La ministra ha matizado las históricas palabras de Kennedy: “No sólo somos el grupo económico más grande del mercado, somos el grupo social más grande que afecta y es afectado por casi todas las decisiones, públicas y privadas, no sólo del ámbito económico, sino también del laboral, el educativo o incluso el judicial".
Por otro lado ha recalcado “las personas consumidoras son las que tienen la última palabra”. Por ello ha insistido en que “para que sus decisiones sean libres y para que se formen de manera responsable, las instituciones deben facilitar el mejor acceso a la información y al conocimiento".
Políticas transversales europeas
Carcedo ha destacado los cambios que se están llevando a cabo en el Consejo de la Unión Europea, "orientados a reforzar los derechos de los consumidores, a proporcionarles instrumentos para ejercerlos, a obtener compensación y resarcimiento, a establecer sanciones efectivas y a actualizar la directiva de prácticas comerciales desleales para que las autoridades nacionales puedan evaluar y atajar las prácticas comerciales engañosas".
España, comparte los retos que el movimiento asociativo reclama, como la definición y protección del consumidor vulnerable, al uso de determinados prefijos como servicio de atención al cliente o el reto de alcanzar una protección similar del consumidor en el conjunto del Estado.
Con respecto al futuro, la ministra comentó "las políticas de consumo deben evolucionar y adaptarse a la sociedad a la que sirven, para conseguir, a través del compromiso ético de los consumidores, mejorar el mundo en el que vivimos desde una perspectiva social, económica y medioambiental".
Las políticas que refuerzan a las personas consumidoras son fundamentales para el correcto funcionamiento del mercado único europeo. Además generan confianza, condición necesaria para el desarrollo de la economía y de la riqueza, siendo así la clave para garantizar la justicia social y una sociedad más igualitaria, declaró la ministra.
