Esta propuesta está muy alejada de las demandas de CC.OO. y UGT, que han demandado a la CEOE una subida salarial para este año de entre el 1,8% y el 3%, por lo que parece que las posiciones distan de poder llegar a un acuerdo nacional como en el pasado, debido a que amenazan con movilizaciones.
Según la CEOE, en 2016 los salarios en los convenios colectivos crecieron cerca del 1,09% en línea con la recomendación de hasta el 1,5% firmada por los agentes sociales en el anterior Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Por tanto, si es lo que están firmando nuestros representantes en los convenios algo muy parecido debe ser la propuesta para 2017 con el fin de asegurar el mantenimiento del ritmo de creación de empleo.
CEOE quiere poner de relieve, una vez más, que no todas las empresas han salido de la crisis. Según los últimos datos de la Agencia Tributaria sólo el 42% de las empresas están en beneficios.
"Bajo esta premisa", argumenta la patronal, "la recomendación salarial para 2017 está basada en dos conceptos:
1.- Incremento de hasta el 1,5%.
2.- Incremento adicional de hasta el 0,5% en función de la productividad de las empresas y de una reducción significativa del absentismo laboral a negociar por las partes.
Reiteramos que no debemos hablar sólo de salarios, sino del coste empresa y de factores muy variados que influyen en la competitividad. De todos ellos han de extraerse propuestas y plazos de aplicación.
Hay que abrir por parte de los interlocutores sociales y los grupos parlamentarios una nueva agenda político-económico-social para intentar ayudar a la política fuera del debate y enfrentamiento diario con el fin de canalizar propuestas posibles, mejorar la gestión de los recursos disponibles y proseguir con las reformas para aumentar la competitividad. Estamos dispuestos a hablar de todo, pero con números, datos y propuestas económicamente viables", concluye la CEOE.
Versión de UGT
El sindicato UGT pidió días pasados que se abandone "de una vez" la moderación salarial en España y volvió a reclamar que los sueldos suban entre un 1,8% y un 3% en 2017. En un informe en el que analiza la situación de los convenios colectivos hasta noviembre, el sindicato que dirige José María Álvarez constata que frente al aumento de los convenios registrados y del número de empresas y trabajadores, "los salarios siguen sin crecer". La subida media pactada en los convenios – del 1,08% – no llega al tope que marcaron los agentes sociales en el acuerdo de negociación colectiva para 2015 y 2017, del 1,5%.
UGT recuerda que ese acuerdo se firmó en un momento de contracción económica con el objetivo de "aumentar la creación de empleo estable", pero que ahora "resulta insuficiente para recuperar la economía de las familias" ya que bloquea el consumo interno. El sindicato denuncia que "la devaluación salarial ha sido mucho más agresiva de lo que se creía" y apunta que la pérdida de poder de compra de los salarios entre 2008 y 2014 fue de nueve puntos. "La política salarial de 2017 debe ser una pieza clave para solucionar las necesidades más acuciantes de la economía española, para aumentar la productividad y para garantizar que el crecimiento llegue a las personas", señala.
"La mejora de los salarios es imprescindible para sostener el consumo y el crecimiento económico, reducir las desigualdades y los niveles de pobreza y exclusión social, y para repartir de manera más justa los frutos del aumento actual y futuro del PIB, así como para fomentar la creación de empleo o elevar los ingresos de la Seguridad Social", recalcó el sindicato en un comunicado.
Piden un nuevo marco legislativo laboral
Por su parte, la prensa ha informado en sus páginas de economía que "jueces, abogados y economistas avalan la reforma laboral, pero piden ir más allá". En un trabajo coordinado por la expresidenta del Tribunal Constitucional María Emilia Casas y publicado por la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE), dice ABC que un grupo de expertos (magistrados, abogados laboralistas, inspectores de Trabajo, responsables de recursos humanos de las principales empresas del país y técnicos de patronal y sindicatos) alertan sobre lagunas disfunciones del mercado de trabajo.
Los firmantes del documento, titulado "Por un nuevo marco legislativo laboral", abogan por un gran pacto político para acometer nuevos cambios en el que los interlocutores sociales "han de asumir el papel protagonista, prioritario para la eficacia de la ordenación legal". "La necesidad de una regulación legal no se plantea como otra reforma laboral más, vinculada a determinada opción política y ligada a su suerte en cada cambio de legislatura o en cada cambio de color político del Gobierno", señala el texto.
Entre las críticas a la reforma laboral de 2012, cuyos pilares respaldan en general, destacan la "incoherencia" que supone la contratación temporal en el sector público y los "inadecuados" estímulos a la estabilidad contractual, que están "mal repartidos y funcionan mal". Asimismo rechazan las subcontratas, cuya regulación "ha de basarse en razones de especialización productiva, evitando su utilización como mecanismo de dumping social".
Según datos del Ministerio de Trabajo que publicó LA VANGUARDIA, uno de cada cuatro contratos firmados es de menos de una semana. En noviembre, los contratos eventuales por circunstancias de la producción (741.927) y los de obra y servicio (677.993) fueron los más frecuentes, de un total de 1,74 millones de contratos firmados. En este mes, se firmaron un 18,4% más de contratos de menos de una semana que en el mismo periodo del año anterior.
Por su parte, LA RAZÓN publica que "España mantendrá las ayudas de la UE si gasta 1.931 millones contra el paro juvenil". Según el diario, el Gobierno aspira a que un millón de menores de 25 años se inscriban en el plan de garantía juvenil en los próximos dos años.
La patronal recurre a la subida del impuesto de beneficios
La patronal CEOE, por otra parte, estudia la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el real decreto ley de subida del impuesto de Sociedades que entró en vigor el pasado 3 de diciembre, con el que el Gobierno pretende recaudar 4.650 millones de euros adicionales en 2017. Este decreto modifica otro que entró en vigor en 2013 y en 2015 se aprobó otra rebaja de este impuesto que se aplicó en 2015. "Algo se está haciendo mal cuando continuamente se modifica lo ya modificado", critica la entidad en un informe.
Los empresarios consideran que la continua adopción de medidas de urgencia en materia tributaria es "incompatible con la mínima seguridad jurídica necesaria" en toda actividad económica y especialmente a la hora de atraer a inversores nacionales o extranjeros. La patronal considera que la retroactividad al 1 de enero de 2016 de algunas modificaciones "no es admisible" y además es una técnica legislativa "muy perjudicial" y "manifiestamente mejorable" que "deja en muy mal lugar la imagen de España". Por otra parte, recuerda que el uso del real decreto "debe ser la excepción y no la norma" en leyes tributarias.
La CEOE indica que este tipo de medidas deben anunciarse con la debida antelación y tratarse previamente con los afectados, dando tiempo para recibir aportaciones y dejando que los grupos parlamentarios puedan proponer enmiendas. Según apunta EL PERIÓDICO, "la reforma fiscal de Montoro mete presión al Ibex 35", al eliminar ventajas fiscales con retroactividad. El diario señala que Sabadell y Unicaja han tenido que vender participaciones al no poder desgravar las pérdidas.
