sábado,23 octubre 2021
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También solicita coordinación sociosanitaria real y efectiva

La COCEMFE pide al Congreso escuchar a la discapacidad y una atención centrada en las personas

Redacción
El presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), Anxo Queiruga, reclamó este miércoles a los partidos que "no vuelva a ocurrir que se aprueben normas que nos afectan sin consultar" y pidió utilizar "todos los mecanismos democráticos y de interlocución para construir". Lo dijo al hablar en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, con apenas una decena parlamentarios presentes.

Queiruga ha explicado cómo está afectando la pandemia a las personas con discapacidad física y orgánica, las propuestas de COCEMFE para paliar las graves consecuencias en la calidad de vida y ejercicio de derechos de este grupo social y las necesidades que, al margen de la COVID-19, requieren respuesta por parte de los poderes públicos.

 

“Las personas con discapacidad física y orgánica de nuestro país hemos vivido un enorme retroceso de nuestros derechos este último año”, ha señalado Queiruga, que, aunque reconoce que “toda esta situación está afectando a la población en general”, destaca que “en nuestro caso es un riesgo realmente grave que afecta a nuestra salud y calidad de vida” y ha añadido que “a pesar de ello, no se ha tenido en cuenta la situación de discapacidad desde el principio de la pandemia en la normativa aprobada.

 

Con respecto a la vacuna, el presidente de COCEMFE hecho hincapié en que “en nuestro grupo social hay un mayor riesgo de contagio, o de desarrollar una COVID-19 grave, de ver agravada nuestra condición o un mayor riesgo de mortalidad”, por lo que “creemos que es fundamental que se vacune a la población en función del grado de vulnerabilidad ante la COVID-19 más que en relación a otros criterios más aleatorios”.

 

Queiruga ha destacado “necesidad urgente de conseguir una coordinación sociosanitaria real y efectiva”, ya que, a su juicio, “evitaría duplicidades, contribuiría a la sostenibilidad del sistema” y, además, “permitiría ofrecer respuestas coordinadas, integradas, colaborativas y complementarias ajustadas a las necesidades de las personas”.

 

Por otro lado, el presidente de la Confederación ha argumentado que “es imprescindible” actualizar el baremo de valoración de discapacidad para acceder a la condición legal de persona con discapacidad, porque “hay personas a las que se ha vulnerado los derechos y otras tantas a las que ni si quiera se los ha reconocido el sistema”.

 

Asimismo, Queiruga ha repasado reivindicaciones históricas por parte del Movimiento Asociativo de COCEMFE como la necesidad de reformar la Ley de Propiedad Horizontal para que “sea obligatorio realizar obras de accesibilidad en todos los edificios donde vivan o trabajen personas con discapacidad, en situación de dependencia o personas mayores”.

 

“Apostamos también por crear una nueva Ley General de empleo que ponga en marcha un nuevo modelo que aparte de armonizar todas las medidas existentes en la actualidad, incluya nuevas medidas que mejoren la empleabilidad de nuestro grupo social”, ha indicado el presidente de la Confederación, al tiempo que ha pedido que “se asegure la equiparación legal entre la situación de la incapacidad laboral permanente y la discapacidad, para el ámbito del empleo”.

 

Durante su intervención, Queiruga, ha reivindicado el derecho de las personas con discapacidad física y orgánica a la autonomía y ha asegurado que “es necesario cambiar el paradigma de atención a la dependencia que impera en nuestro país, hacia un modelo de autonomía personal centrado en la persona”. “La asistencia personal es un derecho en nuestro país desde 2006, pero si no llega a la gente, no existe. Tenemos que poner solución. Urge una regulación laboral para la figura de Asistencia Personal”, ha manifestado.

 

Otro de los puntos clave fue la defensa de que “tanto la variable género como la variable de discapacidad sean incorporadas transversalmente en el diseño e implementación de políticas públicas, y que las administraciones apuesten por la interlocución del Movimiento Asociativo de las personas con discapacidad y de las mujeres con discapacidad”.

 

El presidente de COCEMFE ha sostenido la puesta de COCEMFE por “un desarrollo rural inclusivo que impida que las personas con discapacidad nos veamos obligadas a huir de nuestros lugares de origen” y también ha mencionado que “en un mundo cada vez más globalizado y cada vez más informatizado, tenemos que garantizar el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación por parte de las personas con discapacidad”.

 

A colación, ha concluido que “la problemática de la brecha digital tiene mucha relación con la educación”, puesto que “durante la pandemia, las necesidades del alumnado con discapacidad han quedado desatendidas y no se han puesto a su disposición los medios de apoyo necesarios” y ha sostenido que “España tiene que garantizar recursos para una educación inclusiva, gratuita y de calidad”.

 

Por último, Queiruga ha trasladado a los partidos políticos “la problemática de sostenibilidad que tenemos las organizaciones” y a este respecto ha detallado que “cada año, más de un millón de personas se benefician de la labor que hacemos desde COCEMFE y nuestro Movimiento Asociativo, pero nunca sabemos si podremos seguir haciéndolo al año siguiente”, porque “vivimos en una situación permanente de incertidumbre a nivel económico”.

 

“Debemos generar un modelo de sostenibilidad que supere el modelo tradicional de subvenciones y que nos saque del eterno conflicto competencial”, ha incidido Queiruga, quien también ha pedido “poder acceder a los fondos europeos de resiliencia”.

 

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) es una ONG sin ánimo de lucro constituida en 1980. Su objetivo es conseguir la plena inclusión y participación activa de las personas con discapacidad física y orgánica en todos los ámbitos de la sociedad, a través de la promoción, defensa y reivindicación del ejercicio de sus derechos, así como de la coordinación, representación e impulso de su Movimiento Asociativo, contribuyendo así a la construcción de una sociedad inclusiva y diversa. Está formada por 91 entidades estatales, autonómicas y provinciales que aglutinan a más de 1.600 asociaciones.

 

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