La acusación se dirige además contra la esposa del principal imputado, también enseñante, y otro profesor que participó en un trabajo sobre la nueva organización del trabajo en Europa, coordinado por la Universidad sueca de Goteborg.
Los ocho becarios, todos ellos recién titulados en Derecho y Estadística, dejaron de percibir entre 8.114 y 26.081 euros, según el fiscal.
Piden la suspensión de empleo y sueldo
La acusación particular, además de los seis años de cárcel por un presunto delito de estafa para cada imputado, pide otros tantos años de suspensión de empleo y sueldo, y sendas multas de 4.320 y 2.160 euros por los delitos de estafa y malversación de fondos públicos.
Del pago de dichas cantidades hace responsable a la Universidad de Sevilla porque el delito fue cometido por "personal dependiente de ella" y además la institución "debía controlar todas las contrataciones realizadas".
Según la Fiscalía de Sevilla, los tres acusados "pensaron, desde el principio, hacer suyos los 164.348 euros" previstos en el proyecto para los becarios y llegaron a elevar una consulta a la Universidad de Sevilla, que les respondió que la partida de personal solo podía destinarse a becarios y que el trabajo de los profesores no era retribuíble ni subvencionable, al ser personal de la Universidad.
Cuentas compartidas
Por ello, según el fiscal, idearon un plan consistente en abrir cuentas bancarias compartidas con los becarios para ingresar en ellas el importe de la beca, y explicaron a las víctimas que la diferencia era para "sufragar otros gastos del proyecto y remunerar a otros participantes".
Este caso fue denunciado en el juzgado por
