Durante 2020 fallecieron 55.487 personas en las listas de espera de la dependencia, con una media de 152 cada día, según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Del total, 21.005 esperando la resolución y 34.370 sin haber podido ejercer sus derechos como persona en situación de dependencia. El 79,4% de las personas que salieron de la lista de espera entre marzo y diciembre, lo hicieron como consecuencia del fallecimiento de la persona pendiente de atención.
Segun el XXI Dictamen del Observatorio de la Dependencia de dicha Asociación, el impacto de la Covid-19, el complejo procedimiento y que el Ministerio de Derechos Sociales no incrementó el presupuesto ni en un solo euro nuevo en el año 2020, hicieron retroceder al Sistema en los indicadores relevantes. En plazas de centros de día y residencias el Sistema ha retrocedido a datos de hace más de tres años, a septiembre de 2017.
En total, 232.243 se encuentran en lista de espera, el 17,1% de las personas con derecho a atención. El 41,5% de las personas desatendidas (96.351) son dependientes con Grados III o II. A ellas hay que añadir 141.556 expedientes -personas- que están pendientes de valoración. Con lo cual, la desatención (pendientes de valorar + limbo) alcanza a 373.800 personas.
Durante 2020 se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 248.751 fallecimientos de personas con solicitud de dependencia. El exceso de mortalidad por el impacto del Covid-19 asciende a 52.835 fallecimientos más de lo esperado.
De las 248.751 personas fallecidas, el 22,26% (casi una de cada cuatro) fallecieron a la espera de resolución de grado o de prestación (limbo), en total fallecieron 55.375 personas en lista de espera. Del total de personas fallecidas, el 80,73% tenían más de 80 años, es decir, 200.825 personas.
LAS PRESTACIONES Y SERVICIOS SON CADA VEZ DE MENOR INTENSIDAD, E INSUFICIENTES PARA LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
Las prestaciones económicas por cuidados familiares tienen un importe medio mensual de 306 euros (percibidas actualmente por 450.000 personas). Por grados, estas cuantías son, de promedio, 138 €/mes para los Grado I; 242 €/mes para los Grado II y 335 €/mes para los Grado III. Casi dos años después de que se recuperase el derecho de las personas cuidadoras familiares a poderse dar de alta en el convenio especial de cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia de la seguridad social, solamente 60.293 se encuentran dadas de alta. Un 13,4 % del total de las personas cuidadoras.
La prestación vinculada para abonar una plaza de atención residencial oscila en torno a los 447 €/mes. La Ayuda a Domicilio presenta unas intensidades horarias medias de 17h/mes para los Grado I; de 36 h/mes para los Grado II y de 57h/mes para los Grado III.
Durante 2020, fallecieron 173.426 personas con resolución de prestación de dependencia. De ellas el 41,98% eran personas beneficiarias con atención residencial (tanto personas con una prestación de servicio de atención residencial como personas con prestación económica vinculada al servicio de atención residencial), es decir, se han registrado 72.804 fallecimientos de personas atendidas en residencias. Entre ellas, el exceso de mortalidad por impacto del Covid-19 se estima en 26.340 personas, el 36,2%.
DATOS DE INTERÉS DEL SISAAD EN 2020
El 3,6% de la población española necesita apoyos de mayor o menor intensidad para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. Por primera vez desde el año 2014 se ha reducido el número de personas consideradas en situación de dependencia, hay 28.564 personas menos reconocidas en situación de dependencia menos que al inicio del año. 43.794 solicitudes menos (-2,3%). 26.157 resoluciones menos (-1,7%). Además, únicamente se han incrementado en 9.047 las personas que reciben servicios o prestaciones del sistema, lo que supone un retroceso del 86% del aumento de atenciones del año 2019 y un retroceso del 91% respecto a 2018. El tiempo medio de tramitación de un expediente es de 430 días.
El SAAD muestra una sorprendente capacidad para la generación de empleo y para la obtención de retornos económicos. En 2020, hay una ratio de 35 empleos directos por millón de euros de gasto público, y la tasa de retorno ya asciende al 40%. Por primera vez en toda la serie histórica el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia ha disminuido el empleo generado, se han perdido 7.000 puestos de trabajo.
El recorte acumulado de la AGE en dependencia, tras el RD-ley 20/2012, asciende ya a 6.321 millones de euros considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de las cuidadoras familiares.
El coste directo de las prestaciones y servicios entregados durante 2020 asciende a 9.132 millones de euros, de los que las administraciones públicas aportaron 7.252 millones. El resto (1.880 millones) lo aportan las personas usuarias en forma de copago regulado (20,6%). Del gasto público directo en dependencia en 2020, la Administración General del Estado soportó el 19 % y las Comunidades Autónomas el 81% restante. Muy lejos de la pretendida aportación al 50%.
El plan de choque para la dependencia supone el fin de los recortes al sistema del año 2012. Con un incremento de 623 millones de euros. La aportación del Gobierno de España para dependencia ascenderá a 1.920 millones de euros, lo que supone un aumento del 48%. La reducción de la lista de espera y los tiempos de tramitación debe ser la prioridad para que 100.000 personas dependientes salgan de la lista de espera y crear 25.000 nuevos puestos de trabajo.
Se mantienen las enormes desigualdades entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión. Solo ocho comunidades aprueban la escala este año, y la mediana estatal baja del 5 al 4, lo que confirma un retroceso del Sistema. Apenas siete comunidades aumentan su puntuación con respecto al año anterior. Castilla y León (8,9), Andalucía (7,1) y Castilla La Mancha (7,1) destacan positivamente. Ceuta y Melilla (2,6), Canarias (2,1), junto con Cataluña (1,4), que retrocede hasta la última posición.
Hay nueve comunidades que ni siquiera mantuvieron la tasa de reposición de beneficiarios en el último año, Cataluña (-4,2%), Aragón (-4,3%) Madrid (-7,1%) y La Rioja (-7,8%). Por el contrario, en otras comunidades la tasa de variación interanual de personas atendidas ha sido muy positiva en el último año, como C. Valenciana (+15,7%), Asturias (+14,8%), Baleares (+11,6%) y Canarias (+7,2%). Comunidades con limbo de la dependencia en situación muy preocupante: Cataluña (31,9%), La Rioja (29,3%) y Canarias (24,4%). Cataluña (73.386), Andalucía (56.534) y Madrid (28.494), con personas en desatención suponen más de dos de cada tres (68%) del Limbo que hay en España (232.243), y cuyas dificultades tienen carácter sistémico
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