Ambos debates en Congreso y Senado pusieron de nuevo de manifiesto que las posturas del Gobierno y PP son irreconciliables con las del resto de los partidos, en especial los nacionalistas. "Es una reforma sin apoyo, implantada a la carrera", reiteraron al criticar las prisas de Wert en diferentes formas los grupos de oposición, mientras que el ministro respondió que tiene el apoyo de once millones de votos y la mayoría.
Polémicas tasas
Wert comentó algunos efectos de la subida de tasas universitarias tras la aprobación del decreto que cambió a mediados del 2012 la forma de calcular las tasas, encareciendo desde entonces la media del coste de la universidad para el conjunto de los consumidores más de un 30% según el INE. El precio medio del crédito ha pasado en dos años de 15, 35 a 18,42 euros. Eso supone un 20% de una matrícula, de 920 a 1.105 euros, casi 200 euros más. La subida no ha reducido el número de matrículas ni ha motivado un trasvase de alumnos entre las comunidades más costosas y aquellas más baratas, según datos de Educación, mientras el número de estudiantes ha pasado de 1.546.000 a 1.561.000 en dos cursos, una tendencia similar a la que refleja un estudio reciente de la Comisión Europea sobre las tasas universitarias.
En síntesis, estableció que los alumnos abonasen una horquilla del 15% al 25% del coste del curso académico en primera matrícula. Dos años después, las “enormes” diferencias de precios entre unas comunidades y otras llevó ayer al ministro a pedir una “reflexión”. Wert comparó los precios aplicados en Galicia, que no subió las tasas tras la aprobación del decreto, con los de Cataluña, la comunidad que más los ha incrementado junto con Madrid. Una asignatura de cuatro créditos cuesta de media en Galicia 47,6 euros, frente a los 132 que supone en Cataluña, según los datos facilitados por el titular de Educación. El precio medio de un crédito en la Comunidad de Madrid se queda en 30,2 euros. Ello supone que una matrícula de un curso estándar (60 créditos) oscilaría entre los 714 euros de Galicia y los 1.980 de Cataluña, casi el triple.
Coste de la LOMCE
Además de los 614 millones del FSE hasta el 2017, el Estado abonará otros 350 millones, hasta que a partir de 2018 sean las comunidades autónomas las que destinen unos 400 millones anuales, según las previsiones del Ministerio, hasta sumar 1.200 millones en el 2020, cerca de la mitad de los casi 2.200 millones estimados para entonces. Esta partida se ha incrementado en más de 800 millones de euros durante la tramitación de la ley, para la que su memoria económica detallaba un desembolso máximo de 1.335 millones, una cantidad que ya el Consejo de Estado estimó “muy limitado para los cambios planteados, como la nueva Formación Profesional básica. Fuentes del ministerio explicaron ayer que la mayor parte de la subida se debe a los cambios en este nuevo ciclo de FP, que ha pasado de los dos cursos inicialmente pensados a tres. La aplicación, además, se hará en tres años en lugar de los dos previstos.
No obstante, indican desde el Ministerio también que la Ley Orgánica de Educación (LOE) socialista reservaba un coste total de 7.033 millones para su financiación, por lo que la ley Wert costará 4.869 millones menos (un 69%). La se empezará a implantar a partir de septiembre en los tres cursos impares de educación primaria (1º, 3º y 5º) y para la nueva Formación Profesional básica.
El diputado socialista Mario Bedera reprochó al ministro que “empiece a hablar de financiación a dos meses del inicio de curso, cuando ya está cerrada la escolarización”. Martì Barbera, de CiU, consideró que no va a dar tiempo a implantar la nueva FP básica y que se mantendrá “un remedo de los programas de Cualificación Profesional Inicial actuales”.
Acusaciones catalanas
La conselleria de Enseñanza de la Generalitat acusó tras las reuniones de Congreso y Senado al ministro de "improvisar" el proyecto de real decreto que regula la enseñanza en castellano en las comunidades con lengua cooficial. Según Enseñanza, el decreto debía aprobarse antes de las preinscripciones escolares y aun no lo está, lo que demuestra que "van cambiando de parecer". La Conselleria ha considerado que el decreto falla "por el contenido y por el continente" y demuestra el desconocimiento de la realidad de Cataluña, en la que no existe conflicto entre ambas lenguas, han reiterado.
Wert había anunciado que las comunidades deberán pagar 6.057 euros al año de compensación a los estudiantes que quieran estudiar en castellano como lengua vehicular y su comunidad no lo garantice. Fuentes del Ministerio de Educación han aclarado que si el coste del colegio privado es superior a estos 6.057 euros anuales, la familia tiene que justificar debidamente que no existe otro centro privado en el lugar donde reside, pues de lo contrario se tendrá que hacer cargo de la diferencia. Si lo justifica, la Administración General del Estado adelantará la totalidad del puesto escolar privado, que luego se lo descontará a la comunidad autónoma.
En el Senado, el portavoz de CiU en la Comisión de Educación, Ramon Alturo, había acusado al ministro José Ignacio Wert, de mantener "una guerra declarada" contra el sistema educativo catalán, y le ha exigido la retirada del Real Decreto de la LOMCE por su "precipitación, improvisación y falta de rigor con los que se ha elaborado y tramitado la ley". Según Alturo, el ministro "hace todo lo posible para destrozar la ley de inmersión lingüística de Cataluña y dividir a la sociedad catalana", y ha añadido que el ministro "está desmontando la educación bajo el falso pretexto de reducir el fracaso escolar".Para el senador la LOMCE es una pésima ley, es una ley ideológica, recentralizadora y que atenta contra la cohesión social, especialmente en Cataluña. Además, recordó las palabras de Felipe VI en las que dijo que "la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección".
Por su parte, el ministro avisó a CiU que si existe oferta pública en castellano, la administración educativa catalana no tendrá que pagar una plaza en un centro privado para aquellos alumnos que elijan el castellano como lengua vehicular. "Comprendo que hacen girar en torno a esta disposición adicional una campaña engañosa porque únicamente atiende a los casos en los que no exista disponible oferta sostenida con fondos públicos, que incluya como vehicular el castellano. Tiene fácil solución siempre que exista esta oferta sostenida con fondos públicos", añadió el ministro.
Wert también explicó que la propia administración autonómica tendrá la facultad de demostrar que existe oferta razonable en el ámbito en el que se está solicitando y, por tanto, si ésta demuestra que existe esta oferta, la disposición "no entrará en vigor".En cuanto al establecimiento de un límite económico para costear una plaza privada al alumno que no vea correspondido su derecho a estudiar en castellano en la pública, el ministro reiteró que se ha establecido como referencia el coste de escolarización en el sistema pública, que es de 6.057 euros al año, "una referencia razonable".
