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Telefónica le priva de sus nóminas y el PP de militancia

Con la detención de Zaplana por blanqueo van 13 ministros de Aznar manchados de corrupción

Ministros del Gobierno de Aznar investigados por la justicia. Elplural.

El exministro de Trabajo y expresidente valenciano Eduardo Zaplana con José Maria Aznar fue detenido este martes por presuntos delitos de blanqueo de capitales, desvío de fondos fiscales y malversación de caudales. Con esta detención de Zaplana van 13 ministros del Gobierno "regenerador" de Aznar imputados por corrupción. Inmediatamente se anunció que Telefónica le priva de sus nóminas, a cuyo refugio ha estado los últimos años, y que el PP le abre un expediente para sacarle de su militancia.
Redacción 24 de mayo de 2018 Enviar a un amigo
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La investigación se centra en el cobro de unos diez millones de euros en comisiones ilegales traídas últimamente tras ser recibidas por la adjudicación de contratos públicos durante la etapa de Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat Valenciana. Dichas comisiones se habrían ocultado en paraísos fiscales y retornado a España recientemente.

Según EL MUNDO, el exministro habría sido descubierto intentando repatriar el dinero que mantenía oculto en Uruguay a través de un circuito internacional en el que también figuraba Luxemburgo. La pista inicial que puso a los agentes sobre la pista fue, añade el diario, un dosier entregado por un ciudadano sirio a Marcos Benavent, arrepentido del caso Taula.

Por su parte, EL PAÍS señala que Zaplana ocultaba presuntamente en Panamá comisiones por 10,5 millones de euros a través de empresas pantalla creadas y controladas por un bufete de Montevideo. LA RAZÓN apunta que, según las investigaciones, Zaplana podría haber acumulado hasta 20 millones de euros en paraísos fiscales. ABC resalta en su primera que "Zaplana ocultaba las mordidas en Luxemburgo".

Los agentes de la Guardia Civil se personaron ayer en dependencias de la Consejería de Economía de la Generalitat y solicitaron toda la documentación disponible sobre el proceso de privatización del servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) iniciado en 1997 por el Gobierno de Zaplana, así como los contratos de adjudicación del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, que arrancó en 2001.

Las sospechas se centraron en los contratos que se adjudicaron a las empresas Servicios de Excavaciones y Sedesa, ambas propiedad de la familia Cotino, dos de cuyos miembros, los hermanos Vicente y José, fueron detenidos.

Eduardo Zaplana fue trasladado a las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil en Valencia después de haber estado presente en el registro de su chalé en la localidad alicantina de Benidorm, que se prolongó durante varias horas.

El PP acordó suspender de militancia a Zaplana tras su detención. Una medida que será cautelar mientras avanzan las investigaciones. De igual modo, Telefónica ha suspendido "con carácter inmediato" su relación laboral con Zaplana. La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, manifestó respecto a la detención del exministro: "Que actúe la Justicia, que es lo que tiene que hacer". Por su parte, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, consideró "una mala noticia" la detención de Zaplana. El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, se mostró "sorprendido" y subrayó la respuesta rápida del partido.

La detención de Zaplana y otra decena de personas la efectuó la Unidad Central Operativa (UCO) y está dirigida por el juzgado de instrucción número 8 de Valencia. El exministro también está imputado por el caso Lezo, que no tiene relación con la detención de este martes, aunque ya en otros casos se le relacionó con el pago de mordidas al PP en las modificaciones de los contratos de obras públicas desde la época en la que gobernaba Valencia, mediante obrecostes que servían para financiar al PP. 

La mayoría de estas comisiones se habrían producido durante el período en que Zaplana fue presidente de la Generalitat, entre 1995 y 2002, cuando pasó a ser ministro de Trabajo en el gobierno de José María Aznar. Desde 2004 fue portavoz del PP en el Congreso, hasta que en 2008 abandonó la política para pasar a la actividad privada.

Los agentes registraron también propiedades del empresario Vicente Cotino, ya investigado en otras causas sobre corrupción en Valencia. Cotino es sobrino del exconsejero y exdirector de la Policía con Aznar, Juan Cotino. En el marco de las misma operación, están previstas una decena de detenciones. Según la cadena SER, ya han sido ya detenidas otras dos personas acusadas de los mismos delitos.

Se trata de una causa nueva que se suma a las que ya tiene abiertas en Valencia y no tiene ninguna relación con otras grandes operaciones contra la corrupción en el PP en las que su nombre ha salido a colación como Gürtel, Lezo y Púnica, según las mismas fuentes.

Las supuestas maniobras del expresidente de Comunidad de Madrid Ignacio González para entrar en negocios de manera opaca y, de este modo, blanquear fondos ocultos en el extranjero salpicó hace varios mes s a Eduardo Zaplana, Así se recogió  en el auto por el que el juez Eloy Velasco envió  a González a prisión, cuando Zaplana publicó un comunicado en el que desmiente cualquier relación mercantil con su antiguo compañero de partido y el haber "participado ni auxiliado a nadie en la comisión de hecho delictivo alguno".

Sin embargo, el auto del juez detalla que, entre las maniobras de éste para lavar los fondos presuntamente obtenidos de comisiones ilegales, quiso adquirir una sociedad a través del abogado uruguayo Fernando Belhot (implicado en un escándalo de corrupción en Argentino) para controlar con ella "los derechos de patente de un producto de desinfección del agua". Para ello, supuestamente iba a contar con Zaplana, con el que presuntamente planeaba adquirir el 50% de la misma.

Llegado a gobernar por un tránsfuga como el PP en Madrid 

Junto al exministro Zaplana han caído tres de sus personas de más confianza desde que llegara a la alcaldía de Benidorm gracias a un tránsfuga socialista (como el PP en Madrid, cuyos 4 expresidentes tienen causas pendientes con la justicia), y de ahí saltara a ganar las elecciones a la presidencia de la Generalitat en el año 1995, la etapa en que según los investigadores citados por eldiario.es  habría amasado una fortuna millonaria. Entre esos arrestados se encuentran el que fuera su número tres en el PP valenciano, Joaquín Barceló Llorens, la esposa de este, Felisa López González, y el actual asesor fiscal, Francisco Grau Jornet. 

Entre los tres son propietarios y administradores de más de una decena de empresas. Solo Barceló es administrador único de cuatro inmobiliarias, tres constructoras y una explotadora de apartamentos turísticos en Alicante. Felisa López participa en alguna de esta sociedades y, además, tiene dos empresas, una de comercio al por mayor y otra al por menor, en concreto relojes y bisutería. Francisco Grau, además de asesorar a Zaplana, tiene una asesoría fiscal y es auditor de cuentas en una docena de sociedades, aunque en este caso estas no tienen ninguna vinculación con la investigación.

Tanto Barceló como Grau son dos figuras importantes a las que Eduardo Zaplana situó en puestos estratégicos cuando fue el todopoderoso presidente de la Generalitat Valenciana. Barceló fue director de Relaciones Institucionales de Terra Mítica, el parque de atracciones público que fue una ruina pero en el que hicieron negocios empresarios vinculados al PP. Por su parte, Grau fue secretario del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) de 1998 a 2007 y estuvo posteriormente en la comisión de control que no detectó el hundimiento de la que fuera la quinta caja de España.

La otra pata de la investigación que dirige la titular del juzgado de Instrucción número 8 de Valencia apunta a las empresas de la familia Cotino. La Guardia Civil ha citado este jueves con abogado al que fuera director general de la policía nacional en el Gobierno de Aznar, Juan Cotino Ferrer. Este martes, los agentes detuvieron a dos de sus sobrinos, Vicente y José Cotino Escrivá. Vicente es el presidente de Sedesa, la empresa registrada durante todo el día y que aparece en todos los negocios oscuros de la etapa de Francisco Camps en la Generalitat.

En esta investigación, los agentes buscan información de la participada de Sedesa Proyectos Eólicos Valencianos SA, en la que también estaban Endesa (55 %) y en sus inicios Bancaja. Esta sociedad fue adjudicataria de varios parques de aerogeneradores dentro del plan eólico impulsado en 2001 cuando Eduardo Zaplana era presidente de la Generalitat.

Trece ministros de Aznar, ya imputados por corrupción 

Diversos medios como eldiario.es y La Sexta destacan que, con la detención de Zaplana, en la nómina durante los últimos años de Telefonica, el Gobierno del "milagro ecónomico" del PP se desmorona en los juzgados: Trece miembros de los gabinetes de Aznar están salpicados por casos de corrupción: Matas y Rato ya han sido condenados y quedan varios sumarios abiertos. GRÁFICO | Zaplana, la última gran mancha de los Gobiernos de Aznar
La imputación de Zaplana, expedientado este martes por el PP para su examen ulsion, es el último lamparón de los Gobiernos de Aznar que prometió desterrar "la corrupción socialista". El vicepresidente del Gobierno, Rato, autor de lo que llamaron el "milagro económico", ya se había convertido en un apestado en las filas del PP
Antes que Zaplana cayeron en manos de la justicia Jaume Matas, que acumula ya dos condenas a diez años de cárcel por el caso Nóos y Palma Arena y tiene pendientes otra pila de juicios y, sobre todo, Rodrigo Rato.  El todopoderoso vicepresidente, padre del "milagro económico" del PP, como bautizó la prensa afín a aquellos años de crecimiento del PIB y recuperación del empleo, ha sido condenado a cuatro años por apropiación indebida en el caso de las tarjetas black y la Audiencia Nacional le investiga en dos causas más: por la ruinosa salida a Bolsa de Bankia siendo el presidente de la entidad y por el origen de su patrimonio. 
Otros diez exministros del cuaderno azul de Aznar están salpicados por diferentes escándalos. Esperanza Aguirre está fuera de la política acorralada por la corrupción tras ver entrar en la cárcel a sus dirigentes de más confianza: su sucesor, Ignacio González, y el hombre al que confió las riendas del partido, Francisco Granados. 
El responsable de las Infraestructuras Francisco Álvarez Cascos, tuvo que comparecer ante el tribunal de Gürtel después de que el cabecilla de la trama, revelase que los adjudicatarios pagaban mordidas al partido que se apuntaban como ingresos en la contabilidad en B que fueron los Papeles de Bárcenas. Cascos lo negó todo y dijo que en su departamento era imposible amañar contratos. 
También Acebes compareció como testigo en Gürtel después de que Luis Bárcenas le responsabilizase de autorizar la compra de acciones de Libertad Digital con dinero en B, que se desentendió de la operación, pese a ocupar entonces la secretaría general del PP, además de ministro del Interior. Y Javier Arenas. Y Jaime Mayor Oreja. Todos pasaron ante el tribunal de Gürtel en el que el PP fue juzgado como beneficiario a título lucrativo de la trama y que aún debe dictar sentencia en las próximas horas. Hasta Mariano Rajoy, tuvo que comparecer, también como testigo en la Audiencia Nacional. Ni él ni ninguno de los ministros ha sido procesado pero las anotaciones de los sobresueldos que según la contabilidad de Bárcenas todos percibiberon en el PP ha extendido sobre ellos la sombra de la sospecha.
Quien fuera ministro de Justicia aquellos años, José María Michavila, tuvo que abandonar su escaño en el Congreso cuando se conoció que su bufete asesoraba a cargos públicos de ayuntamientos implicados en Gürtel como Boadilla del Monte o Pozuelo de Alarcón.
El que fuera responsable de Agricultura, Miguel Arias Cañete, también está bajo la lupa. Su esposa, Micaela Domecq, está siendo investigada por Hacienda después de acogerse a la amnistía fiscal. Y en el Parlamento europeo ha tenido que dar explicaciones por el amaño de contratos en Aquamed después de que varios testigos le señalasen como conocedor de supuestos tratos de favor a una constructora. 
El único superviviente de aquel Gobierno que continúa a las órdenes de Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro, también se vio salpicado en embrollos judiciales, después de que varios integrantes del despacho de asesoría que fundó tras salir del ministerio la primera vez, algunos de ellos exaltos cargos de aquel Gobierno, fuesen acusados de tráfico de influencias y fraude, tras recibir contratos a dedo. 
Es el otro legado del Gobierno de Aznar, que todavía sirve a su sucesor, Mariano Rajoy, para presumir de que el PP es el partido que saca a España de la crisis, un argumento recurrente en su discurso. La otra cara de aquel Gobierno, en el que él mismo participó, es materia prohibida en el PP. Los caídos en desgracia pasan a ser "ese dirigente del que usted me habla" en las comparecencias públicas. Y el presidente del Gobierno ha marcado todas las distancias posibles con compañeros de gabinete como Matas, a los que llegó a poner de ejemplo, e incluso con el propio Rato, un apestado ahora en el PP, que este mismo martes ha expedientado también a Zaplana, que compuso la dirección del partido junto a Ángel Acebes, cuando Rajoy tomó las riendas en 2003.
 


 


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