. En el segundo caso, se examina el sistema de cogestión o codecisión puesto en práctica en Alemania y después extendido, con diferentes variantes en cada caso, a otros países europeos. El sistema alemán se basa en la participación de los trabajadores. Tema al que se dedica el anterior número de Dossieres EsF («Prácticas y herramientas para impulsar la economía social y solidaria. Una reflexión compartida»). en el gobierno empresarial a través de un órgano paralelo al consejo de administración convencional (el consejo ejecutivo): el llamado consejo de vigilancia, con funciones de supervisión e inspección y que tiene capacidad de solicitar todo tipo de información al consejo ejecutivo.
En el último artículo del dossier, Amparo Marino y Gaël Carrero reflexionan sobre otras formas de entender la economía y otros modelos de empresa que quedan claramente fuera de la mirada de la lógica económica dominante y que pretenden enfrentarse a los costes externos, insostenibles a medio-largo plazo, que el capitalismo está generando. Otras formas de hacer empresa que no persiguen el beneficio y que buscan superar las contradicciones sociales y ambientales derivadas del conflicto capital-vida inherentes al modelo imperante, compartiendo —dentro de su diversidad— el rechazo a convertir a los seres humanos y a la naturaleza en factores productivos. Formas de empresa que, en sintonía con el artículo de Salsón, Sabín y de Castro, se alinean en el ámbito de la economía social y solidaria, ecológica y feminista y que se fundamentan (e impulsan) en la democratización de la economía, entendida —como señalan las autoras— «en un sentido amplio, como un proceso de revisión crítica de nuestras formas de gobernanza, de relación con la naturaleza y de organización de la vida en común». Se complementa el dossier con un anexo en el que se recoge el manifiesto fundacional del colectivo Plataforma por la Democracia Económica y con las habituales secciones de Dossieres EsF de «El libro recomendado» (en este caso, La revolución tranquila, del miembro del colectivo Bruno Estrada) y «Para saber más»
