Las 13 asociaciones estudiantiles que suscriben hasta la denuncia -entre ellas La Caverna, Yuri Gagarin, Res Pública, Ecoaldea, Conciencia Minera o La Chispa- pertenecen a las principales universidades públicas de Madrid, cuyos recursos y consejos sociales dependen de la Comunidad de Madrid: junto a la propia Universidad Rey Juan Carlos, Complutense, Politécnica, Autónoma de Madrid, Alcalá de Henares. Las asociaciones denunciantes manifiestan su voluntad de personarse como acusación si finalmente se abre una causa. Los firmantes aseguran que se está uniendo a la iniciativa nuevas entidades.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, pidió a Cifuentes que "no se esconda" y aclare públicamente las dudas sobre su máster. La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, apuntó: "Cada momento que pasa sin dar explicaciones incrementa la sombra de duda" sobre la legalidad de este título. La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, preguntó a Ciudadanos cuánto seguirá sosteniendo a Cifuentes.
Sin embargo, Cifuentes acudió el jueves al Pleno de la Asamblea, pero no tuvo que dar explicaciones al respecto, ya que los grupos de la oposición no consiguieron modificar el orden del día ni celebrar un Pleno extraordinario después del ordinario, aunque hubo continuas alusiones durante sus respectivas intervenciones. Cospedal tampoco hizo declaraciones a los medios allí congregados. Ahora ha de ser la Junta de Portavoces la que decida la fecha del Pleno en el que comparecerá Cifuentes.
La Rey Juan Carlos de Madrid ha abierto una investigación oficial, según un comunicado de la Universidad, que alude a “diversas informaciones sobre presuntos errores o irregularidades en la calificación de asignaturas en el Máster Universitario en Derecho Público del Estado Autonómico”.El propio Rector firma la petición de la apertura de la investigación y señala: “encomiendo a la Jefa de la Inspección de Servicios de esta Universidad” la elaboración de un informe “para esclarecer lo sucedido y determinar, en su caso, las responsabilidades que pudieran existir”.
En la nota de la Universidad se explica que, cuando el Rector dio la rueda de prensa este miércoles, "hasta ese momento no tenía constancia de irregularidad alguna". Además, se traslada la responsabilidad de lo afirmado en dicha comparecencia a los catedráticos que "aportaron actas y constancias firmadas que verificaban la regularidad de los procesos".
Además de que no aparece el trabajo final necesario para aprobar, el tribunal que supuestamente evaluó este trabajo de fin de máster es ilegal, según nuevas revelaciones de eldiario.es.El acta, el único documento que podría ser verosímil, refleja que la composición de la comisión que le iba a examinar es ilegal, ya que ningún profesor era de fuera de la URJC como exige la normativa:El reglamento de la Universidad Rey Juan Carlos exige que un miembro del tribunal sea "profesor de otra universidad" o un "experto" para garantizar la imparcialidad. Las tres doctoras que figuran en el acta que presentó como prueba la presidenta tienen vinculación con la URJC desde hace años, pero ninguna de ellas era en aquel momento titular, otro requisito indispensable.
Otras nuevas revelaciones de eldiario.es para avalar por qué los documentos que ha presentado Cristina Cifuentes no prueban su inocencia son:
- Las notas, que eldiario.es tiene en su poder desde el primer día, son el fruto de la falsificación, que sucede en el sistema informático, no en el papel.
- El mail del profesor dice que se cambie la nota de su asignatura, no de dos asignaturas, y tampoco dice nada de que haya habido un fallo informático.
- En 2011 se exigía para realizar la defensa del trabajo "haber superado el resto de asignaturas del máster", pero el rector dijo que fue en 2014 cuando se percató de que había un error que mostraba una materia como 'No presentada'.
- Para probar su inocencia, Cifuentes podría presentar papeles como las actas del cambio de notas, el justificante de registro del Trabajo o el trabajo en sí, documentos que de momento no han aparecido.
- La nota de dos asignaturas del máster de Cifuentes aparecieron durante muchos meses en los registros informáticos de la universidad pública como "no presentado" hasta que fue modificada por una funcionaria, Amalia Calonge, que trabajaba en otro campus, y sustituida por un notable. La misma operación la realizó la misma empleada pública en otra materia, Financiación de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, en la que Cifuentes tenía un no presentado y se sustituyó por un 7,5.
Denuncia de asociaciones contra la Fiscalía
Además, solicitan la declaración como testigos de Amalia Calonge, la funcionaria que cambió las notas de Cifuentes desde otro Campus, y dos años después de que cursase el máster. También piden que declare el director del máster, el tutor de la presidenta regional "así como de la persona designada por el servicio informático de a Universidad Rey Juan Carlos a los efectos de aclarar el procedimiento de volcado de la documentación y actas de evaluación".
Emails y el libro de visitas
La Fiscalía, reclaman los denunciantes, también debería interrogar al personal del Instituto de Derecho Público de la URJC para que aporten toda la documentación respecto al nombramiento del tribunal del máster. Además reclaman una copia de la agenda y el libro de visitas de la Delegación del Gobierno en Madrid, correspondiente a las fechas en las que Cifuentes realizó el máster. También reclaman una copia del mail del director del máster que la presidenta regional solo ha enseñado en un pantallazo y los resguardos de los distintos pagos a la Universidad.
La denuncia recoge las informaciones publicadas por eldiario.es y las declaraciones públicas de los responsables de la URJC, que admiten la veracidad de los pantallazos publicados, aunque achacan el escándalo a un error de transcripción. Recalca el documento que la funcionaria que modificó las notas ha reconocido la manipulación y que, según la legislación vigente en ese momento, Cifuentes no cumplía los requisitos para defender el Trabajo de Fin de Máster.
Falsedad documental y cohecho
"No cursó ni culminó las citadas asignaturas en tiempo y forma, así como no procedió a volver a matricularse, solicitar una modificación formal del acta de la comisión evaluadora o de la propia acta de calificaciones y asistencia del citado máster", señala la denuncia. Es por esto que los denunciantes creen que podría haberse cometido un delito de falsedad documental, penado con hasta seis años de cárcel, que podría extenderse a otras autoridades de la Universidad.
En el caso de Cifuentes, los denunciantes señalan que pudo cometer un delito de cohecho porque en el momento de los hechos ostentaba un cargo público, el de delegada del Gobierno en Madrid. La modificación de las notas le reporta "un beneficio directo" y quienes acometen ese cambio pueden pretender la obtención de otro beneficio. El escrito señala que el delito de cohecho lo comete quien procede a la acción material y quien se beneficia de esta.
Versiones distintas, pero caso aclarado para el Gobierno Cifuentes
La presidenta madrileña atribuyó esos cambios en sus notas a un "error de transcripción" encoméndandose a la versión ofrecida la mañana del miércoles por el rector de la universidad, Javier Ramos, que contradice lo que el equipo de comunicación de Cifuentes contó la tarde del martes a eldiario.es. Entonces el gabinete de la presidenta afirmó que Cifuentes había dejado dos asignaturas en el curso 2011/2012 que acabó sacando muchos meses más tarde
El Gobierno de Cifuentes da por aclarada la polémica sobre cómo obtuvo la presidenta su título de máster por la Universidad Rey Juan Carlos pese a que la oposición apunta a "contradicciones" y "lagunas" en las explicaciones. Entre esas aclaraciones no está publicar el trabajo de fin de máster para, aseguran, "no seguir haciendo el juego a la oposición". "Si se entrega al día siguiente pedirían otra cosa, una prueba pericial de las firmas", ha afirmado el portavoz y consejero de Presidencia Ángel Garrido."Hemos dado información para acreditar que ese máster está realizado. La intervención del propio rector y dos profesores aclaró que todo el trabajo y el curso se había realizado conforme a la legalidad", ha añadido Garrido, que ha contestado a las preguntas de los periodistas mientras Cifuentes ha evitado hacer declaraciones
El número dos considera que corresponde a la universidad y no al Gobierno aclarar por qué Cifuentes hizo un pago relacionado con el máster en noviembre de 2012, una vez aprobado, o cómo confeccionó el tribunal que evaluó el trabajo y cuya formación es contraria al reglamento de la URJC. "Esas aclaraciones las tiene que hacer la propia universidad. Si queda alguna, que la resuelva la universidad. Se certificó que se hizo el máster como correspondía".
Garrido considera que la oposición, que se ha mostrado desconfiada con las explicaciones dadas, pretende hacer "una cacería" con el asunto. " Han querido seguir disparando hoy con tirachinas. No vamos a darles pávulo ni esa cuerda que quieren seguir estirando. […] No tienen interés sobre la verdad, que está escrita y documentada.", ha defendido el número dos de Cifuentes.
