ASISA dice tener más de 2,2 millones y se presenta como compañía líder en asistencia sanitaria en España propiedad de la cooperativa de médicos Lavinia, de capital íntegramente español y ámbito nacional. La componen más de 10.000 médicos y dice que su condición de cooperativa le permite dedicar los beneficios a la mejora efectiva de la asistencia, Pero los jefes de Oncología de los principales hospitales españoles integrados en la Fundación para la Excelencia y la Calidad de la Oncología (ECO) han pedido en reiteradas ocasiones que garantice la atención integral del cáncer. Este mismo lunes expreso su firme compromiso con la mejora de la asistencia oncológica en todas las etapas del proceso: atención al paciente, educación médica especializada y apoyo a la #investigación.
Esa petición se puso de manifiesto hace ya más de 5 años, cuando otra mujer de 56 años, asegurada en ASiSA desde 1984, sufrió una negativa similar a pagarle la quimioterapia tras la operación de cáncer de mamá con metástasis en la sangre porque ella decidió ejercer la libertad de elección y tratarse en el Hospital San Jaime de Torrevieja, luego adquirido por el grupo Quirón. Tras pagar los 61.819 euros del tratamiento, denunció judicialmente a ASISA «por las personas a las que se lo han hecho y a las que se lo harán», y al final la titular del Juzgado de Primera Instancia de Primera Instancia número 6 de Alicante, Ana Sancho Alpañés, condenó a la compañía a pagarle todo el tratamiento, por entender que la denunciante sufrió «una limitación de los derechos de la asegurada, en contradicción con la libertad de elección de médico descrita en la condición 15ª (del código de la compañía) y con el hecho de que la póliza no establezca ninguna referencia a centros concertados».
ASISA no recurrió la sentencia, pero ahora otra mujer, en este caso funcionaria, la denunció a la cadena Ser. María José tiene cáncer de pulmón con metástasis. Ha perdido la cuenta de las sesiones de radio y quimio que ha soportado desde el pasado verano. De pronto no autorizan la sesión de quimioterapia que tenía que haber recibido el 10 de febrero. Primero pidieron un informe, luego otro, ahora han solicitado un estudio genético y sigo sin quimioterapia a estas alturas, explica.
Esta funcionaria de 65 años recuerda que le han llegado a decir como excusa que su asegurador no tiene acuerdo oncológico con el hospital que lleva más de medio año tratándola. En otra ocasión pidieron la composición del tratamiento, algo que ya aparece en informes de hace meses. Se sucedieron así las semanas y los paseos a la sede central de ASISA para una mujer, débil por la enfermedad e inmunodeprimida, mientras el tratamiento sigue interrumpido.
Solo se me ocurre que me hicieran caso encadenándome a la sede de la delegación de Madrid, pero no estoy en condiciones. Tengo una edad y muchos problemas, señala. Así que lo que se le ocurrió a esta funcionaria es acudir a ADR abogados, que se puso en contacto con la Cadena Ser debido a la gravedad del asunto. 24 horas después de que este medio le pidiera a ASISA su versión sobre lo ocurrido, la aseguradora envía un e-mail a María José para decirle que su quimio está autorizada. De repente es irrelevante el preceptivo informe genético que todavía está en marcha.
Expertos oncologicos aseguraron a La Ser que perder dos ciclos puede generar resistencias al tratamiento debido a las mutaciones o crear problemas a la hora de reintroducir la quimioterapia al margen del impacto emocional que implica.
Muface y Función Pública tampoco impidieron la negativa de la aseguradora, como sucede con frecuencia con las autoridades de Seguros, Sanidad o Consumo
El Ministerio de la Función Pública, del que depende Muface, da ahora el caso por solucionado sin más comentarios. Perocomo sucede con frecuencia en otros casos menos graves, Muface y Función Pública tampoco impidieron la negativa de la aseguradora, al igual que sucede con las autoridades de Seguros, Sanidad o Consumo donde llegan denuncias de desatención contra aseguradoras u hospitales privados, que encuentran en ellas sus principales clientes
Si el mutualista de Muface ha optado por Entidades de Seguro privadas en vez de por la sanidad publica, podrá elegir entre una de las siguientes: Segurcaixa Adeslas, Asisa, y DKV, responsables de prestar la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud a los mutualistas que han elegido esta opción.
Esas entidades concertadas tienen asimismo una red de proveedores de servicios sanitarios muy amplia para la atención de los mutualistas y de sus beneficiarios, repartidos por toda la geografía española, entre otros: Hospitales del Grupo HM, Centro Médico Teknon, Grupo Quirón Salud, Grupo Vithas, Clínica Corachán, Centro Médico Mollet, IMQ Zorrotzaurre, Grupo Recoletas y Grupo Imed Hospitales, hospitales privados que como el resto tienen entre sus principales clientes también a otras aseguradoras médicas como Sanitas, Nueva Mutua, AXA, MAPFRE, FIATC, ASEFA, CASER, etc.
La actividad de MUFACE, que forma parte de la acción conjunta de las mutualidades administrativas, junto con el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, ISFAS, y La Mutualidad General Judicial, MUGEJU , se desenvuelve en coherencia con las pautas que establece el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para todo el Sistema Nacional de Salud. La colaboración, asimismo, es constante con los profesionales sanitarios, y de manera destacada, con el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España y el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos.
Las sociedades médicas deciden sus faltas de atención como las denunciadas a través de las autorizaciones, aunque algunas tienden a flexibilizar su burocracia. DKV anunció a finales del pasado año la eliminacion las autorizaciones en algunos de sus servicios en procedimientos diagnósticos y actos terapéuticos (psicoterapia, excepto para los trastornos de alimentación, densitometría ósea y dermatologia), indicando que así en 2022 se evitarán más de 100.000 solicitudes.
Descuidos generalizados en la información sobre quejas y reclamaciones en españa
El descuido de la información sobre quejas y reclamaciones de los clientes por parte de las aseguradoras y las autoridades se refleja también en que ni Agencia de Consumo del Ministerio de Garzón ni el Instituto de Estadística dan cuenta de las estadísticas adecuadamente, pues los formularios sobre sus respectivas estadísticas aparecen corrompidos o anulados, como puede comprobarse en estos dos redirigidos por el INE:
-55081 (AECOSAN): http://www.aecosan.msssi.gob.
-54083 (Estadística sobre las Consultas y Reclamaciones de los Consumidores Planteadas a través de las Organizaciones de Consumidores): http://www.aecosan.msssi.gob.
Algo similar sucede con otra decena de estadisticas de reclamaciones, como las Asociaciones de Consumidores, Servicio de Reclamaciones del Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valore, Servicio de Consultas y Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, Telecomunicaciones (Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), empresas de suministros (gas, agua, electricidad), Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o Agencia Española de Protección de Datos.
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