En los próximos días va a aprobarse la creación de cinco universidades privadas por los gobiernos conservadores de Andalucía (Universidad Tecnológica del Atlántico-Mediterráneo y Universidad Fernando III), Madrid (UDIT), Galicia (UIE) y País Vasco (Euneiz). Se trata de una autorización que no se justifica por ningún criterio de utilidad pública o de calidad.
Al contrario, estas universidades no cumplen con los requisitos establecidos en el decreto de creación y reconocimiento de universidades respecto a la oferta de títulos y número de grados, la dedicación de un 5% de su presupuesto propio a investigación, el número de doctores en su plantilla, un mínimo de 50% del alumnado en grado, el mínimo de producción científica que han de desarrollar, etc.
Se les llama universidades, pero en realidad deberían buscar otra denominación más ajustada. No cumplen, con un mínimo de decencia, con las tareas básicas de la universidad (docencia, investigación y transferencia), pero sí parece que van a convertirse en “negocios” lucrativos (especialmente con los másteres y la modalidad online), que sobresaturarán la oferta de titulaciones y estudios universitarios que cubren las universidades públicas y sobredimensionan aún más el sistema universitario español, que cuenta ya con 40 universidades privadas, casi tantas como todas las públicas: 50.
Los sindicatos universitarios advierten, alarmados, que “mientras las privadas multiplican su facturación y el número de sus alumnos, las universidades públicas siguen teniendo a día de hoy graves problemas de infrafinanciación, falta de recursos y precariedad en las plantillas docentes, investigadoras y de administración y servicios”.
Desde 1997 no ha variado sustancialmente el número de estudiantes universitarios. Sin embargo, las universidades privadas han proliferado en la geografía estatal de la mano de gobiernos regionales, pasando de 12 a 32, mientras no se ha abierto ni una universidad pública más. Es frecuente escuchar a autoridades de esos gobiernos afirmar que “hay demasiadas universidades”, sin que nunca acaben de completar la frase que describe la realidad: “hay demasiadas universidades privadas”.
Las Universidades públicas han sufrido un recorte de 9.500 millones en ocho años, especialmente en el ministerio del nefando José Ignacio Wert, que obligó a la subida de tasas de matrícula, a la que par que alentaba a recortar el profesorado integrado en las universidades. Mientras casi toda Europa invertía más en su alumnado —subió un 13% de media—, España fue, tras Irlanda, el país que más recortó por estudiante: un 13% entre 2010 y 2015, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La docencia y la investigación se han visto claramente afectadas. Los grupos de clase son más numerosos de lo debido y se recurre a figuras como el profesorado asociado, precarizado y mal pagado, que no deberían cubrir los puestos que deben ser desempeñados por profesorado estable. La universidad pública sigue sin resolver el `problema de su financiación, lo que provoca que continúe la precarización del profesorado, el deteriorando de las condiciones e instalaciones universitarias y expulsan a los y las estudiantes con menos capacidad económica para acceder a la Educación Superior. Mientras, los gobiernos regionales, aprueban “chiringuitos” privados cuya finalidad es el ánimo de lucro y el beneficio de los accionistas que los promueven. Los fondos buitre están desembarcando en este lucrativo negocio con gran perspectiva de futuro dadas las actuales políticas de los gobernantes.
Frente a la mercantilización y la privatización propiciada por las políticas neoliberales que promueven universidades-chiringuitos privados como forma de negocio y han convertido las universidades públicas en empresas expendedoras de títulos, han devaluado la función docente y han sumido en la precariedad más absoluta a una parte muy considerable del profesorado, Uni-Digna se suma a la demanda de la comunidad universitaria que reivindica una universidad pública al servicio del bien común y comprometida socialmente.
Como dice el profesor Agustín Moreno, “la Universidad debe ser el lugar donde se genera y se transmite el conocimiento de forma libre, compartida y gratuita. Un espacio de reflexión y pensamiento crítico. Y sobre todo un lugar de investigación y discusión acerca de los problemas y retos de la humanidad, con el fin de poner todo su potencial al servicio de un mundo mejor y más justo. Ello es incompatible con una visión mercantilista y puramente técnica”.
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