Desde su punto de vista, “es más cuestión de voluntad política que de otra cosa. La corrupción es un problema clave de la sociedad que no hay interés en resolverlo”.
Lledó recuerda que “esta Directiva Whistleblowing es para proteger personas que alertan o denuncian casos de corrupción. Hay que diferenciar la alerta de la denuncia. La denuncia es ante un tribunal o ante la policía e incluso la fiscalía. Suele ser nominada, con nombres y apellidos en contra de alguien”.
Sobre la alerta, indica que “es un mecanismo nuevo de lucha contra la corrupción, esa alerta puede ser anónima. Es un antecedente de que se estaría cometiendo un caso de corrupción o irregularidad”.
Desde esta perspectiva, entidades como las agencias regionales antifraude que ya en nuestro país lo que hacen es “corroborar si esta alerta tiene fundamento o no. Si lo tiene se hace la denuncia formal. Con la Directiva Whistleblowing se pretende proteger al denunciante y su anonimato. Se trata de evitar que sufra represalias”.
De hecho, Lledó recuerda que la situación de muchos denunciantes es mala, “han sufrido persecuciones y en muchos casos perdieron sus trabajos. Así cita, entre otros, los mediáticos de Julen Assange, que a través de Wikileaks filtró a la prensa muchos casos de corrupción y violación de derechos humanos. Su persecución ha sido notable. Ahora EEUU le quiere juzgar por delitos contra la seguridad nacional”.
En contexto, “lo que ha planteado la Unión Europea es proteger a esas personas que denuncian. “Hemos colaborado en proyectos europeos para que la UE adoptara dicha Directiva para proteger a los denunciantes. Una vez que se aprobó hicimos gestiones para que el Gobierno español abriera una consulta pública antes de su transposición. Así surgió la iniciativa ‘ABRE’, impulsada por asociaciones de la sociedad civil para hacer comentarios y observaciones a esta directiva”.
Con posterioridad, se abrió el plazo para la participación ciudadana, “hubo periodo de consultas en el que hemos participado. Estamos hablando de finales del 2020. Desde ese momento, no hemos vuelto a saber nada de los trabajos de la transposición de la Directiva Whistleblowing«.
Para Lledó, “no hay excesiva complejidad, se trata de adecuar al derecho español. Hay que modificar normativa interna de nuestro país para evitar dudas interpretativas. Se trata evita la colisión de normas y hacer una trasposición ambiciosa de los casos de corrupción que denuncie”.
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