La primera de las siete anunciadas revisiones del gasto público acordadas con el Gobierno de Rajoy en enero de 2018 versó hace unos días sobre la concesión de subvenciones públicas, donde dnunció gran falta de transparencia y homogeneidad, y el presentado este jueves se centra en los medicamentos dispensados con receta.
En este segundo chequeo, además de igualar el trato en las recetas para pensionistas y trabajadores, equiparando el copago farmacéutico de trabajadores y pensionistas, la AIReF dice que España tiene un sistema de salud eficiente, aunque el gasto público en medicamentos es más elevado que en los países europeos de referencia, lo que sugiere que existen ahorros potenciales.AIReF recomienda, entre otras medidas, aplicar en todo el país la subasta de medicamentos se implantó en Andalucía en 2012, el PP recurrió al Tribunal Constitucional, que perdió y avaló a la Junta, aunque actualmente el pacto del PP con Ciudadanbos con el apoyo de Vox quiere elimianar.
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Otras observaciones de la autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, conocidas días depues de los sobornos a médicos por la líder mundial en diálisis que avalan la extensa corrupción en España, van en línea con las conclusiones de la extensa revisión del gasto de las Administraciones Públicas en subvenciones, donde dijo que gastan más de 14.000 millones de euros con una absoluta falta de transparencia y homogeneidad y "llega un momento en el que es imposible lograr la trazabilidad de las subvenciones públicas". Pero la finalidad de estas siete anunciadas revisiones integrales del gasto es detectar posibles ineficiencias y solapamientos entre administraciones, no tanto las prácticas de corrupción y los criterios de adjudicación de las contrataciones, calificados en la última comparación europea de poco satisfactorias, ya que España lidera las prácticas de corrupción en Europa según la propia UE, aunque ni Transparencia Internacional lo ve, ámbitos en los que trabajan las siete agencias contra el fraude y la corrupción existentes en España, que en diciembre pasado constaban la falta de un plan nacional y de protección de denuncias, temas apenas abordados en los programas de las pasadas elecciones y donde hay incluso diferencias PSOE-Podemos que dificultan el Pacto Anticorrupción.
La principal aportación realizada este jueves por AIReF en el primero de los dos documentos presentados sobre recetas médidas para seguir el Plan de Acción aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 26 de enero de 2018 es que, entre los 10.000 millones de euros que cuesta la farmacia hospitalaria, una gestión más eficiente del gasto farmacéutico podría liberar másl 10%, más de 1.000 millones de euros anuales, lo que nos aproximaría al 0,80 % del PIB, media de los países comparables de la OCDE. Ello después de que las grandes farmacéuticas se situaran en el ojo de Competencia, que ha detectado casi 200 casos contra consumidores y pacientes.
Juridicamente, el segundo de los dos documentos presentados ahora versa sobre el Sistema de Selección de Medicamentos y las diferentes sentencias en torno al modelo (a nivel autonómico, nacional y europeo) se analizaron y discutieron entre expertos legales de la AIReF y PwC, la consultora que dio asistencia en la elaboración de este informe. Los expertos concluyeron que tanto el Tribunal Constitucional como los tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo siempre se han pronunciado a favor del SEMSAS, al entender que: (i) el modelo está en línea con el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, y (ii) que no resulta de aplicación la normativa sobre contratación pública (no se trata de un contrato de suministros). Aun cuando el modelo no está completamente exento de riesgos jurídicos, estos podrían evitarse si se elimina el elemento de exclusividad en la selección y si se publica la convocatoria a nivel europeo.
Otas princiopales observaciones de la AIReF sobre las recetas, más de un año después de que Competencia entrara en el mercado de medicamentos y material terapéutico tras sus alzas del 20,3% desde el año 2012, es que según la comparación internacional en España hay un alto consumo de antibióticos. En concreto, el consumo de antibióticos de uso sistemático en UE y en España expresado en dosis diarias efectivas revela que casi triplicamos a la media europea en el uso de penicilina, aunque recurrimos ala mitad de cefalosporinas.
Tambien destaca que el consumo por regiones o CCAA es muy heterogéneo, con una media de 19, 6 recetas al año por habilitante, con maximo de 23,2 en Extremadura, 22,2 en Comunivad Valenciana y porcentajes superiores a 21 en Galicia, Murcia y Andalucía, mientras que losminimos se registran en Baleares (15,6 recetas-habitante), País Vasco (16,8), Madrid ( 16,9), Navarra (18,1) y Cataluñá (18,7).
Igualmente, indica el informe que la renta per cápita explica parte de estas diferencias en el gasto, aunque la distancia a la línea sugiere que existen otros efectos. Entre ellos que en España los genéricos suponen un 22% del gasto, 13 puntos por debajo del promedio de Alemania y Reino Unido.
Explicaciones de la AIReF
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha elaborado este segundo Estudio del proceso de revisión del gasto, conocido como Spending Review, por primera vez en España, basándose en datos, la evidencia empírica y las experiencias más exitosas a nivel nacional e internacional. Este segundo proyecto se ha centrado en la evaluación del gasto público en recetas dispensadas en oficia de farmacia. La AIReF concluye que hay aspectos mejorables para el Sistema Nacional de Salud desde el punto de vista de la gobernanza, los aspectos procedimentales, la eficiencia y la equidad. Revisión de 20 expedientes de medicamentos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, entrevistas y sesiones de trabajo con distintos departamentos, además de la revisiónde más de 150 papers/documentos académicos.
La AIReF entiende que estas mejoras permitirían reforzar la sanidad pública en España y ofrecer más y mejores recursos a los ciudadanos. Además, considera fundamental desvincular esta partida de los vaivenes del ciclo económico. La sanidad es una de las partidas más importantes del gasto público y su peso será cada vez más relevante en el futuro. En el año 2017 el gasto público en salud fue de 72.813 millones de euros, de los que alrededor de 16.264 millones, el 1,4% del PIB, se destinaron a medicamentos y más del 62%, alrededor de 10.171 millones, a gasto en recetas dispensadas en farmacias.
En este estudio, la AIReF centra su atención en los aspectos tanto de oferta como de demanda que determinan este gasto y en los que las autoridades sanitarias tienen la capacidad de influir. Se considera una amplia variedad de cuestiones, como la autorización de medicamentos y su inclusión en la financiación pública, la fijación de sus precios, los procedimientos de compra y selección pública de medicamentos, así como otros aspectos de política farmacéutica que influyen en los profesionales sanitarios y en los pacientes, que son en última instancia quienes consumen los medicamentos.
En su análisis, la AIReF ha detectado varios elementos de mejora. En relación con la gobernanza, la institución considera que la representación de las comunidades autónomas en la determinación de qué medicamentos se financian y a qué precio no es acorde al impacto que estas decisiones tienen en sus presupuestos, puesto que cargan con este gasto en sus cuentas.
En cuanto a las cuestiones procedimentales, la AIReF constata una falta de sistemática para establecer el precio que el Sistema Nacional de Salud paga por los medicamentos. Además, considera que la evaluación coste-beneficio no se valora a la hora de determinar los precios y que la carencia de recursos humanos y tecnológicos necesarios para apoyar estas decisiones hace que el sistema se centre en la entrada y dedique menos esfuerzo a la revaluación de los medicamentos en cartera.
Por otro lado, la institución cree que los esquemas de reembolso diferentes permitirían conseguir niveles de gasto público en medicamentos menores, al superar algunos de los inconvenientes derivados de que nuestro país sea comúnmente incluido en las cestas que sirven de referencia internacional para la fijación de los precios de financiación pública de los medicamentos.
Desde el punto de vista de la eficiencia, la AIReF considera que el sistema de precios de referencia no ofrece una visión global del precio de los tratamientos y terapias financiadas, ya que solo considera la equivalencia en términos de principio activo y no de indicación terapéutica. Además, detecta una falta de contraste en las prescripciones realizadas y gran hetereogeneidad entre las CCAA en sus pautas de prescripción.
Además, la AIReF cree que la superposición de las actividades de evaluación de medicamentos en las CCAA no favorece resultados óptimos desde el punto de vista de la eficiencia: la dispersión de criterios dificulta la labor de los prescriptores y no favorece la racionalidad en el uso de los medicamentos.
Finalmente, desde el punto de vista de la equidad, la institución observa que el actual modelo de copago penaliza a los trabajadores activos de bajos ingresos, frente a los pensionistas de ingresos similares y es desigual en el tratamiento de las personas especialmente vulnerables, como los perceptores de rentas mínimas de inserción.
Tras este análisis, la AIReF realiza una serie de propuestas, como modificar la composición actual de la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos y Productos Sanitarios, corresponsabilizando a las CCAA de las decisiones que en ella se tomen. Además, se sugiere la creación de una autoridad independiente que apoye con los medios humanos y tecnológicos adecuados la toma de decisiones sobre financiación y que garantice la sistemática reevaluación de los medicamentos y seguimiento de las condiciones de financiación.
La AIReF plantea también la definición de un nuevo sistema de precios de referencia en el que, además del principio activo, se considere la indicación terapéutica y propone estudiar la posibilidad de aplicar de forma generalizada procesos de selección de medicamentos existentes a nivel regional, conocidos como las subastas, aunque con cambios para lograr los resultados deseados en beneficio de los ciudadanos y permitiendo la entrada a distintos operadores.
La institución independiente del Gobierno también plantea una modificación del esquema actual de copago para mejorar su equidad y eficiencia, con mejoras en las condiciones de compra para la parte de la población activa con menos ingresos y dificultades para acceder a los medicamentos. Asimismo, propone incorporar los sistemas de copago evitable para concienciar al ciudadano del impacto de sus decisiones de consumo y obtener mejoras en los precios de facturación del Sistema Nacional de Salud.
Finalmente, la AIReF sugiere vincular las prescripciones a las resoluciones de la Comisión Interministerial de Precios del Medicamento, introducir programas generalizados de seguimiento de su consumo, incrementar la cooperación entre las Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y las Agencias de Evaluación Regionales en la evaluación de medicamentos y la elaboración de guías clínicas y desarrollar planes de educación sanitaria para fomentar el uso racional de los medicamentos y la adherencia a los tratamientos, con la participación del farmacéutico de atención primaria y las oficinas de farmacia.
