Esa tasa de protección es muy inferior a la publicada ebn sus estadísticas de registros de paro por el Ministerio de Empleo, que incluye en sus cifras a los prejubilados (que la EPA no considera parados), a los afectados por ERE con reducción de jornada que perciben ayudas, y a quienes trabajan a tiempo parcial compatible con el cobro de la prestación por el resto de jornada.
La falta de ofertas de trabajo durante años, el seguro de desempleo vinculado a un periodo limitado y que cuanto más tiempo sin trabajar más difícil es regresar al mercado laboral son las causas de que los parados de larga duración sean los que más carecen de ayudas. Asimismo, la EPA constata que la duración de la crisis ha erosionado la protección a parados.
A comienzos de 2013, la cobertura a desempleados se situaba en el 35,1%; ahora la media conjunto se sitúa en el 29,4%. De aquí que en los últimos dos años el gasto por desempleo haya caído mucho y siga la misma tendencia en 2015. CC.OO. y UGT han anunciado que recogerán firmas para crear una nueva ayuda que protegería a unos dos millones de personas y supondría unos 11.000 millones de gasto anual.
Temas abordados por el Gobierno
El último Consejo de Ministros sí decidió el viernes remitir al Consejo Económico y Social el Anteproyecto de Ley de fomento y promoción del trabajo autónomo y la economía social. Se trata de un texto que desarrolla el Estatuto del Trabajo Autónomo y la Ley de Economía Social, al tiempo que ordena y sistematiza el conjunto de medidas para fomentar y promover el trabajo autónomo e impulsar la Economía Social que se encuentran dispersas en diversas normas. Los incentivos al trabajo autónomo se recogerán en el título V de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo, del 11 de julio de 2007, y en la Ley de Economía Social, del 29 de marzo de 2011, los relacionados con las cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción y otras entidades de la economía social. La finalidad es proporcionar una mayor transparencia y seguridad jurídica. La nueva Ley amplía, además, algunos incentivos ya existentes a otros colectivos y pone en marcha nuevas medidas para impulsar el autoempleo, ya sea individual o colectivo, y para apoyar el trabajo autónomo y la Economía Social.
En esta misma reunión del viernes, el Gobierno recibió un informe de la ministra de Empleo y Seguridad Social sobre el anteproyecto de Ley de Sociedades Laborales, un texto que clarifica, actualiza y sistematiza la normativa existente relativa a este tipo de sociedades para adaptarlas a la nueva realidad económica. En la actualidad, en España hay un total de 10.828 sociedades laborales que dan empleo directo a 63.536 personas. Los objetivos del nuevo anteproyecto de Ley, que se remite al Consejo Económico y Social para su dictamen en el plazo máximo de diez días, son: clarificar los requisitos para la constitución de las sociedades laborales, facilitar la incorporación de trabajadores a la condición de socios, dar mayor protagonismo de los trabajadores en el control de la sociedad y simplificar y reducir trámites administrativos e incorporar los principios de buen gobierno.
Además, el Consejo de Ministros aprobó la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020. La Estrategia es fruto del trabajo conjunto desarrollado entre el Gobierno, Comunidades Autónomas e interlocutores sociales en el seno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyo Pleno avaló el pasado 7 de abril el texto que hoy ha aprobado el Consejo de Ministro. Precisamente, el Gobierno y los interlocutores sociales destacaron en el Acuerdo para la negociación tripartita para fortalecer el crecimiento económico y el empleo, suscrito el 29 de julio de 2014, la importancia de aprobar la nueva Estrategia que será presentada el próximo lunes por la ministra de Empleo y Seguridad Social, los secretarios generales de CC.OO y UGT, y los presidentes de CEOE y Cepyme.
Por último, el Gobierno recibió un informe preceptivo del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad, deuda y regla de gasto de las Administraciones Públicas, una vez completada la remisión a la Comisión Europea y a Eurostat de la información correspondiente al Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE). El informe recoge que la previsión de crecimiento en 2014 era del 1,2 por 100 del PIB y, finalmente, fue del 1,4 por 100. En este sentido destaca la aportación de la demanda interna, tanto consumo como inversión, que se preveía que aportara un crecimiento del 0,7 por 100 y que, según los datos cerrados, ha registrado una cifra del 2,2 por 100.
