No obstante, otro sondeo de NC Report, aparecido este lunes en LA RAZÓN, dice que ERC ganaría las elecciones con el 24,6% de los votos y 41 escaños. Ciudadanos ocuparía la segunda posición con 26 diputados y el 19,2% de los votos. Le seguiría el PDECat, con 18 escaños y el 12,1% de los votos. El PSC obtendría la cuarta plaza, con el 13,1% de los votos y 17 escaños. En quinta posición se sitúa CSQP con 14 diputados y el 11,4% de los votos. El PP, con el 10,5% de los votos, obtendría 13 escaños. Finalmente, la CUP conseguiría 6 diputados, con el 5,6% de los votos. Así las cosas, las fuerzas independentistas no lograrían alcanzar los 68 escaños que conforman la mayoría absoluta, ni juntos ni por separado. Los Comunes, según LA RAZÓN, se situarían como "árbitros"en un Parlament fragmentado.
El sondeo que publica este lunes EL PERIODICO se realizó en vísperas de que Gobierno con el apoyo de Ciudadanos y un PSOE conmovido por diversas dimisiones decidió este sábado enviar al Senado un paquete de medidas que, al amparo del artículo 155 de la Constitución, tienen como objetivo declarado desactivar el desafío independentista puesto en marcha por las instituciones de Cataluña. Las principales medidas contemplan el cese del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de su Gabinete en pleno; el control de la administración catalana, que pasará a actuar bajo las directrices de los Ministerios; el veto del Ejecutivo central a cualquier iniciativa aprobada en el Parlament; y la convocatoria de elecciones en Cataluña en un plazo máximo de seis meses o "en cuanto se recupere la normalidad". Según destacó el presidente Rajoy tras la reunión del Consejo de Ministros, en ningún caso se trata de "suspender la autonomía ni el autogobierno de Cataluña".
El Consejero de Presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, negó este domingo que el Gobierno catalán contemple la convocatoria de elecciones autonómicas. Según aseguró en una entrevista en la cadena RAC1, en estos momentos es una cuestión que "no está sobre la mesa". Turull, que acusó al Ejecutivo central de situarse "al margen de la ley" al activar la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, adelantó que el pleno del Parlament anunciado por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, "adoptará una decisión respetuosa con el mandato del 1-O" y "en defensa de las instituciones catalanas". "Cataluña será lo que decida el Parlament, el representante legítimo de los ciudadanos, no lo que decidan otros", afirmó.
El presidente de la Generalitat anunció en la noche del sábado la convocatoria de un pleno extraordinario en el Parlamento de Cataluña para "actuar" ante la aplicación del artículo 155, que tachó de "intento de liquidar el autogobierno". En una declaración institucional pronunciada en tres idiomas -catalán, español e inglés-, Carles Puigdemont dijo que los planes del Gobierno central "son el peor ataque a las instituciones y al pueblo de Cataluña desde los decretos del dictador militar Francisco Franco aboliendo la Generalitat". Y acusó al Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy de "autoproclamarse de manera ilegítima el representante de la voluntad de los catalanes". En la misma línea, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, acusó al Gobierno de perpetrar un "golpe de Estado" contra las instituciones catalanas.
Las principales medidas, aprobadas en un Consejo de Ministros extraordinario, contemplan el cese del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el de su vicepresidente, Oriol Junqueras, y el de todos los consejeros; el control de la administración catalana, que pasará a actuar bajo las directrices de los distintos departamentos ministeriales; el veto del Ejecutivo central a cualquier iniciativa aprobada en el Parlament, que seguirá abierto pero no podrá proponer candidato a la presidencia y, finalmente, la convocatoria de elecciones autonómicas en un plazo máximo de seis meses o "en cuanto se recupere la normalidad". Para que estas resoluciones del Ejecutivo se pongan en marcha, deberán debe ser aprobadas por mayoría absoluta en el Senado, que previsiblemente validará el plan gubernamental en un pleno extraordinario que se celebrará el próximo viernes. Previamente, se requerirá al presidente de Cataluña "para que remita cuantos antecedentes, datos y alegaciones considere pertinentes".
En cuanto a los medios de comunicación públicos, el Ejecutivo también contempla asumir las competencias relacionadas con la radio y televisión pública de Cataluña. El objetivo, según el Gobierno, es "garantizar la transmisión de una información veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo político, social y cultural, y también con el equilibrio territorial, así como el conocimiento y respeto de los valores y principios contenidos en la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña".
Asimismo, el Gobierno asumirá las competencias en materia económica, financiera, tributaria y presupuestaria de la Generalitat. El objetivo es garantizar que ninguna partida se destine a actividades vinculadas con el proceso secesionista. También está prevista la actuación contra los empleados públicos que no cooperen en la aplicación del artículo 155. "El incumplimiento de las medidas contenidas en el presente acuerdo se entenderá como incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución y al Estatuto, a los efectos de las infracciones previstas en la normativa disciplinaria estatal o autonómica de aplicación", se advierte en el documento enviado por el Ejecutivo al Senado.
Las formaciones independentistas volvieron a reunir el sábado en el centro de Barcelona a 450.000, según la Guardia Urbana( cifra que la prensa de Madrd deja en decenas de miles de personas) para reclamar la libertad de los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, encarcelados desde el pasado día 17, acusados de sedición por la Audiencia Nacional. El lema inicial de la marcha, según destacan los diarios, quedó desbordadopor el anuncio de Mariano Rajoy de activar el artículo 155 de la Constitución, por lo que la manifestación derivó en un apoyo a Carles Puigdemont y su Gobierno, que acudieron en pleno a la protesta. También apoyó la movilización la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que dijo estar allí "para defender el autogobierno de Cataluña".
