Los pinchazos telefónicos a los implicados en la operación Lezo revelan, al igual que las prevías de Púnica y Gurtell, que la trama de corrupción que ha terminado con la vida política de Esperanza Aguirre tenía un gran poder de influencia y relaciones con el empresarial y político. Si en los sumarios anteriores aparecen personajes como Aznar, Ana Botella, Eduardo Zaplana, Luis de Guindos, Mariano y Agustín Rajoy, primo del presidente, y hasta Cospedal, y sus promotores habían conseguido infiltrarse en el poder municipal, en localidades madrileñas y valencianas, todo ello es similar en Lezo, donde reaparece y ahora como imputado el exministro Zaplana, el de la frase de que estaba en política para forrarse. La dimisión final de Esperanza Aguirre, quien había nombrado a implicados en las tres, ha llevado a la gestora del PSOE a hablar de 15 años de corrupción iniciados con el tamayazo del 2003 en la Comunidad de Madrid, aunque sin mayor avance que deckaraciones y comparecencias parlamentarias.
El juez "provisional” que investiga tanto los casos Púnica como Lezo, Eloy Velasco, magistrado que lleva el juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, ha anunciado su disposición a marcharse a otro destino pese a conocer que el detenido y ahora preso expresidente de Madrid Ignacio González quería apartarle del caso, según las siguientes conversaciones teléfonicas con el exministro de Aznar Eduardo Zaplana, contratado desde que cesó por la empresa Telefónica, una de la docena de expresas públicas involucradas tambien en los pagos investigados por corrupción a empresas del exvicepresidente del Gobierno Rodriguo Rato, en algunos casos incluso mientras ejercía y tras nombrar a sus grstores tras la privatización:
Eduardo Zaplana: “El problema está en la instrucción, Nacho… es que aquí no manda nadie.
Ignacio González: “Vamos a ver, Eduardo. Tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia, no sé qué y tal, y escucha: tenemos a un juez que está provisional… Tú lo asciendes… Yo le digo: ‘A ver, venga usted ‘pa acá’. ¿Cuál es la plaza que le toca? ¿Onteniente?’ A tomar por culo a Onteniente y aquí que venga el titular, que ya me las apañaré con el titular, coño.
PSOE y Podemos pidieron la dimisión de Catalá, tanto por su mensaje a Ignacio González sobre "a ver si terminan estos líos" como por la actuación del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, quien ayer negó filtraciones acerca de la investigación al expresidente madrileño o a su entorno y descartó dimitir. Moix confirmó que el juez Velasco ordenó colocar un micrófono en el despacho de González, algo que, dijo, formaba parte de la investigación. Según EL MUNDO, Ignacio González "conoció el nombramiento del fiscal seis meses antes y trataba con Catalá del ático". ABC destaca que el juez Velasco "eludió las maniobras para que González lo recusara".
La estrategia contra Rajoy reaviva la batalla en el PSOE., cuya gestora apoyo la investidura de Rajoy tras el cese de Sánchez y ahora pasa la pelota a C´s. Sánchez exige a la gestora del PSOE que pida que Rajoy vaya al Pleno y esta le acusa de "hacer seguidismo de Podemos". Javier Fernández su responsable máximo y presidente de Asturias sugiere a Sánchez "que lea las noticias" , mientras Ciudadanos se abstendrá para que el PP siga gobernando en Murcia, pero no firmará un acuerdo de gobernabilidad, y no parece que vaya a actuar contra los gobiernos de Madrid ni central. Entre tanto, Barcelona eleva a 3,3 millones el fraude de FCC al Ayuntamiento, Podemos aparta a Errejón de la última tertulia que tenía en la SER y le sustituye por Irene Montero, y se han conocido otros casos de corrupción y actuaciones contra la familia Puyol.
Las valoraciones de los diarios impresos
"La corrupción pone en difícil situación al Gobierno de Rajoy", titula EL PAÍS en portada, que asegura que el caso destapado con la detención de Ignacio González "complica la agenda política del Ejecutivo y añade incertidumbre al desarrollo de la legislatura", valoración ahora similar a la realizada justo hace una semana por Ibercampus. En páginas interiores dice que "la Operación Lezo contamina las instituciones y arrincona al Gobierno" y en un análisis señala: "El PP, en la cuerda floja por la corrupción". Según LA VANGUARDIA, "crece la presión sobre el Gobierno por las maniobras de González".
EL MUNDO asegura que "la financiación ilegal del PP de Madrid se gestó en la Asamblea". El diario detalla que Ignacio González y al menos dos diputados pidieron un millón de euros para el partido al jefe de la agencia informática de la Comunidad (ICM) en el Parlamento regional, José Martínez Nicolás. Por otra parte, el diario publica una entrevista al diputado en la Asamblea de Madrid Jesús Gómez, en la que declara: "Denuncié al PP la cuenta suiza de González y Aguirre lo vio una traición".
También EL ECONOMISTA habla del rastreo de los pagos a través de los cuales el PP de Madrid pudo financiarse ilegalmente y de comisiones ilegales que llegaron a cuentas de Liechtenstein. Suiza y Pasado anamá.
Rajoy, sin distraerse de "lo más importante"
En una conversación informal con los periodistas que siguen su viaje oficial a Brasil y Uruguay, el presidente Rajoy aseguró que nada le va a distraer de "lo más importante", que es "hacer las cosas bien teniendo como objetivo prioritario la economía". "Sobre todo lo demás, lo que digan los tribunales", añadió.
Sobre la reunión entre el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, así como acerca del mensaje del ministro de Justicia, Rafael Catalá, a Ignacio González en noviembre de 2016, Rajoy dijo desconocer los detalles, aseguró que no habrá ningún cese inmediato y reiteró, en relación con los casos de corrupción, que "quien la hace la paga, como se está demostrando".p
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijo en el Senado que el mensaje desvelado ayer en el que en respuesta a la felicitación de Ignacio González por su continuidad en el Gobierno le decía: "Gracias, Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos", era "de cortesía" y no aludía a "cuestiones judiciales", sino a que se ordenara "la situación política de España" tras la repetición de las elecciones y los meses de bloqueo institucional.
Por su parte, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, insistió ayer, ante las preguntas de PSOE, Podemos y Ciudadanos, que no hubo "injerencia" del Gobierno en la investigación del caso Lezoy recalcó que el hecho de que haya más de una decena de detenidos prueba que "la Justicia funciona". Asimismo incidió en que la reunión entre el secretario de Estado de Seguridad y el hermano de Ignacio González fue de carácter "meramente protocolario" y aseguró que Nieto "no tiene necesidad de reunirse en gasolineras, ni en un reservado ni dar ningún chivatazo".
El ministro de Justicia y el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, comparecerán el próximo 10 de mayo en el Congreso para aclarar las informaciones sobre el caso, tras la petición de todos los grupos parlamentarios, salvo el PP.
Más de mil personas protestaron contra la corrupción ante la sede nacional del PP en la calle Génova con una cacerolada que no había sido comunicada a la Delegación del Gobierno y en la que participaron varios dirigentes de Podemos e Izquierda Unida, entre ellos el delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato y los concejales de Ahora Madrid Yolanda Rodríguez, Jorge García Castaño y Montserrat Galcerán, así como la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz Huerta.
El juez archivoa actuaciones contra Marhuenda y Casals
El juez Velasco decretó prisión con fianza de 100.000 euros para Ildefonso de Miguel, gerente del Canal de Isabel II hasta 2009, a quien atribuye los delitos de organización criminal, blanqueo, falsificación, prevaricación, malversación y fraude. El juez le relaciona con el presunto cobro de comisiones en la adjudicación del campo de golf que se construyó en terrenos del Canal, ya que fue él quien firmó los pliegos de adjudicación "a la oferta más cara".
Por otra parte, ordenó el archivo de las actuaciones contra el director del diario La Razón, Francisco Marhuenda, y su presidente, Mauricio Casals, por coacciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. El juez valoró la declaración de la propia Cifuentes, que dijo que "no se sintió presionada" para no denunciar las irregularidades del Canal y consideró las conversaciones de ambos con Edmundo Rodríguez – consejero delegado de la empresa editora de La Razón y hombre de confianza de Ignacio González en Latinoamérica, en prisión incondicional por el caso – como de "amigos que tratan, mediante mentiras piadosas y paliativas" de tranquilizarle tras su implicación en la causa judicial.
Según destaca hoy EL MUNDO, el empresario Adrián de la Joya reconoció ante el juez Velasco que Javier López Madrid, el ex"compi-yogui de los Reyes, yerno de Juan Miguel Villar Mir y ex directivo del grupo del exministro Villar Mir y de la constructora OHL, le transfirió 1,4 millones de euros desde una cuenta de México a otra en Suiza para hacerlos llegar a Ignacio González.
Denuncias contra 16 altos cargos de Mercamadrid
La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una denuncia contra la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, por un "delito societario" contra las arcas de Mercamadrid durante su atapa de concejal en el equipo de gobierno de la exalcaldesa madrileña Ana Botella.
La denuncia responde al informe del actual equipo consistorial de Manuela Carmena que denunció malversación de caudales públicos en la adjudicación de terrenos en Mercamadrid. Tras realizar su propia investigación, la Fiscalía ha decidido interponer la denuncia, que además de a Dancausa implica a otras 15 personas, altos cargos de los consejos de Mercasa y Mercamadrid, entre ellos Pablo González, hermano de Ignacio González.
Tal es la situación en la importante empresa de mercados centrales de Madrid que fuentes de su personal han expresado dudas sobre si quedará algun alto cargo dispuesto a firmar y pagar la nómina de este mes.
Equipo Económico, "bisagra" entre el Gobierno y las Cámara
El informe encargado por las Cámaras de Comercio a Equipo Económico, por el que Anticorrupción ha presentado una querella, sirvió para negociar con el Gobierno la nueva ley de Cámaras, según confirmó a ABC Manuel Teruel, presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio que adjudicó el contrato en 2012. Teruel, que califica el trabajo como "impoluto", sostiene que "fue el borrador de ley de Cámaras para negociar con la Administración y los partidos, y confirma que presentaron el informe al Ministerio de Economía para la reforma del sector. Preguntado por si el despacho ofrecía influencia en el Gobierno, Teruel responde: "¿Con quién podemos trabajar de estas asesorías que no haya tenido un 'bisagra'?".
Asimismo, sostiene que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, "no tiene ninguna relación con las Cámaras" y que el informe de Equipo Económico se presentó "al ministro de Economía, Luis de Guindos, y a la Secretaría de Estado de Comercio". El diario apunta que De Guindos fue uno de los fundadores de Montoro y Asociados, en 2006, pero que se desvinculo del despacho en 2008, al igual que Montoro, cuando la sociedad pasó a denominarse Equipo Económico. Preguntado al respecto, Montoro dijo ayer en los pasillos del Senado: "Oiga, que lo fundé, pero allá quién esté a su cargo ahora. Por mí, como si se refundan o reinventa".
El PSOE pidió que Montoro comparezca en el Congreso para dar explicaciones tras la querella presentada por Anticorrupción contra Equipo Económico, mientras que Podemos exigió la dimisión del ministro.
Prisión para el hijo de Pujol y registro del domicilio del padre
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata acordó este martes la prisión sin fianza para Jordi Pujol Ferrusola por la evasión de un "mínimo" de 30 millones de euros desde que se comenzó la investigación a la familia Pujol en 2012, mientras que este miercoles era registrado el domicilio del padre. La medida busca evitar la "reiteración delictiva" teniendo en cuenta el peligro fundado y concreto de "ocultación de fuentes de prueba". El juez adoptó la decisión a petición de los fiscales anticorrupción y la Abogacía del Estado tras tomar declaración a Pujol Ferrusola.
En el auto, De la Mata le imputa delitos de blanqueo, contra la Hacienda Pública y falsedad en documento mercantil, y añade que están "apareciendo progresivamente" indicios de un delito de pertenencia a organización criminal. Según el juez, en los últimos informes de la UDEF se desprenden que continúa manteniendo contactos con personas "para orquestar versiones, armar coartadas y conseguir evitar la aportación de medios de prueba a la causa". Pujol Ferrusola mantiene así "la disponibilidad de esquemas societarios nacionales e internaciones diseñados con la específica finalidad de situar capitales fuera del alcance de la jurisdicción española, así como la de blanquear capitales fuera de España y repatriarlos", además de seguir manteniendo relaciones con distintos testaferros y/o fiduciarios en otros países.
Sobre el patrimonio de la familia que mantenían oculto en Andorra, De la Mata apunta que Jordi Pujol Ferrusola lo "coordinó" siempre "en beneficio de la familia" y rechaza el argumento de que provenía de una herencia.
