Se trata de de un órgano creado en consenso con los actores implicados en el ámbito académico y en virtud de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público que establece la creación de mesas generales divididas en sectoriales, y cuyo objetivo es regular la situación de los empleados públicos del país, ya sean personal funcionario, estatutario o laboral.
El acto de constitución estuvo por el consejero, Martín Soler, y contó con la asistencia de los diez rectores de las universidades, además de miembros de CCOO, UGT y CSI-CSIF. La mesa de trabajo que empezará a trabajar desde hoy se compone de cinco representantes de la Administración, un representante de cada universidad, cuatro de CCOO, tres de CSI-CSIF y dos de UGT.
Las cuestiones a tratar serán la aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público, las condiciones del Personal Docente e Investigador y del Personal de Administración y Servicios, el incremento de las retribuciones, la determinación de las retribuciones complementarias de los funcionarios, los planes e instrumentos de planificación de recursos humanos y los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión y sistemas de clasificación de puestos de trabajo.
Fuente: EP