Consideramos muy positiva la decisión, porque se reconoce expresamente que los administradores son responsables de un agujero de casi 1.300 millones y que deben devolverlo para que los acreedores cobren.
Sin embargo, otra cosa será la cantidad se sea efectivamente devuelta, ya que es prácticamente imposible que sea todo y si fuera devuelto cuando lo verían los acreedores.
Desde ASGECO reconocemos esta decisión como una victoria moral, pero no soluciona el problema de este tipo de estafa, o más bien resalta la inutilidad de la normativa vigente en la materia.
Por eso ASGECO sigue exigiendo a las autoridades explicarnos cómo y cuándo piensan proponer medidas claras y eficientes que impidan que se repita estafas de tal calibre.
