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Ley para que los ciudadanos no paguen impuesto hipotecario

Bancos y Gobierno, instituciones que casi igualan a partidos en falta de confianza de los españoles

Bancos y Gobierno, instituciones que casi igualan a partidos en falta de confianza de los españoles

La ratificación esta semana por parte del Tribunal Supremo de la carga del pago de los impuestos de la hipoteca por parte del cliente ha vuelto a despertar el discurso tan repetido durante la recesión en contra de las instituciones financieras y los bancos. Según una encuesta reciente de Ipsos, en España se desconfía de los principales poderes del país en mayor grado que en buena parte del mundo.
Redacción 8 de noviembre de 2018 Enviar a un amigo
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Las dudas sobre la completa separación entre el poder político y el sistema judicial están siendo, ahora de nuevo, puestas sobre la mesa. Tal y como se ve en esta infografía de Statista, las instituciones políticas, económicas y de justicia del país todavía son vistas con un profundo recelo. Más de un 80% de los participantes en este sondeo afirmaron no tener confianza o mucha confianza en los partidos políticos, los bancos y el Gobierno, frente al 79%, 52% y 66% que dijeron lo propio, de media, en los otros países, respectivamente. 

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha informado de que el Consejo de Ministros, tal y como , ha aprobado un  con el objetivo de que "los ciudadanos no tengan que pagar más este impuesto cuando escrituren una hipoteca, ya que, a partir de ahora, lo pagarán los bancos".

Montero ha recordado que el Pleno de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo decidió el martes rectificar el criterio de una sentencia anterior del mismo tribunal que obligaba a los bancos a pagar este impuesto. "Esto ha generado una gran alarma social y también inseguridad jurídica en los ciudadanos y en el propio mercado hipotecario", ha dicho.

La ministra ha afirmado que el Gobierno respeta la separación de poderes, pero lamenta el cambio de criterio. Además, ha argumentado que el Ejecutivo tiene la responsabilidad de "velar por el interés general de los ciudadanos y garantizar la seguridad jurídica del marco normativo para el normal funcionamiento del mercado hipotecario".

En este sentido, Montero ha defendido que el Gobierno ha decidido actuar con celeridad y modificar la ley para que los bancos paguen este impuesto desde el próximo sábado, fecha en la que entra en vigor el Real Decreto. La norma se aplicará a las hipotecas formalizadas a partir de ese día. La urgencia de esta modificación se justifica, según la ministra, por la confusión generada en "la controvertida sentencia del Tribunal Supremo" y por la necesidad de clarificar quién es el sujeto pasivo de este impuesto.

La ministra ha aclarado que el cambio fundamental aprobado es la inclusión de un párrafo en el artículo 29 de la Ley sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que establece que "cuando se trate de escrituras de préstamos con garantía hipotecaria se considerará sujeto pasivo al prestamista".

El texto aprobado hoy también modifica el artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades para introducir que "este gasto estará considerado como no deducible por parte del prestamista". Es decir, que los bancos no podrán deducirse este gravamen.

Montero ha aclarado que el Gobierno ha descartado eliminar el tributo porque aporta 2.000 millones de euros a las comunidades autónomas que contribuyen a financiar la Sanidad, la Educación y la Dependencia.

Protección al cliente

María Jesús Montero ha añadido que el Ministerio de Economía y Empresa trabaja en paralelo en la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente de Productos Financieros, entidad que velará para prevenir que se produzcan cláusulas abusivas que trasladen el coste del impuesto a los consumidores.

El Gobierno, ha añadido la ministra, quiere mandar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos y actúa desde la responsabilidad asumiendo competencias para devolver la certidumbre al mercado hipotecario y garantizar los derechos de los ciudadanos.

Por su parte, la ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha resaltado que el Ejecutivo manifiesta así "su voluntad de estar junto a los ciudadanos y de prestar el apoyo que fuera necesario a las comunidades autónomas, que son las depositarias de este impuesto".

Mejora de la gestión y la seguridad vial

El Ejecutivo ha aprobado una serie de  con el objetivo de lograr una gestión más eficaz y garantizar la seguri

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha explicado que una de las modificaciones consiste en que, a partir de ahora, los proyectos de carreteras que incorporen efectos expropiatorios podrán llevar implícita la declaración de titularidad pública. Esto permitirá que la expropiación tenga un carácter urgente y agilizará el desarrollo de los proyectos.

Un segundo cambio regula la obligación de que determinados vehículos pesados circulen por las autopistas, en vez de hacerlo por las carreteras convencionales. Ábalos ha recordado que esta medida se puso en marcha el pasado verano en la AP-7 en Cataluña y está teniendo mucha demanda en otros territorios, ya que el impacto sobre la siniestralidad es muy positivo. Esta práctica se acompañará de bonificaciones a los transportistas afectados que irán a cargo del Ministerio de Fomento.

Otra de las medidas aprobadas hoy es el endurecimiento de las sanciones a las sociedades concesionarias que incurran en negligencias que perjudiquen a los usuarios. El ministro ha recordado la "imprevisión absoluta" que se produjo el año pasado ante una nevada importante "y, al final, las sanciones que se aplican en este orden no tienen nada que ver con los daños que se producen". La sanción máxima, que en la actualidad es de 15.000 euros, podrá alcanzar los 300.000 euros.

Finalmente, se da cobertura de rango legal al cobro de peajes por parte de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (), que está gestionando las autopistas radiales rescatadas por el Estado.

Sostenibilidad de la red

José Luis Ábalos ha reiterado el compromiso del Gobierno de no proceder a la prórroga de las concesiones que acaben durante esta legislatura, de manera que esas carreteras pasarán a la red general de uso gratuito. La próxima en hacerlo, ha apuntado, es la AP-1 en Burgos, cuya concesión finaliza el próximo 30 de noviembre.

De manera paralela, el titular de Fomento ha invitado al conjunto de las formaciones políticas a reflexionar sobre la sostenibilidad de la red de autovías y autopistas. "Salvo en las autopistas de peaje -ha argumentado-, en el resto de vías no hay ninguna contribución por parte de ningún tipo de usuario, no ya de los vecinos, sino de los usuarios turísticos o los comerciales, que producen un deterioro de la vía y, sin embargo, no hay ninguna reversión". Ábalos ha abogado por un mismo modelo consensuado para toda España, frente a la situación actual en la que en algunos territorios se grava el uso de las carreteras y en otros no.

Exhumación de
Isabel Celaá ha informado de que el Consejo de Ministros, una vez concluido el proceso de alegaciones, continúa con  del Valle de los Caídos.

La portavoz ha explicado que el Ejecutivo ha encargado a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que remita al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial el proyecto necesario para llevar a cabo la exhumación, cuya redacción ha de encargarse a los servicios técnicos de Patrimonio Nacional.

Asimismo, la titular de Justicia solicitará a la Dirección General de Salud Púbica de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, organismo competente en materia de sanidad mortuoria, un informe no vinculante sobre el proceso de exhumación, que deberá ser emitido en el plazo máximo de un mes. Después se abrirá un plazo de 10 días para que las partes afectadas presenten alegaciones,  tras el que se concluirá finalmente el procedimiento.

La ministra ha recalcado que "el año 2019 arrancará sin contar con un dictador que pueda ser enaltecido en un lugar público", con la ley en la mano.

Proyectos de investigación

El Consejo de Ministros ha autorizado la , que gestiona la Agencia Estatal de Investigación. Esta iniciativa financiará a los mejores centros y unidades de investigación de España con 32 millones de euros en cuatro años.

Isabel Celaá ha destacado la importancia de "identificar proyectos de investigación genuinos" que supongan un avance en la creación de conocimiento y nuevos centros de excelencia para incorporarlos a la denominación Severo Ochoa o María de Maeztu.

Regulación de los contratos de crédito inmobiliario

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, y el ministro de Fomento. José Luis ÁbalosPool Moncloa/Borja Puig de la BellacasaEl Gobierno ha decidido solicitar que el Senado tramite de urgencia el , que traspone una directiva comunitaria sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial. El plazo límite para la transposición finalizó el 21 de marzo de 2016, por lo que existe un procedimiento de infracción abierto contra España.

La portavoz del Gobierno ha resaltado que España "no quiere pagar multas por incumplimiento de directivas", por lo que solicita el trámite de urgencia para que la norma

 


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