El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite la querella por blanqueo de capitales contra Banco Madrid y siete miembros de la cúpula directiva de esta entidad, filial de la intervenida Banca Privada D’Andorra ( BPA ): el expresidente José Perez, el exconsejero delegado Joan Pau Miquel – actualmente en prisión en Andorra -, los hermanos y dueños de BPA Higini y Ramón Cierco, Soledad Nuñez y Ricard Climent y el exsecretario del Consejo Rodrigo Achirica. La denuncia fue interpuesta por dos grupos de inversores, que entendían que el presidente y los consejeros de Banco Madrid “ pusieron la entidad a disposición de quienes quisieran blanquear dinero, suprimiendo o minimizando los controles internos “ a que estaban obligados. La querella se admite en la Audiencia Nacional al entender que la actuación de los ya exdirectivos, entre ellos su presidente José Pérez, pudo repercutir de forma grave en el tráfico mercantil o en la economía nacional.
La intervención del banco por parte del Banco de España, el 10 de marzo, como consecuencia de la acusación del Tesoro de Estados Unidos contra su matriz andorrana, supuso un “ pánico “ entre los inversores que provocó una fuga de 124 millones de euros y la práctica insolvencia de la entidad. La querella la firman Liuniaski S L y Marine Instruments , de la que la primera es socia mayoritaria. Marine Instruments invirtió en Banco Madrid los dividendos obtenidos en los años anteriores. Mientras que esta entidad metió 683.458 euros en un fondo de inversión de Banco Madrid, su principal socia, Liuniaski aportó al mismo fondo 2’54 millones de euros que ahora tiene bloqueados.
El escrito alude también a que Banco Madrid se encuentra en concurso de acreedores desde el pasado 25 de marzo por su situación de “ insolvencia inminente “. Esto, afirman los querellantes, “ ha creado una situación de pánico y desconfianza de los clientes de la entidad, que provocó una fuga de depósitos entre los días 10 y 13 de marzo de 2015 de 124 millones de euros. “
El juez Andreu considera que la querella no es “ ni absurda ni irracional “ desde el momento que se produjo la intervención de Banco Madrid por el Banco de España, y la intervención de su matriz BPA por parte del Instituto Nacional Andorrano de Finanzas para garantizar su “ continuidad operativa “ y su cumplimiento de la normativa en materia de blanqueo de capitales. El juez estima que las prácticas supuestamente ilegales “ podría haber causado numerosos perjuicios, no solo a los depositantes e inversores, sino a la propia entidad y a la economía nacional “.
El juez reclama a la Fiscalía Anticorrupción que le remita el resultado de las investigaciones que ésta ha practicado hasta ahora, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Las investigaciones practicadas hasta ahora han puesto de manifiesto que determinados clientes de Banco Madrid no estaban registrados en los servidores informáticos de esta entidad, sino en las de su matriz andorrana.
Otro grupo especialmente afectado por el actual proceso de liquidación del banco es el de los aproximadamente 300 trabajadores, inmersos ahora en un expediente de despido colectivo del que resultará la pérdida de sus puestos de trabajo. El coste de esta salida de personal gira en torno a los 30 millones de euros.
