Así lo ha indicado la secretaria de Formación de UGT y presidenta del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), Teresa Muñoz, en un encuentro con medios en el que no ha ocultado el "daño tremendo" que ciertas informaciones han hecho en los últimos meses al sindicato al afirmar que se financia de forma irregular haciendo uso de fondos para formación.
Muñoz ha explicado que Gobierno, patronal y sindicatos se han reunido en un par de ocasiones desde el pasado verano, la última a finales de Gobierno, para, entre otras cosas, tratar de cerrar los V Acuerdos Nacionales de Formación para el Empleo. Actualmente están funcionando los acuerdos renovados en 2006, que fueron prorrogados en 2010.
En este contexto, el sindicato, de la mano de CCOO, se estaría planteando "dar la vuelta como a un calcetín" el modelo de formación, para dar respuesta a un realidad laboral que ha cambiado drásticamente con seis millones de parados, y de paso plantear su salida de la impartición de cursos.
Muñoz ha insistido sobre todo en que para el sindicato "la formación no es un fin en si mismo", sino parte de su razón de ser y también una vía de afiliación, por lo que, puede prescindir de su impartición, preservando, eso sí, otras tareas.
Por esta impartición, los sindicatos captan un 10% en concepto de gastos asociados a formación en el caso de que se subcontraten a terceros o un 15% si se imparten directamente, algo que, según Muñoz, pasaría a un segundo plano y quedaría al margen de la polémica de salir los sindicatos de este ámbito de actuación.
"No vamos a renunciar a lo intrínseco del sindicato, a la planificación y diseño del modelo de formación. Pero la impartición la deben hacer los centros homologados que correspondan para evitar polémicas", ha añadido.
En cuanto a esos centros homologados, ha señalado que pueden ser públicos o privados, pertenecientes a empresas o a sindicatos, pero ha mostrado su preferencia por los centros públicos de formación profesional, ya que, a su juicio, "hoy por hoy lo que ofrece garantías es lo público" y en estos centros ya hay profesores formados y aulas disponibles.
UGT señala a los empresarios
En respuesta a esas sombras de sospecha que los sindicatos quieren disipar, Muñoz ha asegurado que su organización está "satisfecha con la gestión que se ha hecho de los recursos de formación, y con cómo se ha justificado", como lo certifican las inspecciones rutinarias del Tribunal de Cuentas y de la propia UGT a nivel interno.
Sólo al ser preguntada sobre si se ve de la misma manera la gestión realizada por el sindicato en Andalucía, ha señalado: "Tengo que pensar que las cosas se han hecho bien, no puedo garantizar nada, pero hay un proceso abierto en la Junta de Andalucía y en breve sabremos algo".
No obstante, Muñoz ha lanzado la pelota al tejado de los empresarios al asegurar que sólo en 2012 se han registrado 42 casos de empresas ´fantasma´, en las que no figuraban ni siquiera dos trabajadores, para cobrar bonificaciones.
Muñoz ha señalado en este punto que la patronal no se plantea de momento renunciar a impartir cursos en favor de los centros públicos. De hecho, el presidente de CEOE, Juan Rosell, ha afirmado este lunes que que quienes aportan los fondos de formación, "que son las empresas", son los que tienen "que mandar en el tema". Ha señalado, incluso que, los empresarios "quieren estar mucho más involucrados", y que "cuantos menos intermediarios tengan mucho mejor".
Con datos de UGT correspondientes a 2012, en conjunto se destinaron algo más de 2.000 millones, entre fondos de la formación profesional para el empleo, procedentes esencialmente de la cuota de formación que pagan empresarios y trabajadores, y las aportaciones de las administraciones.
De estos recursos, entre los fondos recaudados para formación profesional, las empresas obtuvieron 560 millones de euros a través de la bonificación a sus cuotas a la Seguridad Social, mientras que las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme recibieron otros 51 millones para llevar a cabo planes de formación.
Por su parte, CCOO y UGT recibieron en 2012 entre los dos unos 48 millones de euros para planes de formación. Sólo UGT gestionó un 3,32% de los fondos destinados a la formación en el ámbito estatal, cuota que teniendo en cuenta el conjunto de las partidas no alcanza el 10% de todos los recursos.
Otros cambios en el modelo
Por otro lado, desde UGT se considera que el nuevo modelo debería "pivotar" en torno al Estado, para evitar que la transferencia de estas competencias a las comunidades autónomas empañe la transparencia del modelo y también que se produzcan desigualdades en materia de formación entre las diferentes regiones.
Pero el sindicato, también quiere que el Estado ejerza un mayor control sobre la actuación de las empresas en esta materia. "Hay que ver con minuciosidad la bonificación empresarial", ha reiterado Muñoz.
Por otro lado, la central también quiere que se garantice que los recursos destinados a financiación son finalistas, que realmente se emplean para realizar cursos "de calidad", y también que estos cursos deberían destinarse en mayor proporción a parados que a desempleados.
Otra de las apuesta de UGT se dirigen a agilizar la convocatorias de los cursos de formación, para que ésta no esté sujeta a plazos ni fechas, sino que sea "permanente" y también gratuita para el alumno.
Por último, UGT quiere mejorar la información y orientación profesional, el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas, poner en marcha la utilización del Permiso Individual de Formación para que los trabajadores participen en los procesos de reconocimiento de sus competencias profesionales, así como la formación dual.
