Los gobiernos europeos abren así paso al proceso de codecision o negociaciones con el Parlamento Europeo para aprobar una propuesta legislativa bloqueada desde abril de 2016, pese a que en mayo los jefes de Estado y de Gobierno de la UE disimulaban al publicar las Conclusiones del Consejo sobre una estrategia exterior en materia de fiscalidad y medidas contra los abusos en detrimento de los convenios fiscales. Aquella iniciativa de hace 5 años surgió dentro de los esfuerzos de la Comisión Europea, entonces presidida por el luxemburgués Jean-Claude Juncker, para responder a escándalos como el de los Papeles de Panamá. Pero una docena de países bloqueó su adopción al entender que, por tratarse de un asunto relacionado con la fiscalidad, debía ser aprobado por unanimidad.
El grupo de bloqueo está liderado por Irlanda y Suecia, con el apoyo de Chipre, República Checa, Hungría, Luxemburgo o Malta, algunos de los países beneficiados por la opacidad empresarial protegida por la competencia fiscal entre estados. Los siete oficialmente más interesados en man tener la gran evasión fiscal europea este jueves han vuelto a reiterar su disconformidad con el procedimiento adoptado. Pero parece que van perdiendo influencia ante la gravedad de la crisis fiscal acelerada por la pandemia de COVID-19, pese a que en medio de la misma (juio de 2020) la presidencia del Eurogrupo volvió a manos de los defensores de los paraísos fiscales: Pierden Europa, España, y Calviño-Sánchez
Según los últimos datos sobre las actividades de las multinacionales estadounidenses, estas empresas obtu-
vieron más beneficios en Irlanda que en todos
los demás países europeos no refugio combi-
nados en 2018. La tasa impositiva efectiva pagada por las
multinacionales estadounidenses en Irlanda
sí aumentó algo, del 4,9% al 7,3%, quizá por efecto de la eliminación progresiva del famoso doble
irlandés, que como el sándwich holandés” permiten eludir legalmente el pago de impuestos creando sociedades ficticias o pantalla duplicadas o vinculadas por la ingenieria financiera creada por las técnicas de planificación fiscal internacional.
Gracias a esas prácticas, que dos miembros del consejo de redacción de Ibercampus.es trataron de acotar desde el Comité Económico y Social Europeo (CESE) al dictaminar en 2011 la unión bancaria y en 2014 la unión fiscal, la tributación de 11 de 14 mayores multinacionales era por entonces inferior al 4% fuera de los EEUU. La lista que entonces aportaron al CESE ambos consejeros para defender que la tributación y otras normas de cumplimiento legal obligatorio y de RSC voluntaria fueran consideradas en a UE por cada Estado al decidir sobre incentivos o desincentivos en su contratación pública incluían tanto a empresas de la economía tradicional (General Electric, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Pficer, Coca- Cola, Merck, Pepsico, Exxon Mobil, Chevron, JPMorgan, Bank of America o Citigroup) como a otras de la nueva economía digital (Microsoft, Verizon, IBM, Oracle, ATT o Intel). Pero el intento de ambos españoles no prosperó en ninguno de esos dictámenes u otros sobre economía sostenible y el año pasado ambos perdieron su trabajo en el CESE, pese a que en agosto de 2019 un total de 181 multinacionales de EEUU se comprometieron a priorizar la RSC más que los propios beneficios, según cuenta la revista Consejeros en el articulo de Gustavo Matías Humo en redes y lavado ASG en información y sostenibilidad: Big tech y otras grandes empresas incumplen su promesa de ser responsables.
La gran novedad es que ahora el Ejecutivo comunitario y una veintena de países ya parecen favorables a aprobar la normativa por mayoría cualificada. Su argumento es que no se trata de un asunto que modifique las reglas fiscales europeas, sino que aborda únicamente la necesidad de aumentar la transparencia de las multinacionales.
En esa veintena de favorables están los principales cuatro paoses: Alemania, Francia, Italia o España, que representan una mayoría suficiente para que la normativa sea aprobada durante los próximos días a nivel de embajadores. Ello se debe a que la reunión de este jueves no era presencial, lo que impide tomar decisiones legalmente vinculantes.En nombre del Gobierno español intervino el secretario general del Tesoro, Carlos San Basilio, quien trasladó a sus colegas que España "apoya totalmente" la iniciativa y ha defendido que se trata de una propuesta "equilibrada y firme técnicamente".
Reino Unido, Irlanda y demás territorios euiropeos, fuera de la lista de paraísos fiscales
Frente a esta mayoría, la Comisión Europea acaba de publicar este lunes su lista actualizada semestralmente de paraisos fiscales (territorios no cooperantes) con mínimos cambios, pues salva a todos los Estados miembro, Turquía y los territorios británicos, países donde se estima localizada la mayoría de la evasión fiscal internacional. En España, por ejemplo 34 de las 35 empresas del Ibex 35 tienen filiales en paraísos fiscales (Véase REFERENCIAS A PARAÍSOS FISCALES EN INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS 2018). La previa lista de 6 de octubre de 2020 está compuesta por Samoa Americana, Anguila, Barbados, Fiyi, Guam, Palaos, Panamá, Samoa, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Vanuatu y Seychelles
Se trata en realidad de una lista negra y otra gris de territorios no cooperantes, también conocida como la lista de paraísos fiscales. Ahora los principales cambios son que la negra incluye a Dominica y excluye a Barbados. Los criterios para incluir en dicho listado a un territorio siguen ajenos a los tipos impositivos de los impuestos y las exenciones fiscales ofertadas a las empresas. Solo tienen en cuenta otros de transparencia fiscal, como acabar con el secreto bancario, la fiscalidad justa y la aplicación de normas internacionales destinadas a evitar la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios.
Por ello, los territorios más lesivos para el resto de vecinos europeos, como Irlanda, Luxemburgo o Países Bajos, siguen sin estar en dicho listado. Eso sucede según los críticos porque la técnica BEPS (por las siglas en inglés de Erosión de la base imponible y traslado de beneficios: Base Erosion and Profit Shifting) se ha convertido en la principal herramienta para que grandes empresas como Apple o Inditex (las de mayor capitalización mundial y española) eludan impuestos utilizando territorios internos de la UE como Irlanda, Países Bajos o Luxemburgo, excluidos de la lista por ser territorios miembros.
Según la ONG Tax Justice Network, en la UE las principales pérdidas de ingresos por impuestos de sociedades debida a la ingeniería fiscal y la elusión de impuestos vienen de Reino Unido, Suiza, Países Bajos y Luxemburgo, cuatro excluidos de la lista. Pero Según datos que publico en 2018 atribuyen a los cuatro el causar un agujero fiscal al resto de países europeos de 27.600 millones de dólares solo con lo que se ahorran las multinacionales estadounidenses con sedes europeas en dichos territorios.
Dominica ha sido incluida en la lista de la UE porque recibió una calificación de “parcialmente conforme” por parte del Foro Global para la Transparencia y el Intercambio de Información (Foro Global) de la OCDE y aún no ha resuelto este problema, según indica la nota de prensa de la Comision Europea al presentar la lista.Barbados es excluida de la lista negra tras aparecer en la última revisión de la lista en octubre de 2020, porque ahira acaba de recibir una calificación de “parcialmente conforme” por parte del Foro Mundial. Por ello, pasa a la lista gris, en espera de otra revisión los próximos meses.
Los 12 paraísos y los mayores problemas pendientes
Tras esta nueva actualización, la lista negra queda con estos12 territorios: Anguila, Dominica, Fiyi, Guam, Palau, Panamá, Samoa, Seychelles, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes de Estados Unidos y Vanuatu. Sin embargo, organizaciones como Tax Justice Network u Oxfam Intermon señalan a más de 50 territorios por sus prácticas fiscales agresivas.
Además, otros nueve territorios que se han comprometido a reformar sus políticas fiscales estarán en la lista gris por el momento: Australia, Barbados, Botsuana, Eswatini, Jamaica, Jordania, Maldivas, Tailandia y Turquía. Todos los territorios o jurisdicciones que dependen de antiguas colonias europeas siguen fuera. Uno de los últimos escándalos de por qué países como Luxemburgo no son considerados paraísos fiscales fue el llamado OpenLux, empresa de armas española relacionada con Vox y situada entre las 55.000 sociedades pantalla que se estima tienen prácticas fiscales opacas en Luxemburgo.
Respecto a Turquía, la Comisión no la ha incluido en la lista negra pero le ha exigido qu resuelva todas las cuestiones pendientes en relación con el intercambio efectivo de información con todos los Estados miembro. Europa espera que el país se comprometa antes de finales de mayo a activar efectivamente su relación de intercambio automático de información con los 27 Estados miembro antes del 30 de junio de 2021.
Sin embargo, mayor impacto fiscal para la UE tendrá que el Brexit haya quedado en nada a efectos fiscales, cuando cabía la posibilidad de que tras la ruptura efectiva del Reino Unido algunos de los territorios de ultramar británicos señalados por sus prácticas fiscales agresivas fueran incluidas en la lista. Las Islas Vírgenes británicas, Bermudas, Islas Caimán o la Isla de Jersey son territorios bajo el protectorado británico utilizados por las grandes empresas, así como por evasores de impuestos de todo el globo, para evitar el fisco de sus países de residencia.
América Latina y el Caribe pierde al año 325.000 millones de dólares por incumplimiento tributario.Según la organización Latindad, red latinoamericana por la justicia económica y social, estos cuatro territorios ocupan los puestos 1º, 2º, 3º y 7º respectivamente en el listado de países causantes de la evasión de impuestos corporativos en el mundo. Junto al propio Reino Unido, causan un tercio del riesgo de evasión fiscal en todo el planeta, según la misma organización. Brasil,México,Chile y Argentina son los principales perdedores por los paraísos fiscales en Latinoamérica, mientras que los ganadores son Puerto Rico, Islas Caimán y Panamá.
Hay clara relación en la literatura académica entre los paraísos jurisdiccionales y/o regulatorios y los paraísos fiscales, que tienden a volverse dependientes monetariamente
Hervé Falciani, famoso al revelar la mayor lista de evasores fiscales en el mundo y en cuyo proyecto fracasado de control ético y fiscal de las criptomonedas colaboraron hace dos años la empresa editora de Ibercampus.es y varios consejeros cuyas investigaciones han alcanzado gran resonancia académica (más de 30 citas cientificas en apenas un año), declaraba hace unas semanas en el Colegio de Registradores de la Propiedad, dentro del nuevo foro de debate Espacio Registradores, que los "paraísos judiciales' también son un problema en la lucha contra el blanqueo" de dinero, según la periodista María Peral de Elespañol.com. Y, efectivamente, la literatura académica hace tiempo que habla de los paraísos jurisdiccionales, así como de los los paraísos regulatorios, que atraen menos la atención de la prensa que los paraísos fiscales. Pero según la investigación jurídica hay clara relación entre todos ellos, pues los paraísos jurisdiccionales tienden a volverse dependientes monetariamente de los paraísos fiscales (Hampton & Christensen, 2002), al tiempo que los paraísos fiscales pobremente regulados permiten a los participantes del mercado financiero recurrir al arbitraje regulatorio, constituyéndose nulos o escasos vínculos con la supervisión de un cada vez más integrado mercado financiero. Este arbitraje es descrito por Hernández (2009b) como la posibilidad de optar o de combinar diferencias entre las diversas legislaciones nacionales o jurisdiccionales, tanto en fiscalidad como en la regulación y el grado de control y supervisión financiera. Estas son solo algunas de las consecuencias del colapso económico a largo plazo que experimentan las jurisdicciones que se transforman en un paraíso fiscal y que surge a raíz del gran desarrollo del sector financiero en economías con recursos limitados, lo que inevitablemente desemboca en una situación de sobre-dependencia tanto del sector financiero como del exterior. Así lo indicaron los profesores Juan Diego Paredes Gázquez, José Miguel Rodríguez Fernández y Marta de la Cuesta González, de la Universidad a Distancia (UNED) y Universidad de Valladolid en una ponencia científica.
