Reporteros Sin Fronteras (RSF) publica un informe con el que rinde homenaje a periodistas, denunciantes y medios de comunicación que se han distinguido en la lucha por la libertad de prensa durante la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, al tiempo que publica otro informe donde tampoco aparece España sobre cómo Las leyes de emergencia de la Covid-19 dinamitan la libertad de prensa. En cambio, en su valoración de los países con mayor libertad de prensa España aparece este año como en 2019 en el puesto número 29, dos posiciones mejores que el 31 que ostentata en 2018.
El informe de RSF pone cara a esos profesionales de la información que “han brindado acceso a información fiable y de calidad, han ayudado a resistir la censura y han combatido la desinformación descontrolada que amenaza la salud pública”.
“Al informar sobre la realidad de la pandemia, algunas personas han corrido riesgos tan grandes que han resultado muertos, mientras que otros han desaparecido o han sido encarcelados”, destaca el secretario general de RSF, Christophe Deloire. “Procesados, atacados, insultados… muchos han pagado un alto precio por defender el derecho a la información, y por combatir los rumores y la desinformación que agravan las consecuencias de esta crisis de salud pública. Estos nuevos héroes nos recuerdan que el periodismo puede salvar vidas. Merecen nuestra atención y admiración”.
La lista de RSF, que no pretende ser exhaustiva, incluye tanto a personalidades mediáticas como a personas de las que el público no ha oído hablar. Aunque proceden de los cinco continentes, casi un tercio de estos 30 héroes son de Asia, donde se originó la pandemia. Otros seis son de Europa y Asia Central, mientras que los demás son de África, América y Oriente Medio.
Lo que la mayoría de estos héroes tienen en común es el hecho de que revelaron información que destaca la gravedad de la pandemia o la mala gestión de la crisis por parte de su gobierno. Algunos son periodistas veteranos como Ana Lalic (Serbia) o investigadores combativos, como Blaž Zgaga (Eslovenia), Andjouza Abouheir (Comoras) o Sergei Satsuk (Bielorrusia). Pero otros son ciudadanos de a pie que, en respuesta a la urgencia y gravedad de la crisis de salud pública, decidieron dar la voz de alarma con el fin de salvar tantas vidas como fuera posible. Fue un oftalmólogo, Li Wenliang, el primero en alertar al mundo de la existencia de una enfermedad de rápida propagación en diciembre de 2019. Y fue un abogado, Chen Qiushi, quien publicó vídeos en su blog revelando el caos en los hospitales de Wuhan, el lugar donde se produjo el brote inicial de la Covid-19. Wenliang murió a causa del virus, mientras Qiushi fue puesto en cuarentena a la fuerza y nunca volvió a aparecer.
“La verdad se paga cara muchas veces”, recuerda RSF. Por ejemplo, en Venezuela, el periodista independiente Darvinson Rojas pasó 12 días en prisión por un tuit que cuestionaba las cifras oficiales de la pandemia. En India, al periodista Vijay Vineet le pueden caer seis meses de cárcel por contar que las restricciones del confinamiento obligaron a los niños hambrientos a comer forraje para ganado. En Bangladesh, el famoso dibujante Ahmed Kabir Kishore se enfrenta a una posible cadena perpetua por publicar en Facebook viñetas políticas durante la crisis de COVID-19 que aludían, entre otras cosas, a la corrupción.
Otros han evitado la prisión, pero ya no pueden trabajar. En Eswatini (antes Suazilandia), el director del digital Swati Newsweek, Eugene Dube, tuvo que huir a la vecina Sudáfrica después de un largo y violento interrogatorio policial sobre un artículo que cuestionaba la gestión estatal de la crisis de la COVID-19. Tras pasar 76 días en Wuhan durante lo más crudo de la pandemia, Chris Buckley, que trabajaba como reportero de The New York Times desde Pekín, se vio obligado a abandonar China. Por primera vez en 24 años le denegaron la renovación del visado.
Muchos de estos héroes han demostrado coraje para resistir las presiones y la censura. Es el caso de Caixin, un medio independiente en inglés y chino cuyas informaciones han puesto en tela de juicio la narrativa del gobierno chino. La periodista afgana Anisseh Shahid también dio muestras de audacia simplemente por seguir informando sobre el terreno cuando la amenaza de contagiarse se añadía a otra ya existente: la de un ataque talibán. En Estados Unidos, varios corresponsales de la Casa Blanca se han distinguido por su perseverancia ante la adversidad. A pesar de los constantes ataques y burlas del presidente Trump y su entorno, continúan cuestionando su gestión de la pandemia semana tras semana.
De esta crisis excepcional también han surgido iniciativas innovadoras que han ayudado a difundir los hechos y a combatir la desinformación. En África, nacieron la web radio marfileña WA FM y el diario digital de Togo, TogoCheck, con el fin de combatir rumores y noticias falsas, además de difundir información fiable que el público pudiera usar para protegerse y salvaguardar su salud. En Brasil, los medios de comunicación alternativos aunaron recursos para formar un “Gabinete de crisis” que informara a los abandonados habitantes de las favelas de Río de Janeiro, mientras que los periodistas de la Red Wayuri han asumido el desafío de informar a más de 750 comunidades indígenas en la Amazonía. En Rusia, 25 medios de comunicación formaron Syndicate-100, cuyo objetivo es que el personal sanitario, que se ha visto muy afectado por la epidemia, tenga más fácil informar de problemas y alertar al público.
Finalmente, RSF rinde un homenaje especial a los periodistas en Guayaquil, la capital comercial de Ecuador y donde se produjo el mayor brote de Covid-19 en América Latina. Las imágenes de cadáveres en las calles de Guayaquil han dado la vuelta al mundo. A pesar de no estar preparados y de carecer de equipos de protección personal, los periodistas de la ciudad han seguido trabajando e informando en lugares con una alta tasa de infección, concluye la nota de RSF.
LOS 30 “HÉROES DE LA INFORMACIÓN” EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS
- ANDJOUZA ABOUHEIR (Comoras), por explicar el misterio de los “cero casos” de coronavirus
- MAHMOOD AL-JAZEERI (Bahréin), confinado en solitario por contradecir al gobierno.
- SALIM AKASH (Jordania / Bangladesh), encarcelado por su cobertura de los trabajadores inmigrantes
- CHRIS BUCKLEY (China), la dura tarea de ser corresponsal extranjero en China.
- BUENOS DÍAS, GUINEA (Guinea Ecuatorial), programa de televisión cancelado por comentar el confinamiento.
- CAIXINA (China), medios de comunicación que plantan cara a la censura.
- CHEN QIUSHI (China), el abogado que se convirtió en periodista ciudadano, en paradero desconocido.
- EUGENE DUBE (Eswatini), obligado a exiliarse por criticar la gestión de la epidemia.
- FANG FANG (China), cronista del día a día en Wuhan, acosada por trolls del gobierno chino.
- GABINETE DE CRISE (Brasil), consorcio de medios para informar en las favelas de Río de Janeiro
- AHMED KABIR KISHORE (Bangladesh), su serie de viñetas sobre el coronavirus puede acarrearle cadena perpetua.
- ANA LALIĆ (Serbia), detenida por publicar las quejas del personal sanitario.
- LI WENLIANG (China), oftalmólogo de Wuhan que dio la voz alarma. Represaliado. Contagiado. Fallecido.
- PAJHWOK AFGHAN NEWS (Afganistán), un mes recluidos en la redacción para seguir informando.
- MEDIOS LOCALES DE GUAYAQUIL (Ecuador), informando desde primera línea: 25 se contagiaron y 13 murieron del virus.
- RADIO CORONA INTERNATIONALE (Argelia/EEUU), una emisora clandestina como antídoto a la persecución y la censura.
- DARVINSON ROJAS (Venezuela), detenido por un tuit que cuestionaba las cifras del gobierno.
- ROYA TV (Jordania), detenciones por emitir testimonios desde los barrios desfavorecidos.
- SERGUEÏ SATSOUK (Bielorrusia), periodista de investigación especializado en salud que se atrevió a criticar al gobierno.
- ANISSEH SHAHID (Afganistán), reportera de Kabul que siguió informando sobre el terreno.
- MAHMUD SHARIARI (Irán), encarcelado por difundir un vídeo sobre la expansión del virus.
- TASHNY SUKUMARAN (Malasia), reportera procesada por informar desde la “zona roja”, con altos índices de contagio.
- SYNDICATE -100 (Rusia), coalición de 25 medios independientes para difundir las denuncias del personal médico
- TOGOCHECK (Togo), vídeos contra la desinformación en idiomas autóctonos.
- SIDDHARTH VARADARAJAN (India), cofundador y director del digital The Wire, víctima de la “pandemia de represión”
- VIJAY VINEET (India), cubrió la hambruna de los intocables durante el confinamiento.
- WA FM (Costa de Marfil), un medio nacido para combatir la desinformación.
- REDE WAYURI (Brasil), una voz para las comunidades indígenas de la Amazonía.
- ASOCIACIÓN DE CORRESPONSALES DE LA CASA BLANCA (Estados Unidos), chivos expiatorios para la Administración Trump.
- BLAŽ ZGAGA (Eslovenia), víctima de una campaña de insultos y amenazas por hacer preguntas.
Las leyes de emergencia de la Covid-19 dinamitan la libertad de prensa
Ante la epidemia sin precedentes, muchos gobiernos se han enfocado en quienes trabajan en la información. Incentivada por la emergencia, la propagación de la represión se ha traducido en un arsenal de leyes, reglamentos y medidas de emergencia. Los ataques a la libertad de prensa y las regulaciones especiales han proliferado en los cinco continentes. Abarcan una variedad de procedimientos restrictivos, desde impedimentos menores hasta penas de prisión firme.
"La crisis sanitaria del coronavirus ha agravado todas las demás crisis y ha tenido un impacto particular en el periodismo y el derecho a la información", explica Christophe Deloire, secretario general de Reporteros Sin Fronteras (RSF). "Para llevar su represión aún más lejos, los peores regímenes han recurrido a todos los medios a su alcance y, cuando estos resultaban insuficientes, han introducido otros nuevos con la excusa de la urgencia o de las circunstancias excepcionales. Ahora es urgente acabar con esas medidas excepcionales y desbloquear la información".
Algunos países, como Honduras, adoptaron inmediatamente medidas para limitar la libertad de expresión; otros, como Brasil, han frenado el acceso a la información o a las publicaciones y algunos han retrocedido desde entonces, como es el caso de Hungría. El presidente Viktor Orbán presentó una ley de emergencia sobre el coronavirus que le ha permitido legislar por decreto por un período indefinido y establecer una sentencia de cinco años de prisión por publicar información falsa. Está previsto que la ley sea derogada en torno al 20 de junio.
En El Salvador, Tailandia y Armenia, las restricciones a los movimientos de los periodistas, la imposición del toque de queda y los mecanismos de rastreo fueron un gran motivo de preocupación. Finalmente han sido eliminados. Algunos gobiernos, como el de Namibia, aprovecharon la oportunidad para restringir la asistencia a las conferencias de prensa.
En otros lugares, el acceso a la información estaba estrictamente controlado. La Universidad de Medicina Bangabandhu Sheikh Mujib de Bangladesh, la única facultad de medicina del país, publicó un memorando dirigido a los docentes, los médicos y los empleados en el que se prohibía hablar con los medios de comunicación sobre cualquier cuestión de salud sin autorización previa. En el memorando se exponía que debían abstenerse de empañar la imagen del gobierno y las universidades.
En Grecia, el Ministerio de Sanidad publicó el 13 de abril una resolución que prohibía al personal de los hospitales hablar con los medios de comunicación y exigía a los periodistas griegos que antes de informar dentro de los hospitales, tuvieran permiso del Gobierno.
Los medios de comunicación de servicio público a menudo se han visto sometidos a una intensa presión gubernamental. En Japón, una ley de emergencia (derogada el 25 de mayo) añadió la emisora pública NHK a una lista de instituciones a las que el gobierno puede dar "instrucciones". En Ucrania, la presión sobre los proveedores de noticias de servicio público tomó un giro inquietante cuando la emisora pública PBC fue despojada de una cuarta parte de su presupuesto.
Lo más frecuente es la adopción de medidas legislativas de emergencia que permiten la censura total de información perturbadora o alarmante. En Camboya, el Gobierno se otorgó la facultad legal de prohibir la publicación de "cualquier información que pueda causar inquietud, temor o desorden". En Vanuatu, toda información sobre la Covid-19 debe ser aprobada oficialmente antes de su publicación.
La tentación gubernamental más común ha sido, sobre todo, la de imponer la información oficial como la única fuente de información creíble y autorizada, siempre dependiendo de las tradiciones democráticas y el imperio de la ley de cada país.
En la India, Egipto, Botsuana y Somalia, por ejemplo, solo pueden publicarse las declaraciones gubernamentales sobre el tema. En Esuatini (antes conocido como Suazilandia), está prohibido utilizar medios impresos y electrónicos para obtener información sobre la Covid-19 sin la autorización previa del Ministerio de Salud.
Junto con estas medidas represivas, se ha ampliado enormemente el arsenal de sanciones. Las armas de represión contra los periodistas individuales, así como contra los medios, se han reforzado considerablemente en muchos países: secuestros de tirada y prohibiciones de publicación (Kirguistán), fuertes multas (de hasta 25.000 euros en Rusia) y sentencias de prisión disuasorias (hasta seis meses en Sudáfrica, 18 meses en Indonesia, cinco años en Botsuana y Argelia, y hasta 20 años en Zimbabue).
En Liberia, las autoridades judiciales han amenazado con cerrar o incautar cualquier medio que publique lo que consideran información falsa. En Rumania, el comité de crisis del gobierno entró en acción y cerró 12 diarios digitales. En Birmania, se cerraron 221 webs, incluidas las páginas dirigidas especialmente a las minorías étnicas del país
Además de esta ola de obstáculos y sanciones, uno de los aspectos más preocupantes de la crisis de la Covid-19 ha sido sin duda el uso pernicioso de los gobiernos de la noción de desinformación y "noticias falsas".
En Etiopía, la definición de información falsa es tan amplia que da a las autoridades el poder discrecional de declarar falsa cualquier información. En Bolivia, 37 "agentes políticos" han sido condenados de "desinformación y desestabilización" en juicios sumarios.
En Rusia, la definición de desinformación y el daño que supuestamente causa son competencia exclusiva de los jueces. El 21 de abril, el Tribunal Supremo amplió esta definición a las redes sociales e, incluso, a simples conversaciones. En Egipto, el Consejo Supremo para la Regulación de los Medios ha pedido que los ciudadanos denuncien la publicación de "noticias falsas" sobre la Covid-19. El establecimiento de estas leyes de emergencia a menudo muestra una gran aceptación de la idea de noticias falsas. También se utilizan para disuadir críticas y silenciar la oposición.
Los países con más libertad de prensa en 2020
