Marjaliza explicó que él era el cerebro junto con el exsecretario general del PP de Madrid, y exalcalde de Valdemoro, Francisco Granados, a quien acusa de lucrarse y de ser el ideólogo de operaciones inmobiliarias que su empresa desarrolló en esa localidad del sur de Madrid cuando era alcalde. Y para postre sobre las cintas con las declaraciones judiciales de Marjaliza, éste asegura que Esperanza Aguirre se reunió siendo presidenta de la Comunidad de Madrid con Granados (durante años su número 2) para recalificar un terreno en Alcalá, según revelan este jueves algunos medios. Al parecer, esta implicación de Aguirre animará además viejas denuncias sobre operaciones igualmente de recalificación con empresas de su marido, algunas llegando hasta el norte de Madrid, como Tres Cantos, junto a Colmenar Viejo.
Según Marjaliza, el propio Granados participó, usando para ocultar su nombre a la mujer de su jefe de gabinete en el Ayuntamiento, en un porcentaje de operaciones inmobiliarias que su empresa desarrolló en esa localidad del sur de Madrid cuando él era alcalde. Marjaliza detalla que Granados se llevaba entre 3.000 y 6.000 euros por cada vivienda que él vendía, aproximadamente el 20%, operaciones que se hacían en parte en negro, hasta el punto de que llegó a acumular, siempre según sus palabras, "millones" que luego escondió en Suiza.
Por otra parte, David Marjaliza, también relató al juez que pagó comisiones al actual consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y número tres de Cristina Cifuentes, Jaime Taboada. Según su declaración Taboada, que entonces era dirección general de Cooperación con la Administración, era quien "mangoneaba" en el reparto del dinero del programa público conocido como Prisma (Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid).
Por otra parte, la secretaria de Marjaliza, Ana María Ramírez, dijo sobre él que "cobró mucho dinero" que se guardaba en una caja fuerte, además de confirmar que "era el cabecilla".
Respecto al ex alcalde de Parla y ex candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Tomás Gómez, Marjaliza especificó que se le pagaron "mítines, banderolas, bebidas, muchas cosas" a cambio de la adjudicación de "seis o siete parcelas" para la construcción de viviendas. Tras conocer estas declaraciones, el exdirigente de los socialistas madrileños anunció una querella contra Marjaliza.
Entre otras personas ampliadas por Marjaliza, se encuentra la ex edil de Valdemoro por el PSOE y posterior diputada de Ciudadano, Eva Borox, quien, según su versión, cobró de la trama Púnica 30.000 euros por abstenerse en algunos plenos.
El comisario Arias Cañete, señalado de nuevo por Acuamed
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, también encargado de la investigación del caso de corrupción en la sociedad pública Acuamed (Agua de las Cuencas Mediterráneas ) dentro del actual atasco de la administración de justicia por falta de medios humanos e informáticos que enuncian los fiscales, tomó ayer declaración a Federico Ramos, ex secretario de Estado de Medio Ambiente, y a Liana Ardiles, actual directora general de Aguas del Ministerio de Agricultura. Ambos, según informaron fuentes judiciales, señalaron al ex ministro Miguel Arias Cañete como responsable del nombramiento del ex director general de Acuamed, Arcadio Mateo, el cabecilla de la trama corrupta que cobraba dádivas a cambio de beneficiar a empresas y constructores.
Ramos y Ardiles, además, relataron al juez que el antiguo responsable de Acuamed "tenía una relacíón directa con Arias Cañete", según las mismas fuentes. EL MUNDOdestaca en portada que Federico Ramos de Armas fue hasta enero pasado número tres del Ministerio de Presidencia y uno de los principales apoyos de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Un ex gerente de Imelsa dice que "todos eran enchufados"
La empresa pública Impulso Económico Local (Imelsa), dependiente de la Diputación de Valencia, funcionaba como una agencia de colocación mediante los años en que el popular Alfonso Rus presidía la institución provincial y Marcos Benavent, ex gerente de la empresa pública, ejercía como gerente, según se desprende de las declaraciones de Benavent ante el juez instructor y ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, responsable de las investigaciones. En junio de 2015, Benavent confesó que "todo el personal contratado en Imelsa ha sido contratado a dedo", según el informe que obra en el sumario, y que "esas contrataciones respondían a favores que le eran solicitados" al gerente.
Por otro lado, el PP informó ayer de que la ex alcaldesa de Valencia Rita Barberá fue interrogada el pasado 3 de mayo por el Comité de Derechos y Garantías del partido en el marco del expediente que se le abrió a ella y a otros miembros del PP de Valencia tras el estallido de la operación Taula. El vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, dijo que Barberá declaró ante el instructor del partido, Francisco Molinero, encargado de la investigación interna. Y confíó en que la tramitación de ese expediente sea "ágil" y se resuelva "lo ante posible". Por su parte, Barberá criticó al responsable de Organización y el vicesecretario de Sectorial de su partido, Javier Maroto, recientemente condenado por el caso San Antonio. Rita Barberá calificó de "irresponsabilidad" para el PP y para el instructor las declaraciones Fernando Martínez Maíllo al desvelar su entrevista con el instructor en el marco del expediente informativo. En otro momento, Barberá dijo: "Quizá Maroto no se ha ocupado de su caso al encontrase en el festival de Eurovisión".
Otros escándalos recientes
Las lista de casos de corrupción política más recientes resulta cada día más ampliada, no siempre con protagonistas del PP, al margen de los pendientes de juicio el último lustro y los revelados por los papeles de Panamá, de nuevo centrados en los dos personajes más famosos: Imanol Arias y Ana Duato protagonizan este jueves su último capítulo en TVE tras acudir a la Audiencia Nacional a recoger la admisión de la querella por delito fiscal:
-Fiscalía de Valladolid ha presentado una denuncia contra el exdiputado popular Vicente Martínez Pujalte por los supuestos delitos de falsedad y cohecho, presuntamente cometidos mientras era parlamentario al simular pagos de diferentes empresas, entre ellas la constructora Collosa, por trabajos inexistentes. La denuncia también se dirige contra la exsenadora Ana Torme y contra Alejandro Llorente Muñoz, vinculado a Collosa, entre otros. La razón de los pagos sería el asesoramiento del exdiputado a la constructora, pero la fiscalía segura que "no se aportan los informes que hubiera podido realizar". La investigación también afecta al exembajador en la India Gustavo de Arístegui y al exdiputado del PP Pedro Gómez de la Serna, cuyas empresas habrían pagado a Martínez Pujalte. Martínez Pujalte aseguró que se encuentra "absolutamente tranquilo" y convencido de que su trabajo de asesoría para Collosa era "legal" y "compatible" con el escaño.
–El caso de Industrias Turísticas de Andalucía S.A. (Inturan), la empresa que supuestamente paga cenas a empresarios y políticos con subvenciones para cursos de formación, suscitó la reprobación de toda la oposición, mientras que desde el Gobierno andaluz su portavoz, Miguel Ángel Vázquez, dijo que si la empresa ha cometido irregularidades "tendrán que pagarlo" y se les pedirá el reintegro de las cantidades "mal utilizadas". "¿Qué puede haber algún tipo de incidencia administrativa? Pues sí, pero para nada delito ni menoscabo de fondos públicos", dijo.
-La Fiscalía Anticorrupción ha constatado que UGT y CCOO de Extremadura destinaron parte de las subvenciones que percibieron en 2011 para cursos de formación para "financiar gastos de personas" de sus respectivas estructuras regionales, o de sus fundaciones Ifes y Forem, sin relación alguna con los cursos.
Otras novedades en casos no tan menores:
- El consejero andaluz de Economía, Antonio Ramírez de Arellano, niega irregularidades en su etapa de vicerrector (EL PAÍS) Ciudadanos apoya a Arellano (EL MUNDO)
- Gómez de la Serna se niega a declarar en la Audiencia Nacional en la causa sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales (EL PAÍS/EL MUNDO/LA RAZÓN)
- La jefa de gabinete de Barberá niega que conociera los pagos (EL PAÍS)
- Un edil del PP valenciano pide archivar su causa por blanqueo (ABC)
- El Ayuntamiento de Barcelona pagó el viaje de Trias a la boda de la hija de Mas (EL PAÍS/ABC)
